GONZALO SCHWEIZER
Metrogas reparte $65.000 millones antes de privatizarse y deja una deuda millonaria con el Estado. La distribuidora de gas aprobó el primer reparto de dividendos en 25 años por $65.000 millones, pese a mantener una deuda de más de $67.500 millones con Enarsa por la compra de gas. La decisión coincide con el proceso de privatización impulsado por el Gobierno y abre interrogantes sobre el control ejercido por los organismos reguladores.
Metrogas quedó en el centro de una fuerte controversia luego de aprobar la distribución de $65.000 millones en dividendos entre sus accionistas, el primer reparto de utilidades desde 2001. La decisión llega en un momento particularmente sensible: la empresa mantiene una deuda consolidada de $67.557 millones con Energía Argentina (Enarsa), la compañía estatal que le suministró gas durante varios años y con la que todavía mantiene un acuerdo de refinanciación vigente.
La coincidencia entre ambos montos llamó la atención de especialistas del sector energético. Mientras la empresa distribuye prácticamente la misma cifra que adeuda al Estado, el pasivo continúa siendo financiado mediante un plan de pagos que se extenderá hasta noviembre de 2027.
La decisión también se produce mientras avanza el proceso de venta de la participación que YPF controla indirectamente en Metrogas a través de Gas Argentino S.A. (GASA), una operación impulsada por la administración de Javier Milei dentro de su programa de desinversión en empresas consideradas no estratégicas.
Una deuda millonaria refinanciada hasta 2027
Los estados contables de la compañía muestran que el 3 de septiembre de 2025 Metrogas firmó un acuerdo con Enarsa para regularizar las deudas acumuladas por el suministro de gas correspondiente al período comprendido entre agosto de 2019 y septiembre de 2023.
El convenio consolidó una obligación total de $67.557 millones, cifra que incluye capital, intereses devengados hasta el 31 de julio de 2025 e impuestos.
El esquema acordado prevé cancelar el 50% del pasivo mediante un préstamo sindicado, mientras que el resto fue refinanciado en nueve cuotas trimestrales consecutivas, con vencimientos que se extienden hasta finales de 2027.
El cronograma establece:
- dos cuotas iniciales equivalentes al 5% del saldo;
- una tercera cuota del 8%;
- dos pagos del 11% durante 2026;
- cuatro cuotas finales del 15% cada una a lo largo de 2027.
Mientras tanto, el capital pendiente continúa generando intereses a una tasa equivalente a TAMAR más 8,15% anual, incrementando el costo financiero de la obligación.
¿Puede una empresa repartir utilidades mientras mantiene esa deuda?
El reparto de dividendos no constituye, por sí mismo, una violación automática de la normativa vigente. Sin embargo, distintos especialistas consultados por medios del sector consideran que la operación resulta, como mínimo, controvertida desde el punto de vista regulatorio.
Las empresas concesionarias de servicios públicos suelen encontrarse sujetas a criterios que priorizan el cumplimiento de sus obligaciones financieras, la ejecución de inversiones comprometidas y la continuidad de la prestación antes de distribuir utilidades entre sus accionistas.
En ese contexto, diversos analistas sostienen que tanto la Secretaría de Energía como el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) deberían haber evaluado el impacto del reparto considerando que la empresa mantiene un acuerdo de pago vigente con otra compañía estatal.
La discusión no gira únicamente alrededor de la legalidad de la operación, sino también sobre la oportunidad de distribuir ganancias cuando todavía existe una deuda significativa con el propio Estado nacional.
La privatización acelera los tiempos
La aprobación de dividendos también coincide con el proceso de venta de Metrogas.
Actualmente, YPF controla indirectamente la distribuidora mediante Gas Argentino S.A. (GASA) y contrató al Banco Santander para conducir el proceso de desinversión.
Entre los grupos interesados aparecen empresarios como José Luis Manzano, Manuel Santos Uribelarrea y Alberto Pierri, mientras que el grupo Neuss decidió retirarse de la negociación.
Para algunos especialistas, la distribución extraordinaria de utilidades antes del cambio de control podría modificar el valor económico efectivo de la empresa que finalmente recibirá el futuro comprador.
¿YPF está realmente obligada a vender?
Uno de los aspectos menos discutidos públicamente es si la petrolera estatal tiene efectivamente la obligación jurídica de desprenderse de Metrogas.
La interpretación más difundida sostiene que la Ley 24.076, que regula el mercado del gas, limita la integración vertical entre productores y distribuidores.
Sin embargo, varios especialistas recuerdan que la Resolución I-2566/2013 del Enargas autorizó oportunamente la adquisición del control de Gas Argentino S.A. por parte de YPF y que esa resolución continúa vigente.
Además, no existe actualmente una sentencia judicial firme ni una resolución administrativa que ordene expresamente la venta compulsiva de las acciones.
Por ese motivo, distintos expertos consideran que la salida de Metrogas responde hoy principalmente a una decisión política y empresarial del Gobierno antes que a una obligación legal inmediata.
Un debate que excede el reparto de utilidades
Más allá de la discusión jurídica, el caso vuelve a instalar un interrogante sobre el rol del Estado como regulador cuando una empresa concesionaria distribuye ganancias mientras mantiene una deuda millonaria con otra empresa pública.
Los $65.000 millones que recibirán los accionistas prácticamente equivalen al pasivo que Metrogas todavía mantiene con Enarsa, cuya cancelación recién concluiría dentro de más de dos años si se cumple el cronograma pactado.
En un contexto de privatización, desregulación del mercado energético y revisión del papel del Estado en los servicios públicos, el episodio reabre el debate sobre cuáles deben ser las prioridades de las empresas concesionarias: fortalecer su situación financiera y cumplir plenamente con sus obligaciones, o privilegiar la distribución de utilidades a sus accionistas antes del cambio de control societario.
