Melina Schweizer
José Mayans denunció que un sector del Senado buscó retirarle a Victoria Villarruel la facultad de integrar las comisiones. La disputa comenzó por un proyecto sobre Malvinas, pero dejó expuesto un conflicto mayor: el oficialismo modifica integrantes para conseguir cuórum y dictámenes, mientras la vicepresidenta conserva una de las pocas herramientas institucionales que todavía controla.
Una discusión sobre la creación de una comisión bicameral dedicada a la cuestión Malvinas terminó revelando una pelea mucho más profunda por el funcionamiento del Senado y por las atribuciones que todavía conserva Victoria Villarruel.
El jefe del bloque peronista, José Mayans, denunció en el recinto que durante la reunión de Labor Parlamentaria un senador habría propuesto quitarle a la vicepresidenta la facultad delegada para designar e integrar las comisiones. El formoseño calificó la maniobra como un intento de “golpe institucional”, aunque jurídicamente esa expresión debe entenderse como una definición política y no como la constatación de una ruptura constitucional.
El Reglamento del Senado establece en su artículo 14 que la propia Cámara, durante su primera sesión, nombra o integra las comisiones permanentes, aunque puede delegar esa facultad en la Presidencia. Por lo tanto, la potestad que ejerce Villarruel no surge exclusivamente de su cargo de vicepresidenta, sino de una delegación realizada por el cuerpo.
El Senado podría modificar esa delegación mediante una decisión formal adoptada por sus integrantes. Eso no constituiría automáticamente un golpe institucional. Otra cosa sería que se intentara desplazarla mediante una maniobra improvisada, sin votación, alterando las reglas según las necesidades circunstanciales del oficialismo o de una mayoría ocasional.
El episodio resulta políticamente significativo porque ocurre en medio del enfrentamiento entre Villarruel y la Casa Rosada. Retirarle esa atribución no sería un simple ajuste administrativo: reduciría todavía más su capacidad para intervenir en el funcionamiento de una Cámara en la que Javier Milei necesita construir mayorías proyecto por proyecto.
Las comisiones son el lugar donde se decide qué ley puede avanzar
La discusión puede parecer técnica, pero la integración de las comisiones constituye una de las principales herramientas de poder parlamentario. Antes de llegar al recinto, la mayoría de los proyectos debe atravesar una o varias comisiones, conseguir cuórum y obtener un dictamen.
Quien influye sobre la composición de esos cuerpos puede facilitar el tratamiento de una iniciativa, bloquearla, demorarla o reemplazar integrantes para modificar una votación.
Mayans denunció que se estaría utilizando un sistema de sustituciones circunstanciales. Según su exposición, cuando el oficialismo no consigue cuórum o los votos necesarios para firmar un dictamen, aparecen pedidos de reemplazo y nuevos integrantes dispuestos a acompañar el proyecto.
Los reemplazos no son ilegales por sí mismos. Los bloques pueden solicitar cambios cuando un senador se encuentra impedido de asistir o cuando reorganizan su representación. El problema aparece cuando la excepción se convierte en un mecanismo habitual para alterar el resultado de una reunión.
Si los miembros cambian dependiendo de qué proyecto se discute, las comisiones dejan de representar de manera estable la composición política de la Cámara y se convierten en mayorías móviles diseñadas para cada votación.
Eso explica el reclamo de proporcionalidad realizado por el peronismo. La distribución de los lugares debería reflejar el peso de los distintos bloques. Cuando esa relación se modifica mediante reemplazos continuos, el oficialismo puede conseguir en una comisión una mayoría que no posee en el conjunto del Senado.
La discusión no se reduce, entonces, a defender personalmente a Villarruel. Lo que está en juego es quién autoriza los reemplazos y bajo qué criterios se integran los espacios donde se construyen los dictámenes.
Malvinas fue el detonante, no el verdadero conflicto
La pelea estalló cuando la senadora jujeña Carolina Moisés intentó incorporar al temario su proyecto para crear una comisión bicameral sobre Malvinas. La iniciativa no había sido incluida en el acuerdo alcanzado por los presidentes de bloque durante la reunión de Labor Parlamentaria.
Moisés argumentó que la presentación realizada por el Poder Ejecutivo para endurecer las sanciones contra empresas que operan sin autorización argentina en las islas y sus espacios marítimos había modificado el escenario. A su entender, la nueva situación justificaba un tratamiento urgente.
La senadora intentó llevar su propuesta directamente al recinto y responsabilizó a Mayans por el bloqueo. El jefe del bloque peronista reaccionó señalando que su bancada no rechazaba discutir la creación de una comisión, pero exigía que también se consideraran otros proyectos sobre la misma materia y que el debate atravesara el trámite correspondiente.
La moción de Moisés fue rechazada por 43 votos contra 18. En contra coincidieron el bloque conducido por Mayans y La Libertad Avanza, mientras que el respaldo reunió a legisladores de diferentes espacios provinciales y a algunos radicales.
Después de esa derrota, el Senado acordó por unanimidad remitir las iniciativas sobre la eventual comisión de Malvinas a Asuntos Constitucionales. Esa salida descomprimió la discusión, pero no resolvió el problema institucional revelado por Mayans.
Malvinas quedó convertida en el escenario de una disputa que, en realidad, gira alrededor del control del procedimiento parlamentario. Cada sector intentó colocarse del lado de la soberanía, aunque la discusión concreta era quién fijaba el temario, quién integraba las comisiones y quién podía modificar los acuerdos de Labor Parlamentaria.
La contradicción de Mayans
La intervención de Mayans tiene una doble lectura. Por un lado, expuso una posible manipulación de las comisiones que merece ser investigada. Por otro, solo reveló lo ocurrido en Labor Parlamentaria cuando se enfrentó con una integrante de su propio espacio.
El formoseño aseguró que decidió contar lo sucedido porque Villarruel no había participado de aquella reunión. Sin embargo, su denuncia apareció después de que Moisés intentara forzar la votación y lo señalara públicamente por impedir el tratamiento de su proyecto.
La secuencia permite preguntarse si el supuesto intento de limitar a Villarruel habría permanecido reservado si no se producía esa interna.
Las reuniones de Labor Parlamentaria son espacios de negociación necesarios para ordenar las sesiones. Pero no deberían convertirse en zonas opacas donde se discuten modificaciones institucionales que la ciudadanía solamente conoce cuando fracasa un acuerdo.
Si efectivamente alguien propuso quitarle a la Presidencia la facultad delegada para integrar las comisiones, Mayans debería identificar al autor de la iniciativa, explicar cómo se formuló y precisar qué bloques la acompañaron. Denunciar un “golpe institucional” sin aportar esos datos produce impacto político, pero deja incompleta la acusación.
Villarruel, defendida por sus adversarios y cercada por los propios
La escena muestra hasta qué punto cambió la posición política de Victoria Villarruel. La vicepresidenta terminó recibiendo una defensa institucional del principal bloque opositor mientras los integrantes de La Libertad Avanza debían aclarar que no apoyarían una quita de sus facultades.
El senador libertario Agustín Coto reconoció que durante Labor Parlamentaria existieron comentarios sobre la asignación de las comisiones, aunque aseguró que su bloque habría votado en contra de limitar a Villarruel.
La aclaración provocó risas entre sus adversarios porque reflejó una situación difícil de disimular: el oficialismo tuvo que manifestar en público que no acompañaría una maniobra contra la vicepresidenta de su propio gobierno.
Villarruel preside el Senado, pero permanece enfrentada con el círculo presidencial y perdió buena parte de su influencia dentro de La Libertad Avanza. Karina Milei controla la estructura partidaria, Patricia Bullrich conduce el bloque oficialista y la Casa Rosada intenta ordenar la agenda legislativa sin concederle autonomía política.
En ese contexto, la capacidad de integrar comisiones representa una de las pocas herramientas concretas que conserva la vicepresidenta. Quitársela permitiría a los bloques dominar directamente la composición de esos cuerpos y reducirla a una función casi ceremonial: abrir las sesiones, ordenar el debate y desempatar cuando fuera necesario.
La paradoja es evidente. El peronismo no está defendiendo el proyecto político de Villarruel, sino una atribución de la Presidencia del Senado cuya eliminación podría aumentar la capacidad del oficialismo para fabricar dictámenes mediante reemplazos.
Bullrich también puso un límite
Patricia Bullrich intervino para pedirle a Moisés que retirara su moción y aceptara enviar el proyecto a comisión. La jefa de La Libertad Avanza aseguró que su bloque estaba dispuesto a debatir la creación de un cuerpo dedicado a Malvinas, aunque manifestó preferencia por una comisión exclusiva del Senado y no bicameral.
La diferencia no es menor. Una comisión bicameral requiere la participación coordinada de senadores y diputados. Su creación implica negociar autoridades, integración, proporcionalidad y competencias entre ambas cámaras.
Una comisión solamente senatorial sería más sencilla de constituir, pero tendría menos capacidad para articular una política parlamentaria integral. También podría superponerse con las comisiones permanentes de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Asuntos Constitucionales.
La multiplicación de comisiones tampoco garantiza mejores políticas. Puede producir estructuras con escasa actividad, presupuesto administrativo, cargos y funciones duplicadas. Antes de crear un nuevo cuerpo, el Congreso debería precisar qué tareas no pueden ser desarrolladas por las comisiones existentes.
La cuestión Malvinas necesita seguimiento legislativo permanente, especialmente frente a la explotación pesquera, petrolera y logística del Atlántico Sur. Pero esa necesidad no vuelve automáticamente adecuada cualquier arquitectura institucional ni justifica romper los acuerdos parlamentarios sin debate previo.
El nuevo giro oficial sobre Malvinas aceleró la pelea
El Poder Ejecutivo presentó el 17 de septiembre un proyecto destinado a endurecer las sanciones contra empresas, accionistas, proveedores y personas relacionadas con actividades no autorizadas por la Argentina en Malvinas, sus espacios marítimos y la plataforma continental.
La iniciativa amplía el alcance del régimen sancionatorio y busca incluir la explotación de recursos renovables y no renovables. También propone crear un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de áreas estratégicas.
El giro del Gobierno convirtió a Malvinas en un tema central de la agenda legislativa. Durante buena parte de su gestión, Milei fue cuestionado por su admiración hacia Margaret Thatcher y por una política exterior excesivamente alineada con Estados Unidos y el Reino Unido. El endurecimiento actual intenta responder a esas críticas y disputar una bandera históricamente asociada con el peronismo y otros sectores nacionales.
La nueva posición también agrega valor político a cualquier comisión dedicada a las islas. Presidirla o integrar su mayoría permitiría intervenir en proyectos sobre hidrocarburos, pesca, sanciones económicas, defensa, diplomacia y presencia argentina en el Atlántico Sur.
Por eso, detrás de la discusión institucional también aparece una pelea por el control de una agenda con enorme peso simbólico de cara a 2027.
No fue un golpe, pero sí una señal de alarma
Calificar como “golpe institucional” una propuesta para retirar una facultad delegada resulta jurídicamente excesivo. El Senado puede revisar esa delegación mediante los mecanismos reglamentarios y una votación formal.
Sin embargo, el planteo revelado por Mayans no debe minimizarse. En una Cámara fragmentada, modificar la autoridad que integra las comisiones puede alterar el equilibrio entre la Presidencia, los bloques y el Poder Ejecutivo.
La verdadera alarma no está solamente en la posibilidad de reducir las facultades de Villarruel. Está en la denuncia de que las comisiones cambian de integrantes según las necesidades de cada dictamen.
Si esa práctica se normaliza, las leyes comienzan a construirse mediante mayorías artificiales y reemplazos oportunistas. El Congreso conserva sus formas, pero pierde previsibilidad, representación proporcional y transparencia.
Malvinas terminó funcionando como el envoltorio patriótico de una disputa mucho más doméstica. Mientras todos afirmaban defender la soberanía nacional, en el Senado se discutía quién podía mover las sillas antes de cada votación.
Villarruel conservó por ahora su atribución. Moisés no consiguió imponer su proyecto. Mayans logró exponer el conflicto, pero no identificó a quienes habrían impulsado la maniobra. Y el oficialismo tuvo que aclarar que no estaba dispuesto a despojar de poder a su propia vicepresidenta.
La sesión terminó sin golpe institucional, pero con una certeza incómoda: cuando los votos no alcanzan, la pelea ya no consiste solamente en convencer senadores. También consiste en decidir quién puede sentarlos en cada comisión.
REDACCIÓN
GONZALO SCHWEIZER
