REDACCIÓN
El programa Alimentar Comunidad perderá 9,7% real en 2027 y acumula un ajuste de 47,6% desde 2023. La Secretaría Nacional de Niñez, Familia y Adolescencia cae 11,3% en un año y 75,8% frente al inicio de la gestión. El recorte llega mientras la Universidad Torcuato Di Tella estima que la pobreza volvió al 31,3% y alcanza a unos 9,4 millones de personas en los centros urbanos relevados. El Presupuesto también golpea Becas Progresar, elimina la actualización automática de la AUH y mantiene sin recursos programas como ESI. El equilibrio fiscal tiene una geografía precisa: una parte del ahorro sale del plato, la beca y las transferencias de los hogares de menores ingresos.
El Presupuesto también dice quién come.
El proyecto para 2027 presentado por el gobierno de Javier Milei incorpora un dato difícil de separar de la situación social argentina: el programa Alimentar Comunidad, destinado al abastecimiento de comedores y merenderos comunitarios, sufrirá una reducción real del 9,7% durante el próximo año.
No parte, además, de un presupuesto intacto.
Desde 2023, los recursos destinados a ese programa acumulan una caída real del 47,6%. En términos sencillos, de cada $100 de capacidad de compra que tenía antes de la llegada de Milei, queda aproximadamente el equivalente a $52.
El Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), al comparar las grandes políticas alimentarias incluidas en el proyecto, llega a una conclusión semejante: el conjunto formado por Prestación Alimentar y comedores presenta una caída real del 47,3% respecto de 2023. Frente al crédito vigente de 2026, el proyecto implica una reducción real estimada del 9,2%.
La coincidencia entre las mediciones permite observar algo más importante que una décima de diferencia metodológica:
el ajuste alimentario no es circunstancial. Es acumulativo.
Menos recursos cuando vuelve a crecer la pobreza
El momento elegido vuelve especialmente sensible el recorte.
El último dato oficial disponible del INDEC ubicó la pobreza en 28,2% durante el segundo semestre de 2025. El dato correspondiente al primer semestre de 2026 todavía no fue publicado: está previsto para el 24 de septiembre.
Por eso sería incorrecto afirmar hoy que el INDEC ya confirmó un aumento.
Pero los indicadores adelantados disponibles apuntan en esa dirección.
El Nowcast de Pobreza de la Universidad Torcuato Di Tella estima para el semestre marzo-agosto de 2026 una pobreza del 31,3%, con un intervalo de confianza de entre 29,8% y 32,8%. Sobre una población urbana representada por la EPH de aproximadamente 30 millones de personas, el cálculo equivale a unos 9,4 millones viviendo en hogares pobres.
Hay otro dato todavía más revelador.
La Canasta Básica Total utilizada por el estudio aumentó 34,7% interanual, mientras los ingresos totales familiares proyectados avanzaron 25%.
Es decir, la canasta necesaria para no ser pobre avanzó casi 10 puntos porcentuales más que los ingresos familiares.
Ese es el contexto económico en el que el Gobierno decidió reducir en términos reales los recursos destinados a los comedores.
No estamos hablando únicamente de una discusión presupuestaria.
Estamos hablando de una política alimentaria que pierde capacidad de compra mientras la canasta corre más rápido que los ingresos de las familias que potencialmente necesitan esa asistencia.
La Secretaría de Niñez pierde tres cuartas partes de sus recursos desde 2023
El recorte no termina en los comedores.
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia —bajo la órbita de Capital Humano— tendría durante 2027 una reducción real del 11,3% respecto de 2026.
La comparación contra 2023 resulta mucho más fuerte:
75,8% menos.
Eso significa que, medida en capacidad adquisitiva, la estructura estatal responsable de varias políticas dirigidas a infancia, familias y sectores vulnerables conserva aproximadamente una cuarta parte de los recursos que tenía en 2023.
Puede discutirse legítimamente el tamaño de una estructura administrativa, fusionar organismos o eliminar burocracia.
Pero cuando dentro de esa reducción aparecen programas que terminan en alimentos, becas o prestaciones directas, la discusión deja de ser simplemente administrativa.
El ajuste llega al beneficiario.
El Presupuesto toca además una protección decisiva de la AUH
Uno de los cambios más importantes del proyecto ni siquiera aparece directamente como un recorte presupuestario.
El artículo 17 propone eliminar el mecanismo automático de actualización de la Asignación Universal por Hijo y de las asignaciones familiares.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtió que el proyecto no establece una fórmula alternativa ni una periodicidad obligatoria de actualización.
Eso significa que los aumentos quedarían sujetos a decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.
Puede parecer una modificación técnica.
No lo es.
La diferencia entre una prestación indexada y otra que depende de una decisión política ya puede medirse durante la propia gestión Milei.
Según el relevamiento de ACIJ, las prestaciones vinculadas a mecanismos automáticos recuperaron 31,9% real desde 2023, mientras la Prestación Alimentar permaneció 23 meses sin actualizarse, con el consecuente deterioro de su capacidad para cubrir alimentos.
El problema de eliminar una fórmula no es que el Gobierno quede impedido de aumentar la AUH.
Puede aumentarla.
El problema es exactamente el contrario:
también puede no hacerlo.
Y cuando existe simultáneamente una regla fiscal estricta, una meta de superávit y dificultades para alcanzar las previsiones de recaudación, convertir una prestación automática en discrecional significa convertirla potencialmente en una variable de ajuste.
Progresar: 77% menos que en 2023
La motosierra también alcanza a los estudiantes.
Según el relevamiento presupuestario del OCEPP, Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes —Becas Progresar— muestra una caída real del 77,1% respecto de 2023.
Es un número particularmente significativo porque afecta a jóvenes de hogares de menores recursos en una etapa en la que estudiar compite cada vez más directamente con trabajar.
La política pública puede mantener formalmente el nombre del programa y continuar pagando becas.
Pero si su capacidad real de financiamiento se reduce tres cuartas partes, la existencia nominal de la política no describe adecuadamente su alcance material.
Algo parecido sucede con otras áreas: OCEPP calcula una caída real de 43,7% respecto de 2023 en formación de recursos humanos del CONICET, 77,3% en la Agencia I+D+i y 25% en universidades nacionales.
La orientación comienza a adquirir consistencia.
No son programas aislados.
Comedores, ingresos de la economía popular, becas, ciencia y universidades aparecen simultáneamente entre las áreas que más capacidad presupuestaria perdieron desde 2023.
La ESI directamente queda sin partida
El programa de Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral vuelve a quedar sin financiamiento específico.
El punto es relevante porque una política pública puede ser eliminada de dos maneras.
Una requiere una ley que diga expresamente que deja de existir.
La otra es bastante menos ruidosa:
dejarla sin dinero.
Cuando un programa conserva su arquitectura normativa pero recibe cero recursos para implementarse, su supervivencia jurídica puede convertirse en poco más que una formalidad.
La economía popular prácticamente desaparece del mapa presupuestario
Existe otro número que permite entender la profundidad de la transformación.
El OCEPP calcula que las partidas vinculadas a ingresos de la economía popular —las dos ramas en las que fue dividido el antiguo Potenciar Trabajo— acumulan una caída real del 94,8% respecto de 2023.
Frente al presupuesto vigente de 2026, la reducción sería cercana al 68%.
No estamos frente a un ajuste marginal.
Una caída de casi 95% significa, en términos presupuestarios, prácticamente desmontar la política anterior.
El Gobierno puede defender esa decisión argumentando que pretende reemplazar intermediación social por transferencias directas o promover la inserción laboral.
Pero existe una pregunta que el Presupuesto debe responder: qué ocurre mientras tanto con quienes continúan fuera del empleo formal.
Y los números laborales y sociales hacen difícil sostener que esa población haya desaparecido.
El ahorro fiscal no elimina el hambre: desplaza quién paga
Aquí aparece uno de los problemas centrales de analizar el Presupuesto exclusivamente desde el déficit nacional.
Cuando Nación reduce el dinero de un comedor, la necesidad alimentaria no desaparece automáticamente.
Alguien absorbe el ajuste.
Puede hacerlo una provincia.
Puede hacerlo un municipio.
Puede hacerlo una organización social.
Puede hacerlo una iglesia.
Puede hacerlo un comerciante donando alimentos.
Puede hacerlo una trabajadora comunitaria trabajando gratuitamente.
Y cuando ninguna de esas redes consigue absorberlo, lo hace la propia familia:
comiendo menos o peor.
El gasto desaparece del presupuesto nacional.
La necesidad social permanece.
Por eso una reducción del gasto público no equivale necesariamente a una reducción equivalente del costo económico para la sociedad.
Muchas veces significa simplemente transferir ese costo desde el Estado hacia los hogares.
Quién gana
El ganador inmediato vuelve a ser el objetivo central de la política económica del Gobierno: el resultado fiscal.
Cada partida que crece por debajo de la inflación, cada programa eliminado y cada prestación cuya actualización deja de ser automática facilita contener el gasto.
También aumenta el margen de decisión del Poder Ejecutivo.
Eliminar mecanismos automáticos de actualización permite administrar recursos en función de disponibilidad fiscal, prioridades políticas y evolución de la recaudación.
Desde la lógica oficial, esa flexibilidad puede presentarse como capacidad para impedir que el gasto público crezca independientemente de los ingresos.
Pero desde el punto de vista del beneficiario significa exactamente lo contrario:
menos previsibilidad sobre cuánto recibirá y cuánto podrá comprar con ese ingreso.
Quién pierde
Pierden los comedores comunitarios, cuyo principal programa de abastecimiento sufrirá una reducción real cercana al 10% durante 2027 y acumula alrededor de 47% desde 2023.
Pierden los estudiantes alcanzados por unas Becas Progresar que muestran 77,1% menos recursos reales que en 2023.
Pierde la economía popular, cuyas partidas analizadas acumulan una contracción cercana al 95%.
Pierden potencialmente los hogares que reciben AUH si el Congreso acepta eliminar su actualización automática y futuras recomposiciones quedan sometidas a decisiones discrecionales.
Y pierden las organizaciones comunitarias que terminan absorbiendo una demanda que el Estado nacional deja de financiar.
Pero existe un último perdedor que suele desaparecer detrás de las palabras «comedores» y «políticas alimentarias»:
los niños.
Porque la pobreza infantil, la malnutrición y las dificultades educativas no respetan ejercicios fiscales. Lo que no se consume adecuadamente durante la infancia no necesariamente puede compensarse cuando mejoren las cuentas públicas.
La verdadera discusión del Presupuesto 2027
El Gobierno tiene derecho a defender que el equilibrio fiscal es indispensable para estabilizar la economía. Esa es una discusión económica legítima.
Pero el equilibrio fiscal nunca determina por sí solo qué partida debe recortarse.
Esa segunda decisión es política.
Y al incorporar este capítulo al mapa completo del Presupuesto 2027 aparece una fotografía cada vez más definida: universidades por debajo de los recursos reclamados por el sistema, deterioro acumulado de ciencia, modificaciones regresivas denunciadas por ACIJ en discapacidad, fuerte caída de Progresar, desfinanciamiento de políticas de economía popular y ahora otro 9,7% real menos para Alimentar Comunidad.
Todo esto ocurre mientras el Nowcast de la Universidad Torcuato Di Tella calcula que la pobreza urbana volvió al 31,3% y alcanza aproximadamente a 9,4 millones de personas.
El dato oficial del primer semestre llegará el 24 de septiembre y será entonces cuando pueda determinarse con precisión la magnitud del deterioro.
Pero el Gobierno ya tomó una decisión para el año siguiente.
Ante una pobreza que las estimaciones anticipan nuevamente en ascenso, el Presupuesto no prepara más capacidad alimentaria para enfrentarla: prepara menos.
Ahí está la contradicción más difícil de esconder detrás de las planillas.
El Estado puede reducir una partida destinada a alimentar personas y contabilizarlo como ahorro.
Lo que no puede presupuestar es que esas personas dejen de tener hambre.
GONZALO SCHWEIZER
Melina Schweizer
