CONCHITA PRETA
Los damnificados por la estafa de $LIBRA fueron expulsados del expediente y la investigación quedó exclusivamente en manos del fiscal. En la Argentina libertaria, primero desaparece la plata, después desaparecen los querellantes y, si todo sale bien, al final también desaparece la causa.
La motosierra llegó a Comodoro Py. No para cortar privilegios, claro. Para podar a las víctimas.
Con una resolución que parece escrita por el departamento jurídico de la impunidad S.A., el juez Marcelo Martínez De Giorgi decidió sacar de la causa $LIBRA a los cinco querellantes que venían empujando una investigación que avanzaba con la velocidad de un trámite en el PAMI un viernes a las cuatro de la tarde. Ahora el expediente queda prácticamente monopolizado por el fiscal Eduardo Taiano, cuya legendaria capacidad para acelerar investigaciones merece ser exhibida en un museo dedicado a la inmovilidad.
El mensaje es pedagógico: si te estafan, primero demostrá que te estafaron; después demostrales que sos vos; después demostrales que la billetera era tuya; después demostrales que los dólares eran tuyos; y cuando termines de demostrar todo eso, probablemente la causa ya haya prescripto, el imputado publique un libro sobre ética republicana y algún canal de televisión lo tenga como analista institucional.
La resolución tiene una lógica fascinante. Como las criptomonedas son riesgosas, parece que perder plata deja de ser un problema jurídico para convertirse en una experiencia espiritual. El fallo prácticamente les dice a los damnificados: «¿Quién los mandó a creerle al Presidente?». Una doctrina novedosa: la culpa nunca es del que promociona; siempre es del que escucha.
La explicación judicial roza el realismo mágico financiero. Según el razonamiento del expediente, quienes compraron una memecoin asumían riesgos propios del mercado. Perfecto. Lo que todavía nadie explica es si dentro de esos riesgos también figuraba que el Presidente de la Nación la promocionara desde su cuenta oficial y horas después el activo se derrumbara mientras unos pocos se retiraban con los bolsillos llenos.
Pero eso parece un detalle menor.
Lo verdaderamente importante era sacar del medio a quienes seguían pidiendo medidas de prueba.
Porque una causa sin querellantes incómodos es mucho más ordenada. Mucho más silenciosa. Mucho más saludable para quienes esperan que el calendario haga el trabajo que la Justicia no tiene demasiadas ganas de hacer.
Las coincidencias, además, son deliciosas. La decisión llega después de la salida de Manuel Adorni del Gobierno, mientras se aceleran otros nombramientos judiciales sensibles y cuando el propio Martínez De Giorgi todavía espera que el Poder Ejecutivo firme la designación de su esposa como jueza federal. En Argentina las casualidades trabajan horas extras.
Mientras tanto, el expediente empieza a parecerse a esas series de Netflix donde en cada capítulo desaparece un personaje distinto. Primero desaparecieron las explicaciones. Después las responsabilidades políticas. Ahora desaparecen las víctimas. Si la temporada sigue así, el último episodio mostrará una causa archivada por falta de interés… de quienes lograron sobrevivir al proceso.
En nombre de la seguridad jurídica, el sistema encontró una solución elegante: si no hay querellantes que molesten, tampoco habrá demasiadas preguntas incómodas.
La estafa, al final, podría terminar siendo la única inversión del país con garantía estatal: la plata vuela, los responsables esperan y las víctimas quedan afuera de la puerta.
Porque en la Argentina libertaria la verdadera innovación financiera no fue crear una memecoin.
Fue tokenizar la impunidad.
