Jorge R. Schweizer
Nicolás Maduro y Cilia Flores deben comparecer este miércoles ante un tribunal federal de Manhattan por la causa en la que están acusados de conspirar para introducir cocaína en Estados Unidos. La audiencia estará centrada en el calendario procesal, mientras la defensa prepara impugnaciones contra la captura militar ejecutada en Caracas y reclama inmunidad para el exmandatario venezolano.
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, deben regresar este miércoles a un tribunal federal de Manhattan para una audiencia previa al juicio que definirá los próximos pasos de una de las causas penales con mayores consecuencias políticas y jurídicas de la historia reciente de Estados Unidos. Ambos permanecen detenidos en una prisión federal de Brooklyn desde que fuerzas especiales estadounidenses los capturaron durante una operación nocturna realizada el 3 de enero en Caracas y los trasladaron a Nueva York. Se declararon inocentes y hasta ahora no solicitaron quedar en libertad bajo fianza.
La audiencia fue convocada para el mediodía de Nueva York —las 13 en la Argentina— ante el juez federal Alvin Hellerstein, integrante del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York. A diferencia de lo informado inicialmente por Noticias Argentinas, la instancia judicial no se desarrolla en los tribunales de Brooklyn. Maduro y Flores están alojados en el Metropolitan Detention Center de ese distrito, pero el expediente se tramita en Manhattan.
La comparecencia no está destinada a determinar la culpabilidad de los acusados ni a iniciar el debate oral. El objetivo principal será organizar un expediente atravesado por evidencia clasificada, acusaciones vinculadas con hechos ocurridos fuera de Estados Unidos y planteos todavía no resueltos sobre inmunidad soberana, jurisdicción y legalidad de la operación militar que permitió llevar a Maduro ante el tribunal.
Un juicio propuesto para junio de 2027
La Fiscalía y las defensas presentaron de manera conjunta una propuesta para que el juicio comience en junio de 2027. Esa fecha no está confirmada: deberá ser aprobada por Hellerstein y las propias partes advirtieron que podrían solicitar modificaciones posteriores. Por lo tanto, no corresponde afirmar que el proceso oral comenzará necesariamente en ese mes, sino que se trata de un calendario preliminar sometido a la decisión del magistrado.
El esquema prevé que los abogados de Maduro presenten el 2 de septiembre una primera ronda de mociones destinadas a obtener la desestimación de la causa. Entre ellas estará el planteo de que el dirigente venezolano gozaba de inmunidad como jefe de Estado al momento de ser capturado. Otras impugnaciones, especialmente aquellas relacionadas con el acceso y la revisión de material clasificado, quedarían para una etapa posterior, con presentaciones previstas hasta enero de 2027.
La extensión del calendario refleja la complejidad del expediente. Antes de que un jurado pueda analizar las pruebas sobre narcotráfico, el tribunal deberá decidir si Maduro puede invocar inmunidad, si la forma en que fue llevado a Estados Unidos tiene consecuencias dentro del proceso penal y qué parte de la información reunida por organismos de seguridad e inteligencia podrá ser utilizada por la acusación.
Las acusaciones contra Maduro y Flores
La Fiscalía estadounidense acusa a Maduro de haber utilizado su posición dentro del Estado venezolano para facilitar cargamentos de cocaína con destino a Estados Unidos. La acusación incluye conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados con la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos en relación con actividades de narcotráfico. Maduro niega todas las imputaciones.
Cilia Flores también está acusada de conspirar para importar cocaína y de delitos relacionados con armas, aunque la imputación contra ambos no es idéntica. La descripción utilizada en la publicación original de Noticias Argentinas —“tenencia ilegal de armamento pesado de destrucción”— no reproduce correctamente el lenguaje jurídico del expediente. La acusación habla de ametralladoras y dispositivos destructivos; no menciona “armas de destrucción masiva”, una categoría penal diferente.
Los fiscales sostienen que Maduro habría colaborado durante años con funcionarios venezolanos, integrantes de las fuerzas de seguridad y organizaciones dedicadas al tráfico de drogas para facilitar el envío de grandes cantidades de cocaína hacia territorio estadounidense. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis acusatoria y todavía deben ser demostradas ante un tribunal. La declaración de inocencia de los acusados permanece vigente mientras no exista una sentencia firme.
Los delitos más graves contemplan la posibilidad de condenas a prisión perpetua. Esa pena no es automática ni está decidida de antemano: dependerá de los cargos que sobrevivan a las impugnaciones, de la evidencia admitida durante el juicio y de una eventual declaración de culpabilidad por parte del jurado.
La defensa cuestionará la captura militar
Uno de los principales argumentos de la defensa será que Maduro fue llevado a Estados Unidos mediante una operación militar ilegal. Su abogado, Barry Pollack, anticipó que cuestionará lo que definió como una “abducción militar” y buscará establecer si la intervención estadounidense vulneró el derecho internacional, la soberanía venezolana y las garantías procesales del acusado.
La administración de Donald Trump sostiene que el operativo fue una acción legítima de aplicación de la ley destinada a ejecutar órdenes judiciales vigentes. Maduro, en cambio, lo calificó como un secuestro, se proclamó “prisionero de guerra” y aseguró que continúa siendo el presidente constitucional de Venezuela. Esas expresiones forman parte de su posición política y defensiva, pero no fueron reconocidas como una definición jurídica por el tribunal.
El hecho confirmado es que fuerzas especiales estadounidenses ingresaron en Caracas durante la madrugada del 3 de enero, capturaron a Maduro y Flores en una residencia fuertemente custodiada y los trasladaron a Nueva York. Lo que continúa en discusión es si esa intervención fue legal y, especialmente, si una eventual violación del derecho internacional puede impedir que el tribunal estadounidense mantenga jurisdicción sobre los acusados.
La jurisprudencia estadounidense ha sostenido en otros casos que una captura irregular no necesariamente elimina la competencia de un tribunal una vez que el acusado se encuentra dentro del país. Sin embargo, el expediente Maduro presenta una dimensión excepcional: no se trató de una extradición defectuosa ni de una detención policial clandestina, sino de una operación de fuerzas especiales ejecutada dentro del territorio de otro Estado contra quien ejercía el control efectivo del Gobierno venezolano.
Esa diferencia puede obligar al juez a examinar hasta dónde llegan las facultades del Poder Ejecutivo para utilizar recursos militares con el fin de llevar a un acusado ante la Justicia y qué consecuencias tendría admitir que una intervención de esa naturaleza puede quedar separada del proceso penal que produce.
La disputa por la inmunidad
La defensa también sostendrá que Maduro gozaba de inmunidad personal como jefe de Estado. Estados Unidos había dejado de reconocerlo como presidente legítimo en 2019, pese a que continuó controlando las instituciones venezolanas hasta su captura. Esa diferencia entre reconocimiento diplomático y ejercicio efectivo del poder será uno de los puntos centrales del litigio.
Washington previsiblemente argumentará que Maduro no puede reclamar una protección reservada a los mandatarios reconocidos por el Gobierno estadounidense. Sus abogados, en cambio, pueden sostener que su condición de gobernante de facto, el reconocimiento que mantuvo de otros países y la naturaleza institucional de parte de sus actos impiden tratarlo como un acusado común.
La inmunidad tampoco protegería automáticamente cualquier conducta atribuida a un jefe de Estado. El tribunal deberá establecer si las actividades descriptas por la Fiscalía pueden considerarse actos oficiales o si, como sostiene la acusación, constituyeron operaciones criminales privadas ejecutadas mediante el uso de instituciones públicas.
Fondos venezolanos para financiar la defensa
Otro conflicto relevante estuvo relacionado con el pago de los abogados. Maduro y Flores alegaron que las sanciones impuestas por Estados Unidos les impedían utilizar fondos venezolanos para contratar a los profesionales de su elección. Sus defensas afirmaron que esa limitación afectaba el derecho constitucional a contar con asistencia legal adecuada.
En marzo, Hellerstein expresó dudas sobre la posición del Gobierno estadounidense y cuestionó la coherencia de bloquear recursos destinados a la defensa mientras Washington había flexibilizado otras sanciones después de la captura de Maduro. Sin embargo, el juez no desestimó el expediente por ese motivo.
Posteriormente se habilitó de manera limitada el uso de recursos para cubrir honorarios legales. Esa autorización no representó un levantamiento general de las sanciones ni resolvió la controversia política sobre el empleo de fondos públicos venezolanos, pero permitió evitar que la causa quedara paralizada por la imposibilidad de pagar a los abogados.
El proceso y la nueva relación entre Caracas y Washington
La causa judicial avanza en un contexto de profundos cambios políticos en Venezuela. Después de la captura de Maduro, Delcy Rodríguez quedó al frente de la administración venezolana y abrió una relación más cooperativa con Estados Unidos. Washington flexibilizó determinadas restricciones sobre el sector petrolero y amplió los contactos económicos con las nuevas autoridades.
Maduro sostiene que las acusaciones de narcotráfico fueron utilizadas para justificar una operación de cambio de gobierno y facilitar el acceso estadounidense a las reservas petroleras venezolanas. Esa afirmación constituye una interpretación política de la intervención, pero no demuestra por sí misma que los cargos penales sean falsos ni resuelve la legalidad de la captura.
De la misma manera, la existencia de intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos en Venezuela no permite considerar probada la hipótesis de la Fiscalía. El tribunal deberá separar tres cuestiones que suelen aparecer mezcladas en el debate público: las motivaciones geopolíticas de Washington, la legalidad internacional del operativo y la evidencia concreta reunida contra cada uno de los acusados.
Una audiencia para ordenar la batalla judicial
La comparecencia de este miércoles no resolverá las acusaciones de narcotráfico ni determinará si Maduro puede ser juzgado. Su función principal será organizar el calendario de una disputa que probablemente se prolongará durante meses y que podría llegar a juicio recién en 2027.
Hasta que finalice la audiencia y el juez comunique sus decisiones, lo comprobable es que Maduro y Flores deben presentarse ante el tribunal federal de Manhattan, continúan detenidos en Brooklyn, se declararon inocentes y enfrentan cargos que podrían derivar en penas de prisión perpetua. La fecha de junio de 2027 continúa siendo una propuesta de las partes, no una decisión definitiva.
El expediente obligará a la Justicia estadounidense a pronunciarse sobre asuntos que exceden ampliamente una causa convencional de narcotráfico: la inmunidad de un gobernante no reconocido por Washington, la captura militar de un dirigente extranjero, el alcance extraterritorial de la ley penal estadounidense y los límites que conserva el derecho cuando una intervención armada termina dentro de una sala de tribunales.
Rodolfo Gudino
