Melina Schweizer
Tras el triunfo de la Selección Argentina sobre Inglaterra y el fuerte gesto de los jugadores en defensa de la soberanía de las Islas Malvinas, el Gobierno difundió una protesta formal contra el Reino Unido por el ingreso del patrullero HMS Medway en aguas argentinas. La nota diplomática, sin embargo, había sido presentada dos días antes y trece días después del incidente, reavivando las críticas por la demora y la política exterior de la Casa Rosada.
La Cancillería argentina difundió este martes un comunicado oficial en el que protesta formalmente ante el Reino Unido por el desplazamiento del patrullero británico HMS Medway desde las Islas Malvinas hacia el continente, un episodio que había generado malestar dentro de las Fuerzas Armadas y fuertes cuestionamientos de especialistas en política exterior. La publicación llegó apenas horas después del histórico triunfo de la Selección Argentina frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial, un partido que volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro del debate público.
La demora es uno de los aspectos que más llamó la atención. El propio comunicado revela que la nota diplomática fue presentada el 13 de julio, mientras que el paso del buque se produjo aproximadamente trece días antes. Durante ese lapso el Gobierno evitó cualquier pronunciamiento público, pese a que la presencia del patrullero británico había sido detectada por la Armada Argentina y comunicada a las autoridades nacionales.
Según trascendió, el Ministerio de Defensa ya tenía conocimiento del episodio, pero no impulsó una reacción oficial inmediata. Recién después del impacto político que provocó la victoria argentina sobre Inglaterra —y de la imagen de los futbolistas exhibiendo una bandera con la reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas— la Cancillería hizo pública la protesta diplomática.
En el comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostiene que el HMS «no fue debidamente notificado de conformidad con los acuerdos y declaraciones bilaterales vigentes», una afirmación que tiene una fuerte carga jurídica. Argentina considera que el Reino Unido incumplió los mecanismos de confianza militar establecidos en las Declaraciones de Madrid de 1990, la Declaración Conjunta de 1991 y su actualización de 1993, instrumentos que regulan las comunicaciones entre ambos países respecto de movimientos militares en el Atlántico Sur.
La Cancillería también afirma que «esta acción unilateral constituye una violación a los compromisos asumidos por ambos Gobiernos», retomando uno de los conceptos centrales utilizados históricamente por la diplomacia argentina en la disputa por Malvinas. La referencia a una «acción unilateral» remite al principio sostenido por Naciones Unidas según el cual ninguna de las partes debe modificar la situación existente mientras permanezca abierta la controversia sobre la soberanía del archipiélago.
El texto oficial eleva además el tono diplomático al señalar que el Gobierno argentino «rechaza con firmeza esta incursión militar británica en espacios bajo jurisdicción argentina». La utilización del término «incursión militar» supone una caracterización más severa que la de un simple tránsito marítimo, al considerar que se trató de un desplazamiento de una unidad militar extranjera dentro de espacios que Argentina considera propios.
Otro de los párrafos más significativos sostiene que estos movimientos «contravienen los compromisos bilaterales sobre medidas de fomento de la confianza» y «se suman a la larga serie de acciones unilaterales del Reino Unido en contravención de la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas».
La Resolución 31/49 constituye uno de los principales respaldos internacionales de la posición argentina. Aprobada por la Asamblea General de la ONU, exhorta tanto a la Argentina como al Reino Unido a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación de las Islas Malvinas mientras continúe pendiente la negociación sobre la soberanía.
En otro tramo del documento, la Cancillería advierte que los movimientos del HMS Medway «profundizan las tensiones en el Atlántico Sur, desconocen el mandato reiterado de la comunidad internacional y obstaculizan los esfuerzos argentinos por avanzar hacia una solución pacífica y negociada de la controversia». Con esa formulación, el Gobierno intenta encuadrar el episodio como un incumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas y no únicamente como un incidente bilateral.
El comunicado concluye reafirmando «los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía» de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, cerrando con una de las expresiones tradicionales de la política exterior argentina: «Por historia, por derecho y por convicción, las Malvinas son argentinas.»
Sin embargo, el contenido de la protesta no disipó las críticas por el manejo político del episodio. La difusión del documento ocurrió recién después de que la cuestión Malvinas recuperara una enorme visibilidad pública tras el triunfo deportivo frente a Inglaterra, alimentando los cuestionamientos de quienes sostienen que la Casa Rosada evitó inicialmente confrontar con Londres y solo endureció su posición cuando el clima social volvió imposible mantener el silencio.
La controversia se suma a otros gestos de la administración de Javier Milei hacia el Reino Unido, como la confirmación de una visita oficial del Presidente a Londres prevista para octubre y la estrategia de mantener la disputa por Malvinas fuera de la agenda bilateral, una orientación que distintos especialistas consideran un cambio respecto de la política exterior sostenida por gobiernos anteriores. Para sus críticos, el comunicado representa una reacción tardía frente a un hecho consumado; para el Gobierno, constituye una reafirmación formal de la posición histórica argentina en defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas.
REDACCIÓN
