Melina Schweizer
Tras conseguir la aprobación de 29 pliegos judiciales y seis ascensos diplomáticos, el oficialismo sufrió su primer traspié legislativo del segundo semestre. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pidió postergar hasta el 6 de agosto el tratamiento del proyecto sobre propiedad privada y tierras rurales al admitir, en los hechos, que el Gobierno no reunía los votos para obtener la media sanción.
La estrategia legislativa del Gobierno sufrió este jueves un freno inesperado en el Senado. Después de lograr la aprobación de los pliegos para la designación de jueces, camaristas, defensores oficiales y diplomáticos, La Libertad Avanza decidió retirar de la discusión uno de los proyectos que pretendía convertir en bandera política: la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que introduce modificaciones sobre el régimen de tierras rurales.
La decisión no respondió a una cuestión reglamentaria ni a un acuerdo previo entre bloques. Fue el propio oficialismo el que solicitó un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, cuando la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, pidió postergar el tratamiento y adelantar otro expediente incluido en el temario: la declaración de Tucumán como capital simbólica de la Nación durante cada 9 de Julio.
Detrás de esa maniobra quedó expuesta la verdadera razón de la suspensión. Fuentes de La Libertad Avanza reconocieron que el oficialismo no contaba con los votos necesarios para aprobar la iniciativa, por lo que optó por evitar una derrota en el recinto.
El episodio marcó un contraste con el comienzo de la sesión. Horas antes, el Senado había aprobado 29 pliegos judiciales y seis ascensos diplomáticos, la mayoría con amplio respaldo de los bloques. Entre ellos sobresalió la confirmación del juez Víctor Pesino como vocal de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, cuyo nombramiento quedó ratificado por una ajustada votación de 35 votos contra 32, luego de que el magistrado quedara en el centro de la polémica por sus fallos favorables a la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
Durante ese debate, Bullrich defendió la continuidad del magistrado y sostuvo que «los jueces no pueden ser sacados por sus fallos», al tiempo que cuestionó la judicialización de leyes aprobadas por el Congreso. Desde Unión por la Patria, en cambio, el senador Mariano Recalde anunció el rechazo de su bloque y afirmó que el juez «actúa de acuerdo a sus necesidades», argumentando que no genera confianza ni entre litigantes ni entre abogados laboralistas.
Superado ese tramo de la sesión, el oficialismo pretendía avanzar con la discusión de la reforma sobre tierras y propiedad privada. Sin embargo, la falta de respaldo parlamentario modificó los planes de la Casa Rosada. En lugar de exponer el proyecto a una votación adversa, La Libertad Avanza decidió congelar el debate y ganar tiempo para negociar apoyos con bloques dialoguistas antes de volver a llevar la iniciativa al recinto.
La postergación representa el primer revés parlamentario de la nueva etapa política que el Gobierno buscaba inaugurar tras la reunión que Javier Milei mantuvo esta semana con diputados y senadores oficialistas para ordenar la agenda legislativa del segundo semestre. El Presidente había planteado como prioridad convertir al Congreso en el principal escenario de las reformas económicas e institucionales de su administración, comenzando por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y otras iniciativas vinculadas con la propiedad privada y la desregulación económica.
El pedido de Bullrich dejó en evidencia que, pese a la disciplina interna del bloque libertario, el oficialismo continúa dependiendo de acuerdos con sectores de la oposición para aprobar proyectos de alto impacto político. La falta de mayoría propia en el Senado vuelve a convertir cada sesión en una negociación voto por voto, un escenario que ya condicionó varias de las principales reformas impulsadas por la administración de Javier Milei.
La reforma sobre tierras rurales quedó así aplazada hasta el 6 de agosto, fecha en la que el Gobierno intentará reconstruir las mayorías necesarias para evitar que uno de sus proyectos emblemáticos se transforme en una nueva derrota legislativa.
REDACCIÓN
