Melina Schweizer
La Cámara de Diputados debatirá la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una iniciativa impulsada en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos. Especialistas, organizaciones sanitarias y sectores de la industria advierten que podría fortalecer los monopolios farmacéuticos, encarecer medicamentos y afectar la producción nacional de genéricos.
La próxima semana la Cámara de Diputados podría discutir una de las reformas más sensibles para el sistema sanitario argentino de los últimos años. Se trata de la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un mecanismo administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que simplifica la presentación internacional de solicitudes de patentes y que Argentina evitó incorporar durante más de cinco décadas por considerar que favorecía principalmente a las grandes potencias tecnológicas.
La iniciativa llega en un contexto de profundas modificaciones sobre el régimen de propiedad intelectual. A la posible incorporación al PCT se suma la derogación de las Guías de Patentabilidad de 2012 y las exigencias incluidas en el Acuerdo Recíproco de Comercio entre Argentina y Estados Unidos (ARTI), que incorpora estándares de protección más elevados para las patentes farmacéuticas.
Diversas organizaciones vinculadas al derecho a la salud sostienen que la combinación de estas medidas podría modificar de manera estructural el mercado de medicamentos en Argentina.
Lorena Di Giano, directora ejecutiva de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), advirtió que el principal riesgo radica en el aumento de solicitudes de patentes que debería evaluar el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), un organismo que actualmente cuenta con recursos limitados para realizar exámenes técnicos independientes. Según explica, esa situación podría facilitar la concesión de patentes sobre modificaciones menores de medicamentos ya existentes, una práctica conocida internacionalmente como «evergreening», utilizada para extender monopolios comerciales.
Las antiguas Guías de Patentabilidad constituían precisamente uno de los principales instrumentos para impedir esas extensiones artificiales de exclusividad. Tras permanecer catorce años bajo litigio judicial, fueron derogadas este año mediante una resolución del Poder Ejecutivo antes de que el fallo definitivo quedara firme, un cambio que especialistas consideran decisivo para el futuro del mercado farmacéutico argentino.
Entre los ejemplos citados aparece el Pembrolizumab, uno de los tratamientos oncológicos más utilizados a nivel mundial. Según la Fundación GEP, actualmente laboratorios nacionales producen versiones a un costo significativamente inferior al medicamento original. Si determinadas solicitudes de patentes pendientes fueran finalmente aprobadas bajo el nuevo esquema, esa producción local podría verse seriamente afectada.
Una situación similar describen respecto del Sofosbuvir, utilizado para tratar la hepatitis C. Mientras en Estados Unidos el medicamento llegó a comercializarse inicialmente por 84.000 dólares el tratamiento, la fabricación nacional de versiones genéricas permitió reducir sustancialmente ese costo para el sistema sanitario argentino.
El debate también alcanza el impacto económico. Según datos citados en el informe, la producción nacional de medicamentos biosimilares y de alta complejidad genera ahorros superiores a los 2.000 millones de dólares anuales, mientras que distintas acciones judiciales para impedir patentes consideradas improcedentes evitaron costos cercanos a 630 millones de dólares durante la última década.
No todos los especialistas mantienen una posición idéntica. El consultor en innovación y propiedad intelectual Hernán Charreau reconoce que el PCT simplifica los procedimientos internacionales y puede facilitar la internacionalización de desarrollos científicos argentinos, aunque advierte que esos beneficios dependen de contar con un Estado capaz de examinar rigurosamente las solicitudes y garantizar posteriormente el acceso a medicamentos mediante una política pública activa. Sin organismos técnicos fortalecidos, sostiene, la adhesión puede generar efectos muy diferentes a los buscados.
En la misma línea, el diputado Esteban Paulón consideró que la combinación entre el PCT, la derogación de las guías de patentabilidad y las disposiciones del acuerdo comercial con Estados Unidos constituye un riesgo para la soberanía sanitaria y podría dificultar el acceso a tratamientos de alta complejidad.
Para las organizaciones que impulsan la campaña «Un escudo para tu salud», el debate trasciende la discusión jurídica sobre propiedad intelectual. Lo que está en juego, sostienen, es quién podrá producir medicamentos, cuánto costarán esos tratamientos y si el sistema público, las obras sociales y millones de pacientes podrán seguir accediendo a ellos en los próximos años. Según advierten, las consecuencias de las decisiones que hoy debate el Congreso probablemente no se perciban de inmediato, sino que comenzarán a hacerse visibles dentro de dos o tres años, cuando las nuevas patentes empiecen a concederse y sus efectos lleguen al mercado farmacéutico argentino.
GONZALO SCHWEIZER
