Melina Schweizer
Meitav tendría participaciones tanto en Navitas como en Mercado Libre, pero esa coincidencia accionaria no convierte a la empresa de Galperin en socia, financista ni proveedora del proyecto petrolero. Para sancionarla, el Gobierno debería demostrar una relación concreta con Sea Lion. La verdadera prueba será publicar las 180 compañías mencionadas por Quirno y avanzar sobre quienes efectivamente sostienen la explotación.
El anuncio de Javier Milei abrió una caja que ahora el Gobierno deberá ordenar con algo más sólido que discursos. El Presidente prometió sancionar no solamente a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration por avanzar con la explotación petrolera en Malvinas, sino también a sus accionistas, directores, proveedores y financistas. El canciller Pablo Quirno amplió todavía más el perímetro y aseguró que existe una red de aproximadamente 180 compañías vinculadas con el proyecto Sea Lion.
La amplitud de la advertencia hizo aparecer rápidamente el nombre de Mercado Libre. Según documentación citada por La Política Online, Meitav Investment House mantiene participaciones en Navitas y posee acciones de la compañía fundada por Marcos Galperin por unos 9,7 millones de dólares.
Pero de ese dato no se desprende que Navitas haya invertido en Mercado Libre ni que la empresa de Galperin participe en Sea Lion. La relación descripta es otra: un mismo administrador de inversiones tendría acciones en dos compañías diferentes dentro de una cartera diversificada.
La diferencia no es semántica. Es la frontera entre seguir el dinero con rigor y construir una asociación políticamente atractiva que difícilmente resista una revisión jurídica.
Navitas no invirtió en Mercado Libre
Meitav es una firma israelí dedicada a la administración de inversiones, fondos, pensiones y otros activos financieros. Como ocurre con numerosas gestoras internacionales, distribuye el dinero administrado entre empresas de países y sectores diferentes.
Que Meitav posea títulos de Navitas y de Mercado Libre no convierte a las dos compañías en socias. Tampoco demuestra que Mercado Libre haya financiado la explotación petrolera, contratado servicios para Sea Lion o participado de alguna decisión relacionada con las Malvinas.
El ejemplo puede trasladarse a cualquier fondo global. Una administradora puede tener simultáneamente acciones de bancos, petroleras, supermercados, empresas tecnológicas y laboratorios. Esa presencia común no crea una sociedad comercial entre todas las empresas de su cartera.
Por eso, afirmar que “la petrolera israelí invirtió en Mercado Libre” invierte el sentido de la operación. Navitas no aparece comprando acciones del grupo de Galperin. Sería Meitav la que mantiene posiciones separadas en ambas compañías.
El dato puede servir para mostrar hasta dónde podrían extenderse las consecuencias financieras del anuncio presidencial. No alcanza, sin embargo, para sostener que Milei deba sancionar a Mercado Libre o personalmente a Galperin.
La palabra “indirectamente” no puede significar cualquier cosa
El problema nació de la amplitud utilizada por el propio Gobierno. Milei habló de inhabilitar a las empresas involucradas “directa o indirectamente” en actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina. Quirno agregó a proveedores de servicios petroleros, compañías financieras y aseguradoras.
La Ley 26.659 establece que la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina requiere autorización del Estado nacional. Su incumplimiento puede provocar multas, inhabilitaciones y la prohibición de operar en el país durante períodos de entre cinco y veinte años.
Pero una sanción administrativa no puede expandirse mediante asociaciones ilimitadas. Para alcanzar a una empresa debe existir un nexo comprobable con la actividad considerada ilegal: financiamiento destinado al proyecto, provisión de equipos, seguros, transporte, ingeniería, contratación o participación societaria relevante en las compañías responsables.
Si compartir un accionista institucional fuera suficiente, la sanción podría extenderse a centenares o miles de empresas sin ninguna intervención en Sea Lion. Una misma administradora internacional puede mantener inversiones en compañías de energía, comercio electrónico, alimentos, bancos y plataformas digitales. Castigar a todas ellas por formar parte de una cartera común sería jurídicamente endeble y económicamente impracticable.
También debe separarse a Mercado Libre de Marcos Galperin. La compañía cotiza en bolsa y posee una estructura societaria propia. Incluso si apareciera un vínculo comercial sancionable —algo que la información conocida no demuestra— todavía sería necesario establecer qué responsabilidad personal tuvo su fundador.
La verdadera trama financiera de Sea Lion
La discusión relevante no pasa por una tenencia de Mercado Libre ajena al proyecto, sino por identificar quiénes aportan el dinero, los seguros, los equipos y los servicios necesarios para poner Sea Lion en funcionamiento.
Navitas controla el 65% del emprendimiento y actúa como operadora. Rockhopper conserva el 35% restante. La petrolera israelí también otorgó financiamiento a su socia británica para cubrir una parte de los gastos anteriores a la decisión final de inversión y comprometió nuevos préstamos para la etapa de desarrollo.
La conexión directa está allí. Navitas y Rockhopper son las titulares del proyecto; sus grandes accionistas aportan capital a las empresas responsables; los bancos estructuran el financiamiento; las aseguradoras cubren los riesgos y los contratistas proporcionan la infraestructura.
Los datos recopilados por Reuters indican que Gideon Tadmor posee alrededor del 9% de Navitas. Entre los principales inversores de Rockhopper aparecen Noked Capital, Brosh Funds e ION Fund Management, con participaciones individuales de entre 4,6% y 9,2%. Ambas petroleras ya habían sido inhabilitadas durante veinte años para operar en la Argentina.
Esa es la estructura que el Gobierno debe investigar. Si Quirno afirma haber identificado unas 180 compañías, corresponde que Cancillería publique la lista, explique qué participación atribuye a cada una y precise bajo qué criterio jurídico pretende sancionarlas.
Sin esa información, el número funciona como una amenaza de volumen desconocido: suena contundente, pero no permite distinguir entre una empresa que financia directamente la explotación y otra que simplemente comparte un inversor minoritario.
El verdadero conflicto para Milei está en Israel
El hallazgo no compromete automáticamente a Galperin, pero sí coloca al Gobierno frente a una contradicción política más profunda. Milei convirtió su alineamiento con Israel en uno de los pilares de su política exterior. Ahora, el principal proyecto petrolero sobre aguas alrededor de Malvinas está controlado por una empresa israelí y respaldado por importantes capitales de ese país.
Navitas posee el 65% de Sea Lion, mientras que Rockhopper también cuenta con una presencia relevante de fondos israelíes entre sus principales accionistas. El proyecto prevé comenzar la producción durante 2028 y las compañías afirman que las advertencias argentinas no modificarán su ejecución.
La prueba política para Milei no consiste en castigar a un empresario aliado mediante una conexión accionaria indirecta. Consiste en demostrar si está dispuesto a aplicar las sanciones contra Navitas, sus financistas efectivos y sus proveedores, aun cuando eso genere tensiones con el gobierno y el capital financiero israelí.
La soberanía no se defiende eligiendo adversarios convenientes. Si la Casa Rosada excluye de las sanciones a actores directamente involucrados por afinidades políticas o diplomáticas, el decreto quedará reducido a propaganda. Pero si intenta abarcar empresas sin relación material con Sea Lion, convertirá una herramienta legítima en una telaraña arbitraria.
Galperin es una distracción; las 180 empresas son el examen
La participación de Meitav en Mercado Libre permite mostrar la complejidad de los mercados financieros, pero no prueba que Galperin forme parte de la explotación petrolera. Confundir una inversión de cartera con una asociación empresarial debilita el reclamo argentino porque facilita que las compañías cuestionadas presenten las sanciones como arbitrarias.
La pregunta correcta no es si un fondo que invierte en Navitas también compró acciones de Mercado Libre. La pregunta es quién puso los aproximadamente 1.000 millones de dólares de deuda asociados al desarrollo, quién asegurará las operaciones, qué empresas construirán la infraestructura y cuáles contrataron directamente con las petroleras.
Allí está la red que Quirno prometió perseguir.
Si Cancillería posee los nombres, debe publicarlos. Si cuenta con pruebas, debe iniciar expedientes individuales y garantizar el derecho de defensa. Y si pretende sancionar por vínculos indirectos, tendrá que precisar dónde termina la cadena de responsabilidad.
Porque si cualquier empresa que comparte un fondo con Navitas puede ser castigada, las sanciones se volverán imposibles de aplicar. Pero si el Gobierno identifica a quienes financian, aseguran y ejecutan Sea Lion, el anuncio dejará de ser una consigna.
Galperin puede resultar políticamente incómodo para Milei. Sin embargo, con los datos conocidos, no integra la red petrolera. La verdadera prueba no está en Mercado Libre: está en comprobar si el Gobierno se atreve a tocar los intereses concretos que harán posible la extracción del petróleo alrededor de Malvinas.
Rodolfo Gudino
CONCHITA PRETA
