REDACCIÓN
El Gobierno reflotó un proyecto presentado en febrero para intentar frenar la pelea judicial por el financiamiento universitario mientras espera una definición de la Corte Suprema. La iniciativa propone aumentos salariales escalonados y actualizaciones presupuestarias condicionadas, pero gremios y rectores denuncian que el Ejecutivo sigue incumpliendo la ley vigente y mantiene congeladas partidas clave para salarios, becas y funcionamiento.
A menos de una semana de la masiva movilización universitaria que volvió a llenar Plaza de Mayo y reactivó el conflicto con el sistema público de educación superior, el gobierno de Javier Milei intenta ganar tiempo político y judicial frente a una disputa que amenaza con escalar nuevamente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Mientras el máximo tribunal debe resolver sobre la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, el Ejecutivo desempolvó un proyecto de actualización presupuestaria presentado originalmente en febrero de este año y comenzó a instalarlo públicamente como una supuesta salida negociada al conflicto con las universidades nacionales. Sin embargo, desde gremios docentes, rectores y sectores parlamentarios denuncian que se trata de una maniobra política para desactivar la presión judicial y social sin modificar sustancialmente el ajuste que atraviesa al sistema universitario.
La estrategia oficial apareció después de meses de tensión creciente.
La ley sancionada en noviembre de 2025 obliga al Gobierno nacional a actualizar partidas para salarios docentes y nodocentes, becas estudiantiles y funcionamiento universitario contemplando la pérdida acumulada frente a la inflación de 2024 —que alcanzó el 118%— y la de 2025, estimada en torno al 35%. Sin embargo, las universidades denuncian que desde hace seis meses la administración libertaria incumple las transferencias previstas por la norma.
El conflicto derivó en paros, movilizaciones masivas y una fuerte judicialización.
En abril, una cautelar había ordenado suspender parcialmente la situación presupuestaria, pero luego la ejecución quedó provisoriamente frenada tras nuevas resoluciones judiciales. Ahora, la Corte Suprema deberá definir el fondo de la disputa mientras el Gobierno intenta evitar un fallo adverso.
En ese contexto, la Casa Rosada comenzó a circular nuevamente el proyecto presentado en febrero como posible “moneda de cambio” frente al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La iniciativa plantea un esquema de actualización presupuestaria condicionado y con topes específicos vinculados a la pauta inflacionaria prevista en el Presupuesto 2026.
Pero desde las universidades rechazan la narrativa oficial de una nueva negociación.
“Es todo mentira. Es un operativo de prensa del Gobierno”, afirmó Antonio Rosello, integrante de las mesas ejecutivas de AGD-UBA y de la Conadu Histórica. Según denunció, mientras el Ejecutivo habla de diálogo, acaba de enviar un instructivo salarial con apenas 1,5% de aumento para este mes, sin convocatoria paritaria ni negociación real con los gremios docentes.
El diputado Esteban Paulón también confirmó que el proyecto no es nuevo y que ya había sido formalmente presentado hace tres meses. Según explicó, la discusión parlamentaria quedó congelada cuando comenzaron los movimientos judiciales alrededor de la cautelar universitaria.
El proyecto oficial establece que los fondos del Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” solamente se actualizarán si la inflación anual supera el 14,3%, porcentaje que el propio Gobierno utilizó como base para elaborar el Presupuesto 2026. Además, propone una recomposición salarial escalonada para docentes y nodocentes mediante tres aumentos del 4,1% previstos para marzo, julio y septiembre calculados sobre salarios de diciembre de 2025.
El problema es que esos números ya aparecen completamente desfasados frente a la inflación real.
Los gremios universitarios sostienen que los incrementos otorgados durante enero y febrero quedaron por debajo de la suba de precios de esos mismos meses y remarcan que ni siquiera recuperan la enorme pérdida salarial acumulada durante 2024, uno de los peores años para el poder adquisitivo docente desde el regreso democrático.
Además, el proyecto incluye cláusulas ambiguas sobre futuras convocatorias paritarias.
Aunque el Ejecutivo promete abrir negociaciones colectivas luego de aprobada la norma y mantener reuniones trimestrales, los sindicatos desconfían profundamente de ese compromiso porque hasta ahora el Gobierno viene imponiendo aumentos unilaterales sin acuerdos sindicales.
Otro punto sensible aparece alrededor de los hospitales universitarios.
La propuesta oficial incorpora un esquema especial de financiamiento para estas instituciones mediante una ampliación de partidas del Ministerio de Capital Humano por más de 80 mil millones de pesos destinados a la actividad presupuestaria “Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios”. Sin embargo, incluso dentro del propio Gobierno existen dudas sobre cómo se financiará efectivamente ese esquema y si las partidas ya fueron calculadas de manera realista.
La situación económica de las universidades se deterioró aceleradamente durante los últimos meses.
Rectores, docentes y estudiantes vienen denunciando problemas crecientes para sostener funcionamiento básico, pagos de servicios, investigación científica, becas estudiantiles y mantenimiento edilicio. A eso se suma el fuerte deterioro salarial que atraviesan trabajadores docentes y nodocentes, cuyos ingresos quedaron pulverizados frente a la inflación acumulada.
El conflicto además excede el plano estrictamente presupuestario.
Para gran parte del sistema universitario, la pelea actual se transformó en un símbolo político frente al modelo de ajuste impulsado por Milei sobre educación, ciencia y organismos públicos.
Por eso las marchas universitarias lograron articular no solamente reclamos salariales sino también un amplio respaldo social y político que incluyó estudiantes, investigadores, sindicatos, organismos científicos y sectores de la oposición.
Lejos de descomprimirse, el conflicto parece entrar ahora en una nueva etapa.
La Conadu y la Conadu Histórica ya convocaron a un paro nacional universitario para toda la próxima semana mientras continúan las protestas en distintas facultades del país.
Y mientras el Gobierno intenta mostrar predisposición al diálogo, en las universidades sostienen que el problema sigue siendo exactamente el mismo: ajuste, pérdida salarial y congelamiento presupuestario en uno de los sistemas públicos más importantes de América Latina.
Melina Schweizer
