Melina Schweizer
La estatal Corredores Viales desvinculó a 120 trabajadores de la Ruta Nacional 226 antes del traspaso de la concesión a un grupo privado que implementará peajes automatizados. Los despidos alcanzan a cabinas de cobro, emergencias viales, grúas, mantenimiento y áreas técnicas.
El proceso de privatización de las rutas nacionales impulsado por el gobierno de Javier Milei comenzó a mostrar una de sus consecuencias más inmediatas: la reducción de personal. A pocas semanas de la adjudicación de nuevos corredores viales a empresas privadas, la estatal Corredores Viales avanzó con el despido de 120 trabajadores que se desempeñaban en el tramo de la Ruta Nacional 226 administrado desde el peaje de Hinojo, en el partido bonaerense de Olavarría.
La medida aparece directamente vinculada al cambio de modelo que impulsa la administración nacional para la gestión de la infraestructura vial. El corredor será transferido durante los próximos meses a un consorcio integrado por las constructoras Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco, que obtuvo la concesión por veinte años y prevé incorporar sistemas de cobro automatizado que reducirán significativamente la necesidad de personal en las estaciones de peaje.
Sin embargo, el impacto de la decisión va mucho más allá de quienes trabajaban cobrando tarifas en las cabinas. Los despidos alcanzan también a empleados de asistencia vial, operadores de grúas, personal de soporte técnico, maestranza y trabajadores vinculados a tareas de control y pesaje de cargas.
La medida profundiza la preocupación en Olavarría, una ciudad que viene acumulando pérdidas de empleo en distintos sectores productivos desde el inicio de la gestión libertaria. Según denuncian sectores sindicales y dirigentes políticos locales, los despidos asociados a distintos procesos de ajuste y retracción económica ya superan los 3.000 puestos de trabajo en el distrito durante los últimos dos años.
Los trabajadores afectados recibieron la notificación de que serán indemnizados y cesarán definitivamente sus funciones a fines de junio. Muchos de ellos acumulaban años de experiencia en tareas vinculadas a la seguridad vial y al mantenimiento operativo del corredor.
La decisión se produce en paralelo al avance del nuevo esquema de concesiones diseñado por el Ministerio de Economía. La estrategia oficial apunta a reemplazar progresivamente la gestión estatal por operadores privados y a incorporar tecnologías de telepeaje y cobro automático en gran parte de la red vial nacional.
Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es reducir costos operativos, modernizar la infraestructura y mejorar la eficiencia de los corredores. Sin embargo, la implementación del modelo genera fuertes cuestionamientos por parte de trabajadores, especialistas en transporte y asociaciones de usuarios.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la relación entre las tarifas que deberán pagar los usuarios y las obras efectivamente comprometidas por los nuevos concesionarios.
Diversas entidades vinculadas a la defensa de los usuarios viales vienen advirtiendo que los contratos recientemente adjudicados contemplan escasas inversiones de magnitud durante los primeros años de concesión. Según esas observaciones, gran parte de los trabajos previstos se limitan a tareas de mantenimiento básico, corte de pasto, señalización y bacheo.
La discusión adquiere especial relevancia porque una porción importante de la red vial nacional presenta niveles crecientes de deterioro después de años de insuficiente inversión pública y privada.
En el caso específico de la Ruta 226, los pliegos contemplan intervenciones relativamente limitadas en relación con la extensión total del corredor. Aun así, la instalación de nuevos sistemas de peaje y la ampliación de los mecanismos de cobro aparecen como una de las prioridades centrales del esquema concesionado.
La preocupación también alcanza a los servicios complementarios que históricamente prestaban los trabajadores ahora despedidos. Las áreas de asistencia vial, remolque, emergencias y control de cargas cumplen funciones que exceden la simple administración de peajes y forman parte de los dispositivos de seguridad operativa de las rutas.
Los sindicatos advierten que la automatización puede reducir costos laborales, pero no reemplaza necesariamente la presencia de personal capacitado para responder ante accidentes, emergencias mecánicas o situaciones críticas que ocurren diariamente sobre las rutas nacionales.
Mientras tanto, el proceso continúa avanzando.
La salida de los trabajadores de Corredores Viales constituye uno de los primeros efectos visibles de una transformación estructural que el Gobierno pretende extender a gran parte de la infraestructura vial argentina. Para la Casa Rosada, se trata de una modernización basada en inversión privada y reducción del gasto público. Para los sectores afectados, en cambio, el modelo comienza con despidos masivos, incertidumbre laboral y dudas sobre la calidad de los servicios que recibirán los usuarios.
En ese escenario, los 120 trabajadores de Hinojo se transforman en el símbolo inicial de una privatización que recién empieza y cuyos efectos económicos, sociales y laborales todavía están lejos de conocerse en toda su dimensión.
