GONZALO SCHWEIZER
La industria manufacturera perdió 48.950 puestos de trabajo registrados en un año y acumula 26 meses consecutivos de caída del empleo formal. Desde diciembre de 2023 desaparecieron 364.554 empleos registrados y cerraron 24.978 empresas, mientras el Gobierno sostiene que la economía atraviesa una recuperación.
Mientras el Gobierno celebra la desaceleración de la inflación, la baja del riesgo país y la estabilidad cambiaria, la economía real sigue enviando señales de alarma. El empleo industrial volvió a caer en febrero y confirmó una tendencia que ya no puede explicarse como un ajuste transitorio. La pérdida de casi 49.000 puestos fabriles en apenas un año revela que la crisis productiva se está transformando en un problema estructural, con consecuencias que exceden a las empresas y empiezan a impactar de lleno sobre el tejido social argentino.
Los datos relevados por Industriales Pymes Argentinos (IPA) sobre registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo muestran que la industria manufacturera pasó de 1.187.486 trabajadores registrados en febrero de 2025 a 1.138.536 en febrero de 2026. En términos absolutos desaparecieron 48.950 empleos industriales. La caída alcanza el 4,1% interanual y convierte al sector manufacturero en uno de los principales focos de destrucción laboral de toda la economía.
La cifra adquiere una dimensión todavía más preocupante cuando se observa el comportamiento general del mercado laboral. Durante el mismo período, el total de trabajadores registrados cayó en 108.143 puestos. Esto significa que casi la mitad de todos los empleos formales destruidos en Argentina durante el último año corresponden a la industria manufacturera. En otras palabras: el sector que históricamente generó empleo de calidad, salarios relativamente altos y valor agregado nacional se convirtió en uno de los mayores expulsadores de trabajadores.
Detrás de estos números aparece una discusión mucho más profunda sobre el modelo económico actual. La administración Milei sostiene que la estabilización macroeconómica es condición indispensable para cualquier crecimiento futuro. El problema es que la estabilización se está construyendo sobre una combinación de recesión, caída del consumo, apertura importadora y reducción del gasto público que golpea especialmente a las actividades vinculadas al mercado interno.
La industria argentina depende en gran medida del poder de compra de la población. Cuando los salarios pierden capacidad adquisitiva y las familias reducen consumos básicos, las fábricas venden menos. Cuando venden menos producen menos. Cuando producen menos necesitan menos trabajadores. El proceso es tan simple como devastador.
Por eso la destrucción de empleo industrial no puede analizarse de manera aislada. Ocurre simultáneamente con una caída persistente del consumo masivo, que acumula cinco meses consecutivos de retroceso, una baja histórica en el consumo de carne vacuna, desplomes en ventas de combustibles y un fuerte deterioro del comercio minorista. Todos esos indicadores forman parte de una misma fotografía económica.
El informe de IPA advierte que el empleo formal acumula una pérdida de 364.554 puestos desde diciembre de 2023. La cifra equivale a un promedio de 14.021 empleos destruidos por mes durante 26 meses consecutivos. No se trata de una oscilación normal del ciclo económico ni de una corrección temporal posterior a una crisis. Se trata de una tendencia sostenida que ya empieza a modificar la estructura productiva del país.
Aún más preocupante resulta la desaparición de empresas. Según el relevamiento empresario, desde la llegada de Milei al poder dejaron de existir 24.978 empresas aportantes. Detrás de ese dato hay miles de talleres, comercios, pequeñas industrias, fábricas familiares y emprendimientos que dejaron de producir, invertir o generar empleo. Cada cierre implica no solamente pérdida de puestos de trabajo, sino también destrucción de conocimiento productivo, redes comerciales y capacidad industrial acumulada durante años.
La situación golpea especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Las pymes operan con menor acceso al crédito, menor capacidad financiera y menor margen para absorber caídas prolongadas de ventas. Además enfrentan simultáneamente varios problemas: tarifas más altas, financiamiento caro, caída del mercado interno y competencia creciente de productos importados.
La apertura comercial ocupa un lugar central en esta discusión. Mientras el Gobierno defiende la reducción de barreras a las importaciones como mecanismo para bajar precios y aumentar competitividad, numerosos sectores industriales sostienen que están compitiendo en condiciones profundamente desiguales. Una economía con salarios deprimidos, costos financieros elevados y capacidad ociosa creciente enfrenta enormes dificultades para competir con productos provenientes de países que poseen escalas productivas mucho mayores y estructuras industriales consolidadas.
Los sectores más afectados reflejan precisamente esa vulnerabilidad. Metalurgia, calzado, textiles, línea blanca, materiales para la construcción y buena parte de la industria alimenticia reportan caídas persistentes de ventas y utilización de capacidad instalada. Son actividades intensivas en empleo y estrechamente vinculadas al consumo nacional. Cuando el mercado interno se debilita, son las primeras en sentir el impacto.
El contraste entre economía financiera y economía productiva aparece cada vez más marcado. Mientras el Gobierno exhibe como logros la estabilidad cambiaria, la baja del riesgo país y el ingreso de inversiones vinculadas a energía y minería, las actividades que generan empleo masivo continúan retrocediendo. El crecimiento existe, pero se concentra en sectores específicos como agro, petróleo, gas y minería, que aportan divisas pero tienen una capacidad limitada para absorber mano de obra.
Esa diferencia es clave para entender el momento económico argentino. No toda expansión sectorial se traduce automáticamente en empleo. Un proyecto minero multimillonario puede generar exportaciones extraordinarias con una cantidad relativamente reducida de trabajadores. Una fábrica textil o metalúrgica, en cambio, moviliza cadenas de proveedores, empleo indirecto y actividad local mucho más amplia. Por eso el crecimiento de sectores extractivos no necesariamente compensa la destrucción industrial.
La consecuencia social de este proceso empieza a hacerse visible. Cada empleo industrial perdido representa una familia con menores ingresos, menor consumo y mayor incertidumbre. Cuando la destrucción laboral se vuelve persistente, los efectos se extienden sobre comercios, servicios, municipios y economías regionales enteras. Lo que inicialmente parece un problema sectorial termina convirtiéndose en un problema nacional.
El debate de fondo ya no gira exclusivamente alrededor de la inflación. La pregunta que empieza a atravesar a empresarios, trabajadores y economistas es otra: qué tipo de estructura productiva está emergiendo después del ajuste. Porque una economía puede estabilizar precios y equilibrar cuentas públicas al mismo tiempo que pierde capacidad industrial, empleo formal y tejido empresarial.
Los números del empleo industrial muestran precisamente esa tensión. Mientras la macroeconomía exhibe indicadores que el Gobierno considera exitosos, la economía real sigue destruyendo puestos de trabajo a un ritmo que ya no puede explicarse por factores coyunturales. La estabilidad financiera existe. Lo que todavía no aparece es una recuperación capaz de sostener empresas, proteger empleo y devolver dinamismo al mercado interno. Y esa ausencia empieza a convertirse en uno de los principales desafíos políticos y económicos de la gestión Milei.
