GONZALO SCHWEIZER
Desde el 1° de junio volverán a aumentar las tarifas de luz y gas para millones de hogares. Aunque el Gobierno informa subas finales de 1,5% en electricidad y 2,81% en gas, el incremento se suma a una larga cadena de ajustes que viene reduciendo subsidios y encareciendo el costo de los servicios básicos en un contexto de caída del consumo y pérdida del poder adquisitivo.
La política de ajuste tarifario del gobierno de Javier Milei suma un nuevo capítulo. A partir del 1° de junio, los usuarios residenciales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) recibirán nuevas facturas con aumentos en electricidad y gas, en el marco del proceso de reducción de subsidios y recomposición de ingresos para las empresas energéticas.
Según informó la Secretaría de Energía, el incremento final será de 1,5% para los usuarios de Edenor y Edesur y de 2,81% para los usuarios de Metrogas y Naturgy, aunque detrás de esos porcentajes existen aumentos mayores en algunos componentes de la tarifa.
En electricidad, Edenor aplicará una actualización de 4,75% en el Costo Propio de Distribución (CPD), mientras que Edesur hará lo mismo con una suba de 4,68%. Sin embargo, debido a la composición total de la factura —que incluye generación, transporte, distribución e impuestos— el impacto final para los usuarios residenciales será de 1,5%.
En el caso del gas, la actualización aprobada por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) se traducirá en un aumento promedio de 2,81% en las boletas para los hogares del AMBA y del resto del país.
Aunque los porcentajes puedan parecer moderados frente a los tarifazos aplicados durante 2024 y 2025, llegan en un momento especialmente delicado para la economía doméstica. Los servicios públicos son gastos que las familias no pueden evitar y cada incremento reduce la capacidad de destinar recursos a otros consumos básicos como alimentos, transporte, salud o educación.
El impacto se vuelve todavía más relevante porque coincide con la llegada del invierno, cuando aumenta el consumo de gas para calefacción y se incrementa la demanda eléctrica por el uso de estufas y equipos de climatización. En otras palabras, las facturas suben justo cuando los hogares necesitan consumir más energía.
La decisión forma parte de la estrategia económica impulsada por el ministro Luis Caputo para reducir subsidios y sostener el superávit fiscal. Desde diciembre de 2023, la política energética oficial consistió en trasladar progresivamente a los usuarios costos que anteriormente absorbía el Estado. El resultado fue una de las mayores recomposiciones tarifarias de las últimas décadas.
Mientras el Gobierno destaca la desaceleración de la inflación, las tarifas continúan siendo uno de los rubros que más presión ejercen sobre los presupuestos familiares. El problema es que los salarios todavía no recuperan plenamente el poder adquisitivo perdido durante el ajuste inicial del programa económico, por lo que cada aumento de servicios absorbe una porción creciente del ingreso disponible.
La discusión de fondo es cada vez más evidente: el superávit fiscal se sostiene, en parte, mediante una reducción del gasto en subsidios que termina trasladándose a las facturas que pagan millones de usuarios. Por eso, aunque junio traiga aumentos de 1,5% en luz y 2,81% en gas, el debate económico no pasa solamente por el porcentaje mensual, sino por el peso acumulado que las tarifas tienen hoy sobre el bolsillo de los argentinos.
