Melina Schweizer
El Gobierno eliminó las compensaciones estatales que recibían las empresas de micros por los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, trasplantadas y pacientes oncológicos. El beneficio seguirá existiendo por ley, pero las transportistas advierten que ya comenzaron a restringir cupos y servicios.
El gobierno de Javier Milei avanzó con otro recorte que impacta directamente sobre uno de los sectores más vulnerables del país. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, el Ejecutivo eliminó el régimen de compensaciones económicas que el Estado pagaba a las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados, personas en lista de espera para trasplantes y niños, niñas y adolescentes con cáncer.
La medida fue presentada oficialmente como parte de un proceso de “simplificación normativa” vinculado a la desregulación del sistema de transporte automotor interjurisdiccional. Sin embargo, detrás del lenguaje técnico aparece un cambio concreto: el Estado deja de hacerse cargo de una parte del costo del beneficio y traslada toda la carga financiera a las empresas privadas.
En los papeles, el derecho al pasaje gratuito continúa vigente porque está protegido por distintas leyes nacionales. Pero en la práctica, organizaciones vinculadas a discapacidad, usuarios y fuentes del propio sector transportista advierten que la situación ya empezó a generar restricciones de hecho sobre el acceso a los boletos.
El problema central es económico.
Hasta ahora, las empresas estaban obligadas a entregar los pasajes gratuitos pero recibían una compensación parcial del Estado nacional para cubrir parte del costo operativo. Con la resolución firmada por la Secretaría de Transporte, ese mecanismo desaparece completamente.
El Gobierno sostiene que la desregulación impulsada mediante el Decreto 883/2024 modificó las condiciones estructurales del mercado y que, gracias a la “libertad tarifaria”, las empresas ya tienen herramientas para absorber esos costos dentro de sus propios esquemas comerciales. En otras palabras: el Ejecutivo considera que el sector privado debe financiar por sí mismo un derecho social que hasta ahora compartía con el Estado.
La decisión cayó pésimo dentro de las cámaras empresarias del transporte de larga distancia, que atraviesan una crisis profunda producto de la caída del consumo, la reducción de pasajeros y el incremento brutal de costos operativos. En el sector sostienen que la eliminación de las compensaciones vuelve todavía más inviable sostener cupos gratuitos sin afectar frecuencias, servicios o disponibilidad de asientos.
El conflicto no es nuevo.
Desde la desregulación del sistema de transporte interjurisdiccional impulsada por el gobierno libertario comenzaron a multiplicarse las denuncias de usuarios que no conseguían pasajes gratuitos o encontraban obstáculos crecientes para acceder al beneficio. Las empresas argumentaban que el esquema económico se había vuelto insostenible y que el Estado acumulaba retrasos en los pagos compensatorios.
Esa tensión derivó incluso en intervenciones judiciales.
En noviembre de 2024, el Juzgado Federal N°11 ordenó mantener la gratuidad de los pasajes y sostuvo expresamente que el Estado debía garantizar mecanismos de compensación económica hacia las empresas para asegurar el cumplimiento efectivo del derecho. El fallo señalaba que la desregulación del mercado no podía convertirse en una excusa para restringir derechos protegidos legalmente.
La nueva resolución del Gobierno ignora de hecho ese antecedente judicial.
Y vuelve a colocar el problema sobre un sistema que ya mostraba señales de colapso.
La situación además ocurre en un contexto donde el transporte público sufrió aumentos históricos desde la llegada de Milei a la Casa Rosada. Distintos informes económicos muestran que los boletos de colectivo y transporte interurbano registraron incrementos acumulados de hasta 1545% en algunas jurisdicciones desde diciembre de 2023, mientras que el salario mínimo perdió cerca del 43% de su poder adquisitivo real.
Eso provocó un deterioro muy fuerte en las condiciones de movilidad de los sectores populares.
Según relevamientos citados por especialistas en transporte y organizaciones sociales, las familias de menores ingresos destinan actualmente hasta el 17,3% de sus ingresos mensuales solamente a cubrir gastos de movilidad, cuando a fines de 2023 esa proporción rondaba el 2,6%.
En el caso de personas con discapacidad, el impacto puede ser todavía más grave.
Porque el acceso al transporte no representa solamente una cuestión económica sino también una condición básica para garantizar:
- tratamientos médicos,
- rehabilitación,
- acceso educativo,
- trabajo,
- vínculos familiares,
- y autonomía cotidiana.
Por eso distintas organizaciones vienen denunciando que el ajuste sobre discapacidad ya dejó de ser sectorial y se transformó en una política sistemática de desmantelamiento de derechos.
La eliminación de las compensaciones para transporte se suma a:
- retrasos en pagos a prestadores,
- congelamiento de aranceles,
- deterioro del nomenclador,
- suspensión de programas,
- y caída del poder adquisitivo de pensiones vinculadas a discapacidad.
En paralelo, asociaciones de familiares y prestadores advierten que muchas personas comenzaron a discontinuar tratamientos porque ya no pueden afrontar costos de movilidad, medicamentos o terapias complementarias.
El Gobierno, sin embargo, sostiene otra lógica.
La administración libertaria considera que el sistema de subsidios y compensaciones distorsiona el funcionamiento del mercado y que las empresas deben operar bajo criterios de competencia y autorregulación económica. La desregulación del transporte forma parte precisamente de esa estrategia más amplia de reducción estatal impulsada por Javier Milei desde el inicio de su mandato.
El problema es que el retiro del Estado no elimina automáticamente las necesidades sociales.
Simplemente desplaza el costo.
Y en este caso el impacto recae directamente sobre personas que dependen del sistema de pasajes gratuitos para acceder a servicios esenciales.
Dentro del sector transportista existe además otra preocupación silenciosa: que las empresas empiecen a restringir informalmente la entrega de boletos para reducir pérdidas económicas. Aunque legalmente el beneficio sigue vigente, distintas asociaciones de usuarios denuncian que ya aumentaron:
- las demoras,
- los cupos limitados,
- las negativas administrativas,
- y los obstáculos burocráticos para acceder a los pasajes.
Eso podría derivar en una nueva ola de judicialización. Pero mientras tanto, miles de personas quedan atrapadas en un escenario de incertidumbre donde el derecho existe formalmente aunque cada vez resulte más difícil ejercerlo efectivamente.
La resolución también expone otro aspecto central del modelo económico libertario: la transferencia progresiva de responsabilidades públicas hacia privados o individuos. Bajo la lógica de “libertad de mercado”, el Estado reduce subsidios, elimina compensaciones y se retira de funciones históricas vinculadas a protección social.
El problema es que muchos de esos sistemas no fueron construidos para generar rentabilidad sino para garantizar acceso.
Y cuando esa lógica desaparece, los sectores más vulnerables suelen convertirse en la primera variable de ajuste.
La decisión sobre los pasajes gratuitos vuelve a poner en evidencia esa tensión.
Porque el Gobierno insiste en presentar el recorte como una reorganización técnica o una simplificación administrativa. Pero detrás de esa narrativa aparece otra realidad: el Estado nacional deja de financiar un mecanismo destinado a garantizar movilidad para personas atravesadas por situaciones de enorme vulnerabilidad sanitaria y económica.
Y en un contexto de tarifas disparadas, salarios deteriorados y empresas en crisis, el riesgo concreto es que un derecho protegido por ley termine vaciándose en la práctica aunque continúe existiendo en el papel.
