REDACCIÓN
El programa porteño permitirá refinanciar deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales en mora en hasta 24 meses, con una tasa fija máxima del 35%. La iniciativa fue presentada por Leandro Santoro y finalmente adoptada por el gobierno de Jorge Macri.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incorporó a nueve bancos al Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, una herramienta destinada a hogares que acumularon deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales y ya no pueden sostener el pago de las cuotas.
Banco Ciudad, Santander, ICBC, Supervielle, Credicoop, Comafi, BBVA, Galicia y Banco Piano adhirieron al sistema. La incorporación de estas entidades permitirá ampliar el alcance de una política que depende de la participación voluntaria del sector financiero.
El programa nació de un proyecto presentado por los legisladores opositores Leandro Santoro, Alejandro Grillo y Claudia Neira. Después de una negociación entre la oposición y el Ejecutivo porteño, la Legislatura convirtió la iniciativa en la Ley 6.959, sancionada el 18 de junio.
Aunque Jorge Macri quedó a cargo de su implementación, la propuesta original pertenece al bloque encabezado por Santoro. El acuerdo muestra una escena poco habitual en la política argentina: el oficialismo tomó una iniciativa opositora y la convirtió en política pública frente a una crisis que atraviesa a miles de familias.
Qué deudas podrán refinanciarse
La normativa permitirá refinanciar deudas en mora originadas en tarjetas de crédito y préstamos personales. Los planes podrán extenderse hasta 24 meses y tendrán una tasa fija que no podrá superar el 35% nominal anual.
El trámite deberá realizarse directamente ante alguno de los bancos o entidades financieras adheridas. La medida comprende las deudas registradas hasta el 1.º de junio de 2026 y está dirigida a personas que se encuentren en las situaciones 2 o 3 de la clasificación del Banco Central.
Esto significa que podrán solicitar el beneficio quienes acumulen entre 60 y 180 días de atraso. El programa no está pensado para quienes mantienen sus pagos al día ni para las personas que ya fueron calificadas como deudoras de mayor riesgo.
Los ingresos del grupo familiar deberán ser inferiores a diez salarios mínimos y el pago mensual de las deudas tendrá que representar más del 30% de los ingresos totales del hogar. También se exigirá acreditar domicilio real en la Ciudad de Buenos Aires durante, al menos, los últimos dos años.
Quiénes quedarán excluidos
La ley establece distintas restricciones para evitar que el beneficio sea utilizado por personas con capacidad patrimonial suficiente para cancelar sus obligaciones.
No podrán ingresar quienes sean propietarios de más de un inmueble ni quienes posean vehículos con una antigüedad inferior a cinco años. En este último caso se contempla una excepción cuando el automóvil constituya una herramienta indispensable para trabajar.
También quedarán afuera quienes tengan embarcaciones, aeronaves u otros bienes suntuarios sujetos a registro. La exclusión alcanza a quienes posean activos financieros por un valor superior a la deuda que pretenden refinanciar o hayan comprado moneda extranjera durante el período en el que generaron los compromisos impagos.
Estas condiciones buscan concentrar la asistencia en familias cuyo endeudamiento responde al deterioro de sus ingresos y no a la acumulación patrimonial o a operaciones financieras.
El incentivo para los bancos
Para conseguir la adhesión de las entidades, la Ciudad ofrecerá una reducción del 50% en el impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a los intereses obtenidos mediante estas refinanciaciones.
El beneficio fiscal es la pieza que permitió transformar la ley en un programa operativo. Sin ese incentivo, los bancos no estaban obligados a aceptar una tasa máxima del 35% ni planes de pago de hasta dos años.
La medida representa, por lo tanto, una negociación entre el Estado porteño y el sistema financiero. Los bancos resignan parte de las elevadas tasas que aplican a las deudas en mora, mientras la Ciudad reduce su recaudación sobre los intereses para facilitar los acuerdos.
“El programa es un alivio para la clase media que trabaja, se esfuerza y quiere ponerse al día”, afirmó Jorge Macri al anunciar la adhesión de las nueve entidades.
Endeudarse para llegar a fin de mes
El programa aparece como respuesta al crecimiento de la morosidad y al avance del crédito como mecanismo de supervivencia. Durante los últimos años, miles de hogares comenzaron a utilizar tarjetas, préstamos bancarios y aplicaciones financieras para pagar alimentos, servicios y gastos cotidianos.
En ese contexto, el endeudamiento dejó de estar asociado exclusivamente con la compra de bienes durables o la realización de proyectos personales. Cada vez más familias se endeudan para cubrir necesidades básicas y vuelven a pedir dinero para cancelar obligaciones anteriores.
La acumulación de intereses termina creando una rueda difícil de detener. Cuando una familia ya destina una parte considerable de sus ingresos a pagar cuotas, cualquier aumento de tarifas, pérdida laboral o gasto extraordinario puede provocar el primer incumplimiento. Después aparecen los intereses punitorios, la restricción del acceso al crédito formal y, en muchos casos, el recurso a prestamistas o plataformas con tasas todavía más elevadas.
El programa porteño no elimina las causas económicas del endeudamiento ni reduce el capital original, pero puede ofrecer una salida para quienes quedaron atrapados en vencimientos que crecieron muy por encima de sus ingresos.
La diferencia con el gobierno de Milei
La política implementada en la Ciudad contrasta con la posición asumida por el gobierno de Javier Milei. Ante el aumento de la morosidad, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que se trata de una relación entre privados y descartó una intervención directa del Estado.
Milei fue todavía más explícito: afirmó que a las personas endeudadas “nadie les puso una pistola en la cabeza” para pedir préstamos. La declaración trasladó toda la responsabilidad a los deudores e ignoró que una parte creciente de los créditos se utiliza para cubrir alimentos y servicios esenciales.
La Ciudad eligió otro camino. Fijó condiciones para la refinanciación, ofreció un incentivo fiscal y reunió a los bancos alrededor de un programa público. No se trata de una condonación ni de un subsidio directo: las familias deberán pagar la totalidad de sus obligaciones, aunque con un plazo mayor y una tasa limitada.
La diferencia no es menor. Mientras el Ejecutivo nacional interpreta el endeudamiento como una decisión individual, la ley porteña reconoce que la morosidad masiva constituye un problema económico y social que requiere algún tipo de regulación estatal.
Santoro impulsó el proyecto y Macri se quedó con la ejecución
La iniciativa también deja una lectura política. Santoro consiguió instalar desde la oposición un proyecto dirigido a uno de los sectores más golpeados por la crisis. Jorge Macri negoció su aprobación, asumió la ejecución y ahora presenta la incorporación de los bancos como una respuesta de su gobierno.
Ambos pueden mostrar un resultado. Santoro logró convertir su propuesta en ley y Macri consiguió que nueve entidades se incorporaran al programa. En el centro quedaron las familias endeudadas, cuya situación forzó un acuerdo entre sectores enfrentados.
El alcance real de la medida dependerá ahora de la cantidad de solicitudes aprobadas, de la facilidad de los trámites y de la disposición de los bancos para ofrecer condiciones efectivamente accesibles.
La refinanciación puede impedir que miles de personas queden excluidas del sistema crediticio, pero no resolverá por sí sola la crisis de ingresos que originó las deudas. Ofrece tiempo y reduce la presión financiera, aunque las familias seguirán necesitando salarios que alcancen para vivir sin pedir prestado para llegar al final de cada mes.
Melina Schweizer
