Diputados de distintos bloques impulsaron un proyecto para reducir impuestos, aliviar cargas laborales y facilitar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas. La iniciativa surge mientras miles de pymes cierran sus puertas por la caída del consumo, las importaciones y la recesión.
Un grupo de diputados de distintos espacios de la oposición presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca asistir a las pequeñas y medianas empresas frente a la profunda crisis que atraviesa el sector. La iniciativa propone un paquete de beneficios fiscales, laborales y financieros destinado a evitar nuevos cierres y recuperar el empleo en uno de los segmentos más golpeados por la política económica del gobierno de Javier Milei.
El proyecto, denominado «Régimen Integral de Promoción de las Pymes», fue elaborado por el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot y cuenta con el respaldo de legisladores de Provincias Unidas, el MID, Innovación Federal, Encuentro Federal, Coherencia y otros bloques dialoguistas, entre ellos Martín Lousteau, Miguel Ángel Pichetto, Oscar Zago y Lourdes Arrieta.

Según sus impulsores, la iniciativa busca corregir una de las principales críticas al modelo económico actual: mientras el Gobierno concentra incentivos fiscales en grandes inversiones vinculadas a la minería, la energía y sectores tecnológicos a través del RIGI, las pequeñas y medianas empresas continúan enfrentando una fuerte caída de la actividad, el consumo y la rentabilidad.
Massot sostuvo que las pymes representan cerca del 65% del empleo registrado y alrededor del 42% del Producto Bruto Interno, por lo que consideró imprescindible implementar un «plan de rescate» que las coloque nuevamente en el centro del desarrollo productivo.
Entre las principales medidas, el proyecto propone reducir en un 50% las contribuciones patronales durante tres años para las empresas que incorporen nuevos trabajadores y amplíen su plantilla. También plantea eliminar el impuesto a los débitos y créditos bancarios para el sector, bajar al 20% la alícuota del Impuesto a las Ganancias, garantizar estabilidad fiscal y otorgar incentivos para la reinversión en maquinaria y bienes de capital.
En materia financiera, la iniciativa crea un Sistema Automático de Calificación Crediticia para Pymes, destinado a facilitar el acceso al financiamiento productivo, además de un régimen especial de reestructuración de pasivos que permitiría suspender durante hasta 120 días ejecuciones judiciales, pedidos de quiebra y otras medidas cautelares mientras las empresas negocian su reorganización.
El texto también contempla un régimen extraordinario de regularización de deudas tributarias y la creación de la Agencia Federal Pyme (AFePyMe), un organismo que centralizaría líneas de crédito, asistencia técnica, programas de capacitación y beneficios impositivos para el sector.
La presentación del proyecto llega en un contexto especialmente delicado para la actividad productiva. Diversas entidades empresarias estiman que desde diciembre de 2023 cerraron decenas de miles de pequeñas y medianas empresas y advierten que la apertura de importaciones, el derrumbe del consumo interno, las elevadas tasas de interés y el aumento de los costos operativos continúan deteriorando la competitividad de la producción nacional.
Aunque el proyecto aún deberá atravesar el debate parlamentario, su presentación instala nuevamente una discusión que atraviesa buena parte del Congreso: si el Estado debe concentrar los incentivos en las grandes inversiones o diseñar políticas específicas para sostener al entramado pyme, responsable de la mayor parte del empleo formal en la Argentina.



























