Melina Schweizer
Gustavo Valverde incluyó a “Magallanes, el sur y el Drake” en una reflexión sobre soberanía y presencia militar. Chile presentó una protesta formal y la Cancillería argentina reconoció la vigencia definitiva de los tratados bilaterales. En el Gobierno aseguran que Pablo Quirno pidió su desplazamiento.
Una declaración imprecisa del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, provocó una crisis diplomática con Chile y abrió una discusión dentro del Gobierno sobre su continuidad al frente de la institución militar.
Durante una entrevista en La Fábrica Podcast, Valverde hablaba sobre la importancia estratégica del extremo austral cuando afirmó: “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía”. También sostuvo que Argentina debía reforzar su presencia en la región porque constituye una “llave bioceánica” entre el Atlántico y el Pacífico.
El militar no dijo literalmente que todo el Estrecho de Magallanes perteneciera a la Argentina. Sin embargo, la forma en que agrupó a Magallanes, el pasaje de Drake y el sur dentro de una misma referencia a la soberanía argentina permitió interpretar que estaba formulando un reclamo territorial sobre una vía marítima cuya jurisdicción chilena está reconocida por los tratados vigentes.
Cuando quien habla es la máxima autoridad de una fuerza armada, la ambigüedad deja de ser un simple error de expresión. Una referencia territorial pronunciada por un jefe militar puede ser interpretada por otro Estado como una definición estratégica, incluso cuando no represente formalmente la posición del Gobierno.
Chile presentó una protesta diplomática
La reacción chilena fue inmediata. El canciller Francisco Pérez Mackenna anunció el envío de una nota formal de protesta y afirmó que la soberanía de Chile sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes es “indiscutible”.
El funcionario fundamentó esa posición en el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, suscriptos por ambos países. También reclamó responsabilidad a las autoridades extranjeras para evitar declaraciones capaces de confundir a la población o reabrir controversias territoriales resueltas.
El ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado, se pronunció en el mismo sentido. Señaló que no existe ninguna cuestión pendiente respecto de la soberanía sobre el estrecho y expresó su preocupación por la repetición periódica de afirmaciones procedentes de autoridades argentinas sobre una zona históricamente sensible.
El Estrecho de Magallanes se encuentra bajo soberanía chilena. Argentina posee derechos de navegación garantizados por los acuerdos bilaterales, pero no jurisdicción territorial sobre el paso. El Tratado de 1881 neutralizó además el estrecho y aseguró su libre navegación para las banderas de todas las naciones.
La controversia resulta especialmente delicada por los antecedentes entre ambos países. Argentina y Chile estuvieron cerca de un conflicto armado en 1978 por las islas Picton, Nueva y Lennox, una disputa finalmente resuelta mediante la mediación papal y el Tratado de Paz y Amistad de 1984.
La Cancillería argentina desautorizó la interpretación
Frente a la protesta, la Cancillería argentina difundió un comunicado destinado a contener la escalada. Allí sostuvo que la posición oficial sobre el Estrecho de Magallanes es la establecida por los tratados de 1881 y 1984, instrumentos que el país considera plenamente vigentes y definitivos.
Sin mencionarlo directamente, la declaración corrigió el alcance que podía atribuirse a las palabras de Valverde. El Gobierno reafirmó, en los hechos, que no existe un reclamo argentino de soberanía sobre el estrecho.
El comunicado también destacó el valor estratégico del extremo austral para los intereses argentinos vinculados con las Islas Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida. De esta manera, intentó conservar una parte del argumento militar —la necesidad de atender la región— sin respaldar ninguna reivindicación sobre territorio chileno.
La Argentina tiene razones legítimas para reforzar su presencia en la Patagonia, Tierra del Fuego, el Atlántico Sur y el sector antártico reclamado por el país. También debe vigilar sus recursos naturales, las rutas marítimas y el tránsito entre los océanos. Pero ese objetivo no requiere desconocer los límites acordados con Chile ni introducir dudas sobre una soberanía definida jurídicamente.
El propio comunicado destacó la cooperación bilateral en la Patrulla Antártica Naval Combinada, la protección ambiental y la propuesta conjunta para crear un área marina protegida en la Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridional.
Quirno habría pedido el desplazamiento de Valverde
En medio del conflicto, versiones surgidas desde el Gobierno indicaron que el canciller Pablo Quirno reclamó al ministro de Defensa, Carlos Presti, el desplazamiento de Valverde por haber generado una controversia internacional evitable.
Hasta el momento, ese pedido no fue comunicado oficialmente y tampoco se anunció la destitución del jefe de la Fuerza Aérea. Por lo tanto, corresponde presentarlo como una versión atribuida a fuentes gubernamentales y no como una decisión consumada.
La eventual remoción plantea, además, una discusión institucional. Valverde no formuló una orden militar ni anunció una política de Estado, pero habló públicamente sobre soberanía y despliegue estratégico sin la precisión necesaria para una autoridad de su rango.
La disciplina castrense no se limita al cumplimiento de órdenes. También exige que los jefes militares comprendan que la política exterior es conducida por las autoridades civiles y que cualquier referencia a fronteras, territorios o hipótesis de conflicto puede producir consecuencias diplomáticas.
El episodio también expone una falla de coordinación dentro del Ejecutivo. La Cancillería tuvo que aclarar en un comunicado internacional aquello que una autoridad militar había dejado confuso durante una conversación informal difundida por internet.
Una soberanía que exige precisión
La importancia estratégica del extremo austral no está en discusión. El debilitamiento de la presencia argentina en el Atlántico Sur, la ocupación británica de las Islas Malvinas y la creciente competencia internacional sobre los recursos y las rutas antárticas justifican una política sostenida de defensa.
Pero defender la soberanía argentina no consiste en extenderla retóricamente sobre territorios de un país vecino. Implica fortalecer las capacidades militares y científicas, recuperar infraestructura, custodiar los recursos propios y sostener con coherencia el reclamo sobre las Malvinas.
Valverde pudo haber querido referirse a la región de Magallanes como un espacio estratégico que Argentina debe observar y no como territorio nacional. El problema es que un jefe militar no puede depender de interpretaciones benevolentes cuando habla de fronteras.
Chile respondió como responde cualquier Estado cuando considera cuestionada su integridad territorial. La Cancillería argentina corrigió la ambigüedad y ratificó los tratados. Ahora el Gobierno deberá decidir si el episodio termina con esa aclaración o si la imprudencia le cuesta el cargo al jefe de la Fuerza Aérea.
REDACCIÓN
