Rodolfo Gudino
El 2 de marzo empezaron las clases en Panamá y, en la puerta de varios colegios, a los pibes con trenzas, rastas o cabello natural les pidieron un «certificado de afrodescendencia» para poder entrar. Sin el papel, no hay peinado que valga. La ministra de Educación, que es negra, salió a decir que «algunos estudiantes abusaron» y que hay que respetar «los volúmenes del cabello». Acá, la historia de una discriminación que se disfraza de reglamento.
El 2 de marzo de 2026, mientras los pibes panameños volvían a las aulas después del verano, en la puerta de varios colegios pasó algo que debería haber sido noticia en toda América Latina y no lo fue: a estudiantes con trenzas, rastas, nudos o su cabello natural les pidieron un papel que certifique que son afrodescendientes. Sin ese documento, no podían entrar.
Sí, leíste bien: un certificado de negritud. Como si la melanina se pudiera acreditar con un sello, como si la identidad fuera un trámite que se resuelve en ventanilla, como si el pelo afro fuera una sospecha que hay que despejar con pruebas.
El absurdo tiene nombre: «certificado de afrodescendiente»
La exigencia no viene del Ministerio de Educación. La ministra Lucy Molinar, una mujer negra nacida en Colón, salió rápido a despegarse: «No es el Meduca quien ha pedido certificación de nada». Pero resulta que algunos directores escolares, amparados en reglamentos internos que regulan el «volumen del cabello» y las «normas de convivencia», decidieron por su cuenta que para usar peinados afro hay que demostrar que uno es realmente afro.
La activista Ninna Ottey, del Proyecto Hijas de Alkebulan, lo explica claro: «Este tema del certificado no es nuevo, ya en años anteriores se han recibido denuncias». Y enumera: hay cuatro casos documentados este mismo año, dos en la provincia de Colón (Colegio Abel Bravo), uno en el Colegio de Artes y Oficios y otro en Las Mañanitas, Panamá Este. En todos, la lógica es la misma: el pibe llega con sus trenzas, con su afro, con sus rastas, y el director le dice que no puede entrar a menos que presente un papel que certifique que es negro.
«Mi identidad afro no se certifica»
La respuesta de las organizaciones afropanameñas fue inmediata y contundente. El mismo 2 de marzo, activistas tomaron las aceras frente a la Escuela Carlos A. Mendoza con una campaña que se volvió viral: «Mi cabello afro no se certifica».
El lema resume todo: la identidad afro no se mide por niveles de melanina, no se valida con documentos, no se somete a verificación administrativa. «Viene desde el autorreconocimiento, la historia y la cultura», dice Ottey. Y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras Panameñas fue categórica: no existe ningún trámite ni certificado que valide la afrodescendencia. Sería, directamente, inconstitucional.
Pero las instituciones, cuando quieren discriminar, siempre encuentran la vuelta. Porque el problema de fondo no es el certificado: es que el cabello afro sigue siendo visto como «desorden, falta de higiene, indisciplina o incumplimiento al reglamento». Son los mismos estereotipos de siempre, reciclados con palabras bonitas.
La ministra, el «abuso» y los volúmenes
Y acá viene lo más retorcido del asunto. La ministra Lucy Molinar, que es una mujer negra y debería saber de primera mano lo que duele que te cuestionen el pelo, salió con una declaración que dejó a todos con la boca abierta.
Dijo que «algunas escuelas han pedido el certificado porque algunos estudiantes han abusado un poco del decreto que facilita la expresión cultural». Y agregó: «Hay que entender que las libertades también tienen reglas. Tenemos que atender unas reglas básicas de volúmenes del cabello«.
«Volúmenes del cabello». ¿Quién decide cuál es el volumen aceptable? ¿Con qué criterio? ¿Un afro muy grande ya es «abuso»? La activista Ottey responde con datos: «Las autoridades dicen que los reglamentos están para todos, pero a través de los años hemos comprobado que estas reglas no afectan de la misma manera a una persona con el cabello liso».
El peso de las palabras dichas por quien debería saber
La ministra Lucy Molinar no es una burócrata cualquiera. Es una mujer negra, nacida en Colón, la misma provincia donde dos estudiantes tuvieron que ser acompañados por la Defensoría del Pueblo para poder entrar a clases con sus trenzas. Ella creció en un país donde el 31,7% de la población se reconoce afrodescendiente. Ella sabe, debería saber, lo que significa que te miren el pelo como si fuera una falta.
Sin embargo, cuando llegó el momento de poner el cuerpo, eligió las palabras del manual: «abusaron un poco del decreto», «volúmenes del cabello», «las libertades también tienen reglas».
La activista Ninna Ottey lo atravesó con una precisión quirúrgica: «Las autoridades dicen que los reglamentos están para todos, pero a través de los años hemos comprobado que estas reglas no afectan de la misma manera a una persona con el cabello liso».
Molinar es el caso más doloroso del racismo estructural: aquel en el que la víctima termina administrando el mismo sistema que la victimizó. No por maldad, quizás, sino porque el sistema está tan bien aceitado que convence a los propios de que las reglas son neutras, universales, justas. Hasta que un pibe con trenzas se para en la puerta de la escuela y descubre que su cuerpo, otra vez, está en falta.
Las trenzas tienen historia (y la ley también)
Lo más grotesco de todo es que en Panamá existe, desde marzo de 2023, el Resuelto N.° 887-AL que prohíbe explícitamente la discriminación por razones étnicas o culturales en los centros educativos y protege el uso del cabello natural, los peinados afro, las trenzas, los twists y los turbantes.
Y también existe, desde 2012, el Día de las Trenzas, que se celebra el tercer lunes de mayo. Se estableció después de que varios colegios prohibieran la entrada a niñas que llevaban el pelo trenzado bajo la excusa de que eran «peinados exóticos».
O sea: hace 14 años que vienen luchando contra esto. Hace 3 años que hay una norma que lo prohíbe. Y sin embargo, las denuncias siguen. Porque el racismo no se resuelve con un papel, aunque paradójicamente ahora estén pidiendo un papel para certificar que uno no es racista.
La voz que explota: Franklyn Robinson y el «emberraque»
Entre tanto comunicado institucional y declaración cuidadosa, apareció la voz de Franklyn Robinson, periodista y empresario panameño, que explotó en redes sociales con una sinceridad que debería ser contagiosa.
«El cabello afro no es rebeldía. No es falta de higiene. No es indisciplina. Es identidad. Es historia. Es cultura«, escribió.
Y siguió: «Que algo siempre haya sido así no significa que siempre haya estado bien». Apuntó contra las frases hechas que se usan para justificar la discriminación: «Es que en mis tiempos…», «Es que ahora todos son afros…», «Es que los piojos…», «Es que ahora se sienten por esa tontería…».
Robinson, que no es activista profesional sino un tipo que labura en medios, puso el dedo en la llaga: muchos de los que opinan sobre el cabello afro y lo vinculan con disciplina o normas escolares son personas que nunca han llevado ese tipo de cabello en su vida.
Lo que dice la calle (y la Constitución)
Mientras las autoridades discuten, los pibes la sufren. Alice, una estudiante de décimo grado del Instituto Rubiano, lo resumió con una simpleza que debería avergonzar a todos los adultos: «Si una persona dice que es de tal etnia, no deberían molestarla por expresar su cabello naturalmente. Es algo que forma parte de su raza y de sus genes; no debería cambiarlo porque alguien más se lo diga».
Alice contó que en un colegio donde estudió antes, en San Miguelito, sí pedían algún tipo de documento para respaldar la identidad afro. «Sinceramente, me parece una tontería», dijo.
Ligia Grenard, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras, explicó por qué es inconstitucional: la población panameña es resultado de mezclas históricas que incluyen herencias africanas, indígenas y europeas. Hay «desde las más claras hasta las más oscuras». No existe una forma válida de certificar que una persona es afrodescendiente. «Es tu historia, tu familia y tu identidad lo que define quién eres».
El dato que rompe el argumento
Panamá tiene 4.2 millones de habitantes. Según el censo de 2023, el 31,7% de la población se reconoce como afrodescendiente. Casi un tercio del país. Y a ese tercio, en las puertas de las escuelas, le piden que demuestre que es negro para poder usar su propio pelo.
Lo que no dice la ministra, lo que no dicen los directores que exigen el certificado, es que el problema no es el volumen. No es el reglamento. No es el «abuso». El problema es que el cuerpo negro sigue siendo, como escribió Frantz Fanon hace más de medio siglo, «un cuerpo rodeado por una atmósfera de incertidumbre».
Esa incertidumbre es la sospecha permanente. La necesidad de justificar la presencia. La exigencia de demostrar que uno es lo que dice ser. Y cuando una escuela pide un certificado de afrodescendencia para permitir un peinado natural, está activando exactamente esa lógica: el cuerpo negro no es evidente, es cuestionable. Debe probarse.
Redoblante
La campaña «Mi cabello afro no se certifica» recuerda un derecho que no debería necesitar recordarse. La identidad de una persona no es un trámite. Su herencia no es un expediente. Su cuerpo no necesita aval institucional para existir.
Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo de Panamá ya acompañó a los dos estudiantes de Colón que denunciaron discriminación. Uno de ellos logró entrar a clases con su cabello afro, aunque todavía no aparece en la lista oficial. Sigue yendo igual.
En Argentina, mientras tanto, seguimos discutiendo si hay negros o no. Si existieron, si fueron borrados, si merecen estar en los libros de historia. Y allá, en Panamá, los negros existen tanto que hasta les piden certificado.
Pero bueno, ya se sabe: el racismo no entiende de geografía. Solo de poder.
Nos leemos pronto.
REDACCIÓN
Jorge R. Schweizer
