CONCHITA PRETA
Aunque dejó la Jefatura de Gabinete, Manuel Adorni seguiría usando custodia policial y un vehículo oficial. La diputada Marcela Pagano lo denunció por presunto uso indebido de recursos públicos y ahora la Justicia deberá averiguar si el Estado también entrega «planes de exfuncionario».
En la Argentina hay funcionarios que renuncian al cargo y entregan las llaves de la oficina. Después está Manuel Adorni, que parece haber interpretado que dejar el Gobierno no implica necesariamente abandonar los beneficios del Gobierno. Porque una cosa es irse del despacho y otra muy distinta es bajarse del auto oficial.
La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue por qué el ex jefe de Gabinete seguiría utilizando custodia de la Policía Federal y un vehículo oficial, a pesar de haber dejado su cargo. Según la presentación, el Estado estaría financiando la seguridad y los traslados de alguien que, desde el momento de su renuncia, volvió a ser un ciudadano común. O al menos eso dice la Constitución; la realidad parece manejar otro reglamento.
El argumento para sostener semejante privilegio serían supuestas amenazas. El pequeño detalle es que, según la denuncia, esas intimidaciones no habrían sido formalmente denunciadas ante la Justicia ni existiría, hasta el momento, un acto administrativo que justifique semejante despliegue. Es decir, la custodia existiría, pero el expediente estaría jugando a las escondidas.
La causa cayó en el juzgado de Julián Ercolini y apunta no sólo contra Adorni sino también contra quienes habrían autorizado que patrulleros, policías y vehículos del Estado siguieran funcionando como si el funcionario jamás hubiera abandonado el cargo. Porque cuando la motosierra pasa por jubilados, universidades o científicos lo hace con una precisión quirúrgica; ahora, cuando tiene que acercarse a ciertos privilegios del poder, parece convertirse en una bordeadora sin nafta.
No es la primera vez que el ex vocero queda envuelto en polémicas por el uso de recursos públicos. Mientras la Justicia investiga el presunto enriquecimiento ilícito y el uso de tarjetas de crédito ajenas para gastos personales, ya habían trascendido versiones sobre vehículos oficiales utilizados para actividades privadas y custodios ocupados en tareas bastante alejadas de proteger la seguridad nacional.
La denuncia habla de posibles delitos como peculado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La investigación recién comienza y rige plenamente la presunción de inocencia, por lo que será la Justicia quien determine si existieron irregularidades o si la continuidad de esos recursos tenía respaldo legal.
Mientras tanto, la imagen resulta difícil de ignorar. El Gobierno que convirtió el ajuste en religión y repitió hasta el cansancio que «no hay plata» parece haber encontrado una excepción bastante curiosa: plata para custodiar a quien ya no ocupa ningún cargo.
Porque en esta nueva Argentina los privilegios, al parecer, no siempre terminan con la renuncia.
A veces simplemente cambian de acompañante en el asiento de atrás.
