CONCHITA PRETA
Tras la condena al excapitán de navío Claudio Villamide por el hundimiento del ARA San Juan, sectores de la Armada impulsan el regreso del Código de Justicia Militar para que las responsabilidades castrenses vuelvan a ser analizadas por tribunales militares y no por la Justicia ordinaria. Cuando el fallo no gusta, siempre aparece la tentación de cambiar al árbitro.
Hay una vieja costumbre argentina que atraviesa gobiernos, ideologías y uniformes: cuando la Justicia dicta una sentencia incómoda, en lugar de discutir la conducta, se discute al juez.
Ahora parece que esa tradición también navega bajo bandera de guerra.
La condena al excapitán de navío Claudio Villamide por el hundimiento del ARA San Juan abrió un debate que trasciende el expediente judicial. En sectores de la Armada comenzó a tomar fuerza una idea que parecía archivada junto con los viejos manuales de la dictadura: recuperar el Código de Justicia Militar para que los militares vuelvan a ser juzgados por tribunales militares y no por jueces civiles.
La explicación que circula puertas adentro es técnica. Sostienen que un magistrado civil no comprende la lógica del mando, la cadena de responsabilidades ni las decisiones operativas propias de una fuerza armada. Según esa mirada, el fallo genera un precedente peligroso porque podría condicionar la autoridad de los comandantes sobre sus subordinados.
Pero fuera de los cuarteles la discusión suena bastante distinta.
Porque cuando una institución propone crear un sistema especial para juzgarse a sí misma después de una condena, inevitablemente aparece una pregunta incómoda: ¿se busca una Justicia especializada o una Justicia más amigable?
No deja de llamar la atención el momento elegido. El reclamo no surgió antes del juicio, ni durante la investigación, ni cuando se discutían responsabilidades por la tragedia que costó la vida de 44 submarinistas. Aparece justo después de conocerse una sentencia que no conformó a parte de la institución.
Es como perder una final por penales y concluir que el verdadero problema fue el reglamento.
El Código de Justicia Militar fue derogado en 2008 como parte de una reforma destinada a fortalecer el control civil sobre las Fuerzas Armadas y adecuar el sistema argentino a estándares internacionales en materia de derechos y garantías procesales. Desde entonces, los delitos comunes cometidos por militares son juzgados por la Justicia ordinaria.
La discusión jurídica es legítima y puede darse. Lo que resulta más complejo es el mensaje político. Porque en un país donde todavía resuenan las heridas del terrorismo de Estado, plantear que los militares vuelvan a ser juzgados por militares inevitablemente despierta fantasmas que la democracia creyó haber dejado atrás.
Nadie discute que la profesión militar tiene particularidades que un civil puede desconocer. Lo que sí se discute es si esas particularidades justifican construir un sistema judicial paralelo cada vez que una sentencia incomoda a la institución.
La tragedia del ARA San Juan sigue siendo una herida abierta para las familias de los 44 tripulantes. Ellas esperaron años para llegar a un juicio y obtener una respuesta judicial, aunque fuera parcial. En ese contexto, el debate sobre quién debe juzgar a los responsables no puede perder de vista a quienes nunca volvieron a emerger.
Porque la confianza en las instituciones no se fortalece cuando cada corporación pide su propio tribunal.
