Mientras endurece los controles para la inmigración humilde y convierte al extranjero pobre en un problema de seguridad, el Gobierno analiza vender la ciudadanía argentina a quienes inviertan entre 500 mil y un millón de dólares. Al final, Migraciones parece haber sido reemplazada por una caja registradora y la patria empezó a cotizar en moneda estadounidense.
Finalmente quedó claro que el problema nunca fue la inmigración. El problema era la pobreza. Si llegás escapando del hambre, de una crisis o buscando trabajo, te reciben con formularios, sospechas, discursos sobre la seguridad nacional y promesas de expulsión exprés. Ahora, si aterrizás en Ezeiza con un millón de dólares debajo del brazo, la alfombra roja ya no conduce a la sala VIP: conduce directamente al Registro Nacional de las Personas.
Según reveló el Financial Times, el Gobierno de Javier Milei estudia lanzar un programa para entregar la ciudadanía argentina a extranjeros que inviertan entre 500 mil y un millón de dólares. Es decir, el mismo Estado que hace meses descubrió que los migrantes pobres eran la madre de todos los males, ahora parece haber descubierto que los migrantes ricos son una bendición enviada por el mercado.
La patria cambió de precio.

Durante meses nos explicaron que había que defender las fronteras de quienes venían a «aprovecharse» de la salud pública, de la universidad o de los servicios del Estado. Resulta que el problema no era venir a usar el hospital. El problema era no venir con la billetera suficientemente inflada. Porque el extranjero que limpia vidrios genera sospechas; el que compra bonos soberanos genera entusiasmo. Uno recibe un control migratorio; el otro, si todo sale bien, un DNI premium con aroma a inversión extranjera directa.
La lógica libertaria alcanza así una belleza conceptual difícil de superar. El albañil boliviano, el costurero paraguayo o el vendedor ambulante senegalés pasan a ser un riesgo para la Nación. El magnate que jamás vivirá en Argentina, no hablará español y probablemente no sepa ubicar Formosa en un mapa, podría convertirse en compatriota honorario apenas complete la transferencia bancaria. Parece que el examen de ciudadanía ya no consiste en integrarse al país sino en superar el límite diario del banco.
Ni siquiera hace falta disimular la contradicción. Mientras Europa empezó a cerrar los llamados «pasaportes dorados» por los riesgos de lavado de dinero, corrupción y seguridad, acá decidieron que, si el mundo deja de vender ciudadanía, alguien tiene que cubrir ese nicho de mercado. Siempre hubo países exportadores de soja, petróleo o litio. Nosotros podríamos especializarnos en exportar argentinidad en formato ejecutivo.
Lo más gracioso es que hace apenas unos meses el relato oficial aseguraba que el Estado estaba quebrado porque atendía extranjeros en hospitales públicos. Ahora parece que el mismo Estado necesita tanto los dólares que hasta estaría dispuesto a plastificar la identidad nacional y convertirla en una promoción financiera. La patria ya no se hereda, no se construye y casi ni se habita.
Se financia.
La ironía es perfecta. El Gobierno que convirtió la inmigración humilde en un problema policial está a punto de transformar la inmigración millonaria en un negocio. A unos les promete deportaciones; a otros, ciudadanía exprés. A unos les revisa la mochila; a otros apenas les pide el comprobante de la transferencia.
Al final no era «el que las hace las paga».
Era «el que la paga, la hace».
Y parece que, desde ahora, también puede hacerse argentino.



























