Jorge R. Schweizer
El senador nacional Luis Juez soltó la lengua y dijo lo que muchos cordobeses piensan pero no se animan a gritar. En una entrevista con Radio Rivadavia, el legislador cordobés calificó a la dirigencia política de su provincia como una “banda de mafiosos” que lleva 28 años enquistada en el poder, con un “nivel de impunidad e inmunidad absoluto” . Y fue más lejos: vinculó a Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, con una red de “reclutamiento de adolescentes” que operaba en “suburbios inmundos sostenidos con habilitaciones truchas de parte del poder político” .
Juez no habló por hablar. Habló con los datos sobre la mesa. El jueves 4 de junio, la Justicia detuvo a un segundo sospechoso: Osvaldo Fassetta, de 47 años, un hombre que vivía en una habitación que Barrelier le había prestado en su casa del barrio Cofico . Fassetta fue imputado por “encubrimiento agravado”. En una entrevista con Noticiero Doce, antes de ser detenido, Fassetta confesó que la noche del crimen Barrelier le pidió que pidiera un Uber desde la casa hacia el complejo donde él juega al fútbol. Dijo que Agostina estaba con su madre y su hermano de 7 años. Dijo que la adolescente le pidió a Barrelier su número de teléfono. Dijo que todo fue “normal”. Dijo demasiado.
La ruta de la impunidad
Juez fue claro: “Los jueces son punteros políticos más que administradores de justicia” . La frase es una bomba. No es una exageración. Es la constatación de un sistema donde el poder político y el poder judicial se confunden hasta ser indistinguibles. Donde las habilitaciones truchas, los negociados nocturnos y las redes de trata de menores se mueven con la venia de los que mandan. Donde un tipo como Barrelier, con antecedentes por privación ilegítima de la libertad, pudo entrar a la Municipalidad, pudo ser barra brava de Instituto, pudo recibir menores en su casa durante años sin que nadie moviera un dedo.
El senador cordobés advirtió que la provincia se convirtió “en un territorio sin control” y que el principal acusado por el crimen de Agostina es solo la punta visible de “una red delictiva más amplia y protegida” . La declaración de Fassetta, lejos de aclarar el panorama, lo complica aún más. Porque si había testigos aquella noche, si la madre estaba presente, si el hermano de 7 años también, entonces ¿por qué nadie denunció antes? ¿Por qué la Justicia actuó recién cuando el cuerpo apareció descuartizado en un descampado?
La intendencia en la mira
Juez cargó con munición pesada contra la intendencia de la ciudad de Córdoba, a la que definió como una “banda de mafiosos” que se “adueñó de la provincia” . La acusación no es gratuita. La Municipalidad de Córdoba es la misma que contrató a Barrelier como becario en 2021, que lo mantuvo en el área de Tránsito a pesar de sus antecedentes, que lo ascendió a planta permanente en 2026, días antes del crimen. Es la misma Municipalidad donde el concejal Ricardo Moreno, jefe de las 62 Organizaciones Peronistas y padrino político de Barrelier, sigue en funciones sin que nadie le pida explicaciones. Es la misma Municipalidad donde el intendente Daniel Passerini, sucesor de Martín Llaryora, no revisó los legajos de los empleados municipales.
Juez fue más allá: vinculó a Barrelier con “suburbios inmundos sostenidos con habilitaciones truchas” . La referencia a los boliches bailables, a los locales nocturnos que funcionan con la cobertura del poder político, es un guiño a una trama que la Justicia cordobesa nunca quiso investigar en serio. La trata de menores, la explotación sexual, el reclutamiento de adolescentes para la prostitución son un negocio millonario en el país. Y Córdoba no es la excepción. Es la regla.
El silencio del gobernador
El gobernador Martín Llaryora, que fue intendente de Córdoba cuando Barrelier ingresó a la Municipalidad, y el gobernador actual, siguen sin dar explicaciones. No respondieron las preguntas de la oposición. No se presentaron a la interpelación que la oposición pidió en el Concejo Deliberante. No explicaron cómo un hombre con antecedentes penales pudo entrar a la administración pública. No explicaron por qué siguió trabajando allí después de la denuncia por secuestro. No explicaron por qué nadie controló sus antecedentes.
Llaryora prometió recursos. Prometió colaboración. Prometió justicia. Pero las preguntas, las que todos los cordobeses se hacen, siguen sin respuesta. ¿Por qué Barrelier era empleado municipal? ¿Quién lo protegió? ¿Por qué la Justicia no lo detuvo antes? ¿Por qué Fassetta, su inquilino y cómplice, recién fue detenido una semana después del hallazgo del cadáver?
Luis Juez habló. Dijo lo que muchos cordobeses piensan pero no se animan a gritar. Dijo que Córdoba es una provincia feudal, gobernada por una banda de mafiosos que lleva 28 años en el poder, con jueces cómplices y una policía que mira para otro lado. Dijo que Barrelier no es un lobo solitario, sino un eslabón de una red de reclutamiento de adolescentes que opera con la venia del poder político. Dijo que los negocios nocturnos, las habilitaciones truchas y la trata de personas son parte del mismo sistema de corrupción que permitió que Agostina Vega entrara a la casa de un empleado municipal con antecedentes penales y nunca volviera a salir.
La pregunta no es si Juez tiene razón. La pregunta es por qué nadie lo escuchó antes. Por qué los medios nacionales tardaron semanas en cubrir el caso. Por qué la Justicia federal no intervino. Por qué el gobierno nacional, que tanto habla de lucha contra la corrupción, no movió un dedo para investigar los vínculos entre el poder político cordobés y las redes de trata de menores.
Mientras tanto, Agostina sigue muerta. Barrelier preso. Fassetta detenido. El concejal Moreno en su banca. El gobernador Llaryora en su despacho. Y los jueces cordobeses, esos que Juez definió como “punteros políticos”, siguen actuando como si nada hubiera pasado. La banda de mafiosos sigue intacta. Y los reclutadores de adolescentes, también.
Melina Schweizer
