Rodolfo Gudino
Federico Sturzenegger, el ministro de la motosierra aplicada al mundo del trabajo, reglamentó la Ley de Modernización Laboral y puso en marcha una bomba de tiempo. Desde este lunes, la Secretaría de Trabajo intimará a empresarios y dirigentes sindicales para renegociar 150 convenios colectivos que están vencidos. La excusa es que los acuerdos están desactualizados, que algunos fueron firmados “hace más de 50 años, vencidos y por partes que en muchos casos no existen”, según palabras del propio Sturzenegger.
El objetivo real es otro: dinamitar el principio de ultraactividad, la garantía que sostiene la vigencia de un convenio colectivo aun después de vencido, hasta que sea reemplazado por uno nuevo. En la práctica, evitaba que los trabajadores perdieran derechos adquiridos si las negociaciones se estancaban. Ahora, si las partes no se ponen de acuerdo, las cláusulas “obligacionales” (como las cuotas solidarias, los aportes especiales y las contribuciones a las obras sociales sindicales) se caen al vencimiento. Los trabajadores se quedan sin respaldo. La CGT, que recién ahora parece despertar de su siesta, lo advirtió: “Precarización y aniquilación de los derechos”.
La motosierra contra los sindicatos
La reforma laboral que el gobierno de Javier Milei aprobó a los ponchazos no solo toca los bolsillos de los laburantes. Ataca de lleno el corazón financiero y político del sindicalismo. Las cuotas solidarias, que los gremios descuentan de los sueldos para financiar sus estructuras y sus cajas, peligran. Los convenios de empresa podrán pactarse por fuera del alcance de los grandes gremios, debilitando su poder de negociación. La creación de sindicatos de empresa se facilitará al límite: se baja el umbral de afiliación requerido del 20% al 5%.
Sturzenegger quiere atomizar el poder sindical para que ningún dirigente pueda pararle el carro a una empresa multinacional que quiera bajar sueldos o alargar jornadas. La reforma fija la supremacía de los convenios de ámbito menor (como los acordados a nivel de empresa) sobre los de actividad, incluso si resultan menos favorables para los trabajadores. Es la consagración de la ley del embudo: lo ancho para el empresario, lo angosto para el laburante.
La movilidad jubilatoria y el curro de los aportes
La CGT, a través de su abogado Gustavo Ciampa, advirtió que con esta reforma “le sacarán parte de los recursos que van destinados al pago de jubilaciones y pensiones para subsidiar a las empresas que despidan sin causa”. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) es la máquina de disfrazar el desempleo. El empleador aporta una parte, el trabajador otra. Pero si la empresa quiebra o el empleador no pone la guita, el fondo queda vacío. Y el laburante, con la indemnización en la mano pero sin un mango.
El “salario dinámico” y la muerte del sueldo fijo
El artículo 104 bis de la reforma permite “otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables”. En criollo: el salario puede subir o bajar según el mérito personal del trabajador, la situación de la empresa o el precio del petróleo. El sueldo se convierte en un variable de ajuste. Si la empresa tiene un mal mes, el laburante come menos. Si el jefe tiene un capricho, el empleado pierde el aguinaldo.
El propio gobierno admite que esta “innovación” permitirá “abandonar los aumentos salariales por inflación”. O sea: que la inflación se coma el sueldo sin que nadie pueda reclamar. Los trabajadores quedarán a merced de la buena voluntad del empleador y la rentabilidad de la empresa.
El subsidio al transporte: el parche que no tapa el desangre
La reglamentación habilita el “reintegro con comprobantes de las sumas que resulten por el uso por parte del trabajador del transporte público”. El empleador le devuelve la plata del boleto. Pero eso no es salario. No cuenta para la jubilación, no cuenta para el aguinaldo, no cuenta para la indemnización. Es un parche para que el laburante gaste su sueldo en llegar al trabajo y no le quede nada para vivir.
Sturzenegger dice que la reforma va a generar empleo. Los empresarios dicen que van a invertir. La CGT dice que va a defender los derechos de los trabajadores. Los hechos, por ahora, muestran otra cosa.
Los convenios vencidos se caen. Las cuotas solidarias peligran. Los sueldos se vuelven variables. Los gremios se debilitan. Los trabajadores, más solos que nunca. La motosierra de Milei no solo corta el gasto público. Corta los derechos adquiridos. Corta la estabilidad laboral. Corta la capacidad de negociación de los que menos tienen.
Y mientras la CGT se prepara para una nueva marcha, los 150 convenios que el gobierno quiere renegociar son solo el principio. Quedan más. Muchos más. Y cada vez que se cae uno, se pierde un pedazo de la historia del movimiento obrero argentino. El gobierno lo sabe. Y por eso no para.
Melina Schweizer
REDACCIÓN
