Melina Schweizer
Estudiantes del Pellegrini y el Nacional Buenos Aires iniciaron tomas en medio del paro universitario nacional. Denuncian renuncias masivas de docentes, crisis edilicia y vaciamiento presupuestario mientras el Gobierno sigue sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
El conflicto universitario escaló esta semana hacia uno de los territorios más simbólicos de la educación pública argentina: los colegios preuniversitarios de la UBA. Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini resolvieron iniciar tomas estudiantiles en rechazo al ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei sobre universidades y escuelas dependientes de instituciones públicas de educación superior. La medida se produce en simultáneo con el paro nacional docente universitario y una nueva jornada de clases públicas frente al Palacio de Tribunales.
La decisión fue votada en asambleas realizadas en los tres turnos de ambas instituciones y refleja un nivel de conflictividad que ya excede el reclamo salarial universitario para transformarse en una crisis estructural sobre condiciones educativas, infraestructura y salud mental dentro de algunas de las escuelas más prestigiosas del país.
“El colegio se cae a los pedazos”, resumió Tomás Aparisi, integrante de la agrupación estudiantil Punto de Fuga del Pellegrini, al describir el escenario interno que atraviesa la institución. Según denunció el estudiante, durante los primeros meses de 2026 ya renunciaron 27 docentes por los bajos salarios y el deterioro de las condiciones laborales.
Pero el problema no se limita a la pérdida de profesores. Los estudiantes describen un deterioro edilicio severo:
- aulas con goteras,
- paredes rotas,
- techos dañados,
- y sectores donde “literalmente se puede ver el cielo” desde el interior de las aulas.
La situación impacta especialmente porque tanto el Pellegrini como el Nacional Buenos Aires funcionan históricamente como emblemas del sistema educativo público argentino, con fuerte reconocimiento académico nacional e internacional. Precisamente por eso, el conflicto adquiere un peso político mayor: incluso instituciones consideradas “de elite” dentro de la educación estatal empiezan a mostrar síntomas visibles de vaciamiento operativo.
Los estudiantes sostienen que el deterioro ya atraviesa todos los niveles de funcionamiento institucional. Uno de los puntos más delicados aparece alrededor de salud mental.
Según denunciaron desde el Pellegrini, durante 2026 renunció el 50% del cuerpo de psicólogos de la institución debido a la precarización salarial y la crisis presupuestaria. Eso dejó prácticamente desarticulados espacios de acompañamiento estudiantil en un contexto especialmente sensible para adolescentes atravesados por:
- crisis económicas familiares,
- consumos problemáticos,
- situaciones de violencia,
- y problemas de salud mental agravados después de la pandemia.
“Un estudiante que tiene problemas familiares o personales queda totalmente a la deriva”, señalaron desde el movimiento estudiantil. La advertencia no es menor. Durante los últimos años distintas investigaciones académicas y relevamientos sanitarios detectaron un fuerte aumento de cuadros de ansiedad, depresión y sufrimiento psíquico entre adolescentes y jóvenes.
El conflicto además ocurre en medio de una escalada nacional del enfrentamiento entre el Gobierno y el sistema universitario público. Esta semana comenzó un nuevo paro nacional docente que se extenderá hasta el sábado impulsado por federaciones universitarias como Conadu y Conadu Histórica. Las organizaciones reclaman:
- recomposición salarial,
- actualización presupuestaria,
- aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario,
- y cumplimiento de fallos judiciales vinculados al financiamiento educativo.
La protesta se profundizó después de la masiva Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo, que reunió cientos de miles de personas en distintas ciudades del país y expuso el nivel de rechazo social al ajuste sobre educación superior.
Sin embargo, el gobierno de Milei mantuvo hasta ahora la misma línea política desfinanciamiento,
congelamiento presupuestario y confrontación abierta con universidades públicas.
En paralelo al paro, docentes universitarios realizaron clases públicas frente al Palacio de Tribunales bajo la consigna “Señores jueces, que Milei cumpla la ley”, en referencia a la judicialización del financiamiento universitario aprobado previamente por el Congreso. El eje del conflicto es la negativa del Gobierno a ejecutar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada legislativamente y respaldada por distintos fallos judiciales.
Para estudiantes y docentes, el problema ya dejó de ser solamente presupuestario. Lo que describen es un proceso de desgaste progresivo que empieza a vaciar:
- planteles docentes,
- equipos de orientación,
- investigación,
- infraestructura,
- y capacidad operativa de instituciones públicas.
La radicalización de las medidas estudiantiles refleja precisamente esa percepción. Las tomas del Pellegrini y el Nacional Buenos Aires recuperan además una tradición histórica de movilización secundaria ligada a conflictos educativos y defensa de la universidad pública. Ambos colegios mantienen históricamente una fuerte cultura política estudiantil y participaron activamente de distintos procesos de protesta desde la recuperación democrática. Pero esta vez el conflicto aparece atravesado por un contexto económico particularmente agresivo:
- caída salarial,
- inflación,
- ajuste estatal,
- y deterioro acelerado de financiamiento educativo.
Dentro de las propias escuelas existe además otra preocupación silenciosa la continuidad del éxodo docente. Muchos profesores universitarios y preuniversitarios comenzaron a abandonar cargos por la pérdida brutal del poder adquisitivo frente a la inflación. Las universidades vienen denunciando desde hace meses que numerosos salarios quedaron por debajo de líneas de pobreza o extremadamente cerca de ellas.
Eso genera problemas crecientes para sostener:
- materias,
- horarios,
- tutorías,
- investigación,
- y continuidad pedagógica.
En el caso de los colegios preuniversitarios, el impacto es todavía más visible porque las instituciones dependen directamente del funcionamiento presupuestario universitario.
El conflicto también aparece atravesado por un clima social cada vez más tenso dentro de escuelas secundarias. Durante abril, el Pellegrini recibió amenazas e intimidaciones vinculadas a discursos de odio y violencia política, lo que obligó a activar protocolos institucionales de protección y contención.
La combinación de:
- deterioro presupuestario,
- crisis emocional adolescente,
- polarización política,
- y vaciamiento institucional,
empieza a construir un escenario extremadamente delicado dentro del sistema educativo.
Por eso las tomas estudiantiles funcionan también como síntoma de algo más profundo la percepción creciente de que el ajuste sobre educación pública ya no afecta solamente números presupuestarios sino condiciones materiales concretas de enseñanza, contención y permanencia escolar.
Y el dato políticamente más sensible para el Gobierno es que esa percepción empieza ahora a expandirse hacia generaciones mucho más jóvenes. Porque el conflicto universitario dejó de estar contenido dentro de facultades o gremios docentes.
Y empezó a instalarse también entre estudiantes secundarios que ven cómo sus escuelas pierden docentes, psicólogos, infraestructura y recursos mientras el Estado nacional continúa avanzando con recortes sobre el sistema educativo público.
REDACCIÓN
