REDACCIÓN
Rodrigo Gómez tenía 21 años, era soldado voluntario del Ejército y estaba de guardia en la Quinta de Olivos cuando su vida se convirtió en una pesadilla. A través de una aplicación de citas, una banda de presos que operaba desde cárceles bonaerenses lo engañó con un perfil falso de una adolescente, lo amenazaron con denunciarlo por pedófilo y lo exprimieron económicamente hasta dejarlo sin un peso. En una hora y media transfirió $1.413.000 que pidió prestado a sus compañeros y a aplicaciones de préstamos. Horas después, se quitó la vida de un tiro con su fusil reglamentario. Sus últimos mensajes, desesperados, quedaron grabados en el teléfono. Hay siete detenidos con prisión preventiva.
LA TRAMPA PERFECTA: UN PERFIL FALSO Y UNA MADRE QUE NO EXISTÍA
Todo comenzó en una aplicación de citas llamada Evermatch. Rodrigo Gómez, un soldado formoseño de 21 años destinado a custodiar la Quinta de Olivos, creyó estar conversando con «Julieta Ayelén Cardozo», una chica de 17 años . Pero detrás de ese perfil no había ninguna adolescente. Había una organización criminal montada desde dos cárceles bonaerenses, con presos condenados por robo como cabecillas y una red de cómplices en el conurbano que manejaban las cuentas bancarias y los chips telefónicos .
Una vez que Gómez picó el anzuelo, el mecanismo se activó con precisión milimétrica. Una mujer que decía ser la madre de la supuesta menor lo contactó por WhatsApp y le dejó un audio que todavía hiela la sangre:
«¡Degenerado! ¿Quién te pensás que sos para mandarle eso a mi hija? ¡Ya me estoy yendo a hacerte la denuncia! ¡Ya! ¡Mirá este degenerado las cosas que le está mandando a mi hija! ¡17 años tiene mi hija! ¡Ya me voy a hacerte la denuncia!» .
Acto seguido, apareció un hombre que se hacía pasar por Matías Nahuel Conti, un subteniente real de la Policía de la Ciudad cuya identidad fue usurpada por la banda. El falso policía le advirtió que había una grave denuncia en su contra y que la única forma de evitar la cárcel era pagar. Mucho .
LA HORA Y MEDIA QUE LE COSTÓ LA VIDA
Era el 15 de diciembre de 2025. Gómez empezó a transferir dinero desesperadamente. Todo quedó registrado en su teléfono celular, la «zona cero» de la investigación que luego lideraría la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado .
A las 17.33, envió el comprobante de la primera transferencia: $213.000. Minutos después, avisó que había conseguido más: $400.000. A las 17.51, preguntó con una mezcla de esperanza y angustia: «¿Con esto es suficiente?» .
Pero no era suficiente. Los extorsionadores querían más. A las 18.32, transfirió $291.000. A las 18.38, otros $500.000. En poco más de una hora, el soldado había girado $1.413.000 a cuentas de Mercado Pago controladas por la banda, dinero que había pedido prestado a sus compañeros y a aplicaciones de préstamos .
A las 18.44, Gómez envió un mensaje desgarrador:
«He podido conseguir unos 300.000 más y de ahí ya no puedo pedir más préstamo. No puedo pedir más préstamo a nadie. No sé si con eso suma con lo que ya le he pasado. Si me puede servir o me puede ayudar con eso porque ya estoy en la quiebra, literalmente» .
Luego, la desesperación se volvió más cruda: «Listo, eso es todo lo que tengo. Ya no tengo más nada. Ni un peso. Nada más. Ya no tengo más. Estoy en la pobreza máxima ahora. Ya ni tengo para comer con esto». Y remató: «Ya aprendí la lección» .
LA NOCHE LARGA Y EL SILENCIO FINAL
La noche avanzaba y Gómez no encontraba salida. A las 23.17 escribió: «No pude conseguir nada. Ya estoy jodido». Minutos después: «Mi vida ya no es más normal. Estoy mal, ya no sé qué hacer, estoy cansado y desesperado. Y de dónde sacaré la plata a estas horas de la noche. Yo ya estoy perdido» .
El extorsionador le pidió una vez más el comprobante de otra transferencia. A las 23.59, Gómez respondió por última vez: «Bueno, hoy lo tendrás» .
Entre las 4 y las 5 de la madrugada del 16 de diciembre, el soldado se arrodilló en el puesto N°9 de la Quinta de Olivos, en la esquina de Maipú y Malaver, apoyó su fusil FAL sobre la frente y efectuó un disparo «a boca de jarro». Murió en el acto .
Horas después, cuando ya no había nadie del otro lado, los extorsionadores siguieron llamando. A las 5.25, uno de ellos escribió: «No veo el comprobante». Lo intentaron tres veces más a las 9 de la mañana .
LA CARTA QUE DEJÓ: «NO QUIERO SER MÁS UNA CARGA»
Junto al cuerpo, los investigadores encontraron una carta manuscrita. En ella, Gómez pedía disculpas y dejaba una reflexión que estremece:
«Lamento, mamá, por esta estúpida decisión. Pero no quiero ser más una carga para todos y no te quiero dar problemas nunca más. Te quiero mucho. A ambos» .
También se despidió del Ejército: «Gracias a todos los del Ejército por darme esta oportunidad de estar en sus filas. Gracias a todos. Lo lamento mucho».
Y dejó una última frase que explica el infierno que vivió: «Si no dije nada, es porque no quería darles problemas a nadie más, ni a mi familia ni al ejército. No es una muerte honorable, sino más bien patética. Nunca pensé que mi vida iba a terminar así por una app de citas» .
LOS PRESOS QUE OPERABAN DESDE LA CÁRCEL CON CELULARES PERMITIDOS
La investigación, encabezada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y la División Homicidios de la Policía Federal Argentina, logró identificar y detener a siete integrantes de la organización criminal .
Los dos cabecillas, Tomás Francavilla y Mauricio Duarte Areco, estaban detenidos en la Unidad N°36 de Magdalena. Ambos eran condenados por robo y compartían celda. Desde allí coordinaban las extorsiones usando teléfonos celulares . Un tercer cómplice, Kevin Sandoval, estaba alojado en la Unidad 26 de Olmos, en La Plata .
La banda tenía una estructura mixta: los presos diseñaban las estafas y amenazaban a las víctimas, mientras que sus novias y allegadas en el conurbano -Iara Cosentino, Karen Cufré y otras- manejaban las cuentas bancarias, compraban los chips y recibían el dinero .
La jueza Arroyo Salgado procesó a los siete con prisión preventiva. A Francavilla y Duarte Areco les imputaron, además de extorsión y asociación ilícita, el delito de instigación al suicidio . En su resolución, la magistrada describió la mecánica del engaño: los presos creaban perfiles falsos en aplicaciones de citas, fingían ser una madre escandalizada y luego un falso policía que ofrecía «arreglar» el problema a cambio de dinero .
LA POLÉMICA DE LOS CELULARES EN LAS CÁRCELES BONAERENSES
El caso destapó una realidad incómoda: los celulares están permitidos de facto en las cárceles bonaerenses desde la pandemia. En marzo de 2020, el Tribunal de Casación Penal bonaerense autorizó su uso por razones humanitarias, para evitar el «ostracismo» de los detenidos durante el aislamiento .
La medida, que debía ser temporal, nunca fue revertida. Según un informe oficial, el 85% de los detenidos del Servicio Penitenciario Bonaerense tiene acceso a un teléfono sin control judicial . La jueza Arroyo Salgado fue contundente en un oficio enviado al ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena:
«El uso de teléfonos celulares en el ámbito carcelario bonaerense es principalmente una herramienta de ‘trabajo’ imprescindible y esencial para que personas que se encuentran detenidas continúen con su empresa criminal» .
Y agregó: «La persistencia del uso de celulares en el ámbito carcelario, estatuida para una coyuntura de emergencia ya concluida, terminó generando un espacio de vulnerabilidad institucional que ha sido aprovechado para organizar y ejecutar delitos» .
Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, lo resumió en una frase que se volvió el centro del debate: «Hoy un teléfono es un arma. El teléfono celular es un arma adentro de la cárcel» .
«EL PIBE SE BORRÓ»: LAS ESCUCHAS QUE DELATARON A LA BANDA
Las escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia capturaron diálogos escalofriantes entre los delincuentes. En una de ellas, Francavilla se jactaba con una mujer, que no era su novia, de haberle sacado casi un millón y medio a una víctima de Formosa. Luego, ante el silencio de Gómez, soltó: «El pibe se borró» .
No sabía que el «pibe» no se había borrado: se había matado.
El padre de Rodrigo, Juan Gómez, apuntó directamente contra la gestión penitenciaria: «Son muy incompetentes como para dejar que tengan cuatro celulares dentro de una cárcel. Desde ahí hacen lo que quieren» .
LO QUE VIENE
La causa ya tiene procesados y detenidos, pero la investigación continúa. Se sospecha que la banda tiene muchas más víctimas que no se animaron a denunciar por vergüenza o miedo . Los peritajes a los teléfonos secuestrados podrían revelar nuevos casos.
Mientras tanto, la muerte de Rodrigo Gómez quedó como el emblema más trágico de un sistema que permite que desde la cárcel se sigan cometiendo delitos. Él, que tenía la misión de cuidar al Presidente, no pudo cuidarse a sí mismo de una banda de presos con acceso a WhatsApp y cuentas bancarias.
Su última frase, escrita horas antes de morir, resuena como una advertencia: «Nunca pensé que mi vida iba a terminar así por una app de citas».
Alejandra Egido
Rodolfo Gudino
