Alivio para los endeudados: la oposición reunió 133 votos en Diputados

La oposición reunió 133 votos para tratar más de treinta proyectos destinados a aliviar el sobreendeudamiento familiar. Aunque no alcanzó la mayoría especial necesaria para incorporarlos inmediatamente al temario, superó los 129 votos del quórum y convocó a una sesión para el 9 de septiembre. El Gobierno, que considera las deudas un asunto entre privados, descubrió que seis millones de morosos también pueden convertirse en un problema público.

Javier Milei explicó que las deudas son acuerdos entre privados y que cada familia debe arreglarse con su banco, tarjeta o billetera virtual. La teoría era perfecta hasta que el problema privado reunió 133 votos en la Cámara de Diputados. A partir de ese momento, la mora dejó de ser una conversación íntima entre el deudor y Mercado Pago para transformarse en una amenaza parlamentaria. El mercado resuelve todo, excepto cuando el tablero del Congreso resuelve en contra.

Los diputados Pablo Juliano y Germán Martínez solicitaron un apartamiento del reglamento para incorporar a la sesión los proyectos sobre endeudamiento familiar. La moción obtuvo 133 votos afirmativos, 107 negativos y 11 abstenciones. No prosperó porque necesitaba el respaldo de las tres cuartas partes de los presentes, una mayoría especial que habría requerido cerca de 189 voluntades. El oficialismo consiguió bloquear el tratamiento inmediato, pero festejó como quien evita un desalojo por veinticuatro horas y cree que ya pagó la hipoteca.

El número que encendió las alarmas fue otro: 129. Esa es la cantidad de diputados necesaria para abrir una sesión con quórum propio. La oposición consiguió cuatro más y demostró que Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, sectores radicales, socialistas, provinciales y distintos monobloques pueden sentarse en sus bancas sin pedirle permiso a Martín Menem. No ganaron la votación reglamentaria, pero encontraron las llaves del recinto debajo del felpudo libertario.

Los bloques opositores anunciaron una sesión especial para el 9 de septiembre a las 12. Como las iniciativas todavía no cuentan con dictamen, el primer objetivo será emplazar a las comisiones para obligarlas a discutirlas dentro de un plazo determinado. Si luego consiguen despacho, podrán regresar al recinto e intentar aprobar alguna de las propuestas por mayoría simple. El Gobierno todavía puede recurrir a dilaciones, ausencias estratégicas, aliados arrepentidos o esa rama de la ciencia política argentina conocida como “ver cuánto pide el gobernador”. Pero ya no puede decir que el debate carece de respaldo parlamentario.

En el Congreso se acumulan entre 34 y 35 proyectos, según el momento del recuento, porque la deuda crece tan rápido que hasta las iniciativas legislativas entraron en capitalización compuesta. Las propuestas no son idénticas: incluyen programas de refinanciación, límites a las cuotas según los ingresos, mediación para personas sobreendeudadas, mayor control sobre prestamistas no bancarios y billeteras virtuales, obligaciones de informar claramente el costo financiero y restricciones contra intereses y prácticas abusivas. Algunas también proponen procedimientos de rehabilitación para personas insolventes. No existe todavía un proyecto unificado, pero sí una certeza compartida: dejar a millones de familias a solas con el acreedor no parece estar funcionando.

Juliano afirmó que veinte millones de personas tienen deudas y cerca de seis millones se encuentran en mora o sobreendeudadas. También sostuvo que varias de las iniciativas no implican costo fiscal, algo particularmente incómodo para el oficialismo, que suele recibir cualquier propuesta social sacando una calculadora, una motosierra y una foto de Axel Kicillof. Esta vez no puede limitarse a denunciar un agujero presupuestario: tendría que explicar por qué se niega incluso a discutir regulaciones sobre tasas, información contractual y mecanismos de refinanciación.

El problema tampoco se reduce a personas que compraron televisores durante el Mundial, como sugirió Milei al responsabilizar a los consumidores. La oposición sostiene que las tarjetas, los préstamos personales y los créditos de billeteras virtuales se utilizan cada vez más para alimentos, medicamentos, alquileres y servicios. Cuando alguien pide dinero para comprar comida, no está adelantando consumo suntuario: está atrasando hambre con intereses. Pero para el Gobierno la necesidad no condiciona la libertad; aparentemente, elegir entre endeudarse o no comer constituye una experiencia soberana.

La posición libertaria resulta todavía más llamativa después de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En la misma jornada, el oficialismo consiguió media sanción para permitir que el BCRA amplíe sus fuentes de financiamiento y utilice oro, divisas y otros activos de las reservas como garantía en operaciones propias. Para el Central, endeudarse con bancos internacionales y ofrecer patrimonio público como respaldo es una herramienta moderna. Para una familia atrapada entre la tarjeta y la factura de electricidad, refinanciar bajo condiciones razonables es una intromisión estatal. Hay deudas que merecen arquitectura financiera y otras que deben resolverse vendiendo la garrafa.

El resultado de 133 votos se repitió cuando Juan Marino pidió tratar la prórroga de la emergencia en discapacidad. Otra vez hubo 133 afirmativos, 107 negativos y 11 abstenciones. La coincidencia mostró que no se trató de una mayoría improvisada para una sola moción, sino de un bloque opositor relativamente estable frente a dos asuntos que el Gobierno preferiría mantener fuera del recinto. La Libertad Avanza consiguió impedir ambos debates ese día, pero dejó perfectamente contado el número de adversarios que tendrá que desarmar antes de septiembre.

La Casa Rosada todavía conserva aliados suficientes para negociar, modificar o bloquear una eventual ley. También puede recurrir al veto presidencial, convertido durante la era Milei en una especie de corrector automático de la voluntad legislativa. Sin embargo, vetar un programa para familias endeudadas tendría un costo político distinto del que implica rechazarlo silenciosamente en comisión. Obliga al Presidente a firmar que seis millones de personas deben arreglarse solas, mientras su Gobierno busca instrumentos para que el sistema financiero jamás tenga que hacerlo.

El oficialismo insiste en que intervenir podría premiar a quienes no pagaron y castigar a los ciudadanos responsables. Es un argumento atractivo mientras se omite que muchas personas dejaron de pagar después de perder ingresos, sufrir aumentos de tarifas o acumular intereses imposibles. Nadie propone declarar inocente a todo deudor ni borrar mágicamente cada obligación. Lo que se intenta discutir es si una relación entre un consumidor desesperado y una corporación financiera puede seguir presentándose como un acuerdo entre partes iguales. La libertad contractual resulta mucho más elegante cuando una de las partes redacta el contrato y la otra necesita comprar leche.

La oposición todavía debe ordenar más de treinta iniciativas, obtener dictamen y conservar los votos. No existe media sanción asegurada. Pero los 133 apoyos ya desarmaron la estrategia oficial de fingir que el sobreendeudamiento no pertenece a la agenda pública. Seis millones de personas en mora no son una anomalía individual repetida seis millones de veces: son una crisis.

Milei pidió que cada deudor hablara con su acreedor. El Congreso parece dispuesto a sumarse a la conversación. Y eso es justamente lo que preocupa al Gobierno: cuando los problemas privados consiguen quórum, hasta el mercado empieza a necesitar custodia policial.