Melina Schweizer
El Gobierno difundió masivamente el análisis de Matías Fernández, socio de una consultora que trabaja para Mercado Libre y Mercado Pago. El documento relativiza el peso de la billetera virtual y presenta la morosidad como un problema de decisiones individuales, pero omite el impacto de los salarios bajos y las tasas de interés.
El Gobierno encontró un informe a la medida de su decisión de no ofrecer respuestas a las familias endeudadas. Javier Milei, Luis Caputo, Santiago Caputo, Marcos Galperín y numerosas cuentas libertarias difundieron un extenso análisis publicado por Matías Fernández, socio de la consultora Pública, que sostiene que la morosidad no representa una crisis atribuible a la política económica.
El documento fue presentado como una evaluación independiente construida sobre datos de la Central de Deudores del Banco Central. Sin embargo, su autor mantiene una relación profesional que el Gobierno omitió mencionar mientras multiplicaba su contenido: la consultora Pública trabaja para Mercado Libre y Mercado Pago, una de las principales compañías involucradas en el otorgamiento de créditos no bancarios.
La existencia de esa relación comercial no demuestra que Galperín haya encargado o financiado específicamente el informe. Hasta el momento no existe evidencia pública que permita afirmarlo. Pero representa un conflicto de interés relevante que debió ser informado desde el comienzo, especialmente porque el análisis dedica una parte considerable de sus conclusiones a relativizar la responsabilidad de Mercado Pago en el crecimiento de la morosidad.
Un informe funcional a Mercado Pago
Fernández sostiene que Mercado Libre concentra el 19% de las personas morosas, pero solamente representa el 2,9% del monto total en situación irregular. La mediana de la deuda impaga dentro de la plataforma sería de aproximadamente $116.000, muy por debajo de la registrada en varios bancos tradicionales.
El dato puede ser correcto y aportar una dimensión necesaria del problema. Mercado Pago otorga una enorme cantidad de créditos pequeños y, por ese motivo, puede reunir a muchos deudores sin concentrar el mayor volumen de dinero impago.
Pero utilizar únicamente el monto total para minimizar el fenómeno es una elección metodológica discutible. Una deuda de $116.000 puede parecer pequeña desde la perspectiva del sistema financiero y resultar impagable para una persona con ingresos informales, un salario deteriorado o varios compromisos simultáneos.
El tamaño de la deuda no determina por sí solo su gravedad. También importan el ingreso del deudor, el costo financiero, la cantidad de acreedores, el destino del préstamo y el porcentaje del salario que debe utilizarse para pagar las cuotas.
Un crédito de bajo monto puede ser una herramienta de inclusión financiera. También puede convertirse en una puerta de entrada al sobreendeudamiento cuando se ofrece a personas excluidas de los bancos, con tasas elevadas y sin una evaluación suficiente de su capacidad real de pago.
La relación que el Gobierno no mencionó
Matías Fernández se presenta como especialista en comunicación, políticas públicas y posicionamiento de sectores productivos. Fue funcionario del Ministerio de Producción durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo vinculado con la Fundación Pensar, el centro de elaboración política del PRO.
Actualmente integra como socio la consultora Pública. En la nómina de empresas para las cuales la firma presta o prestó servicios aparecen Mercado Libre y Mercado Pago.
Ese vínculo no invalida automáticamente todos los datos utilizados por Fernández. Un análisis debe ser examinado por su metodología, sus fuentes y sus conclusiones. Pero la relación comercial sí obliga a transparentar posibles intereses cuando el texto beneficia reputacionalmente a uno de los clientes de la consultora.
El Gobierno hizo exactamente lo contrario. Presentó el documento como una prueba objetiva y espontánea que confirmaba la posición oficial, sin advertir que su autor trabaja para una empresa directamente involucrada en la discusión.
Marcos Galperín también utilizó sus conclusiones para defender a Mercado Pago frente a las críticas. El empresario destacó que su compañía representa menos del 3% del dinero total en mora, mientras los bancos públicos y privados concentran volúmenes mayores.
La comparación es útil, pero no responde todas las preguntas. Mercado Pago puede representar una porción reducida del monto total y, al mismo tiempo, reunir a una cantidad considerable de personas con dificultades para pagar. Ambas afirmaciones pueden ser verdaderas.
La crisis que los números no consiguen esconder
El propio informe difundido por el oficialismo reconoce que la proporción de personas morosas pasó del 13,6% en octubre de 2024 al 27,8% en junio de 2026. También señala que los jóvenes de entre 18 y 25 años presentan una morosidad del 40,8%.
El Banco Central informó, además, que la irregularidad del crédito no bancario alcanzó el 26,9% en febrero de 2026. En los préstamos personales llegó al 34,1%, mientras que en las tarjetas de crédito no bancarias se ubicó en el 19,4%.
En el sistema bancario, la mora de las familias ascendió al 11,2%. Los datos muestran un deterioro simultáneo en bancos, fintech, comercios, cooperativas y otros proveedores de crédito.
Decir que los montos impagos son bajos o que los bancos tradicionales concentran la mayor cantidad de dinero no elimina el problema. Cuando millones de personas dejan de pagar y uno de cada tres préstamos personales no bancarios presenta irregularidades, existe una crisis de capacidad de pago aunque el sistema financiero conserve niveles de solvencia.
La discusión tampoco debería reducirse a determinar si los bancos pueden soportar las pérdidas. El problema social comienza mucho antes de que una entidad financiera vea comprometido su balance.
La teoría de la pistola
Milei sostiene que nadie obligó a las familias a endeudarse y que cualquier incumplimiento debe resolverse entre el prestamista y el prestatario. Para el Presidente, una intervención estatal premiaría decisiones irresponsables y trasladaría el costo al resto de la sociedad.
El argumento supone que ambas partes negociaron en igualdad de condiciones. Pero una familia que necesita un préstamo para comprar alimentos, pagar medicamentos o evitar el corte de un servicio no posee la misma libertad que la empresa que determina la tasa, las comisiones y las condiciones del contrato.
No existe una pistola física sobre la mesa, pero sí puede existir una necesidad material que reduzca drásticamente la capacidad de elegir.
El crédito no es necesariamente negativo. Puede financiar inversiones, viviendas o bienes duraderos. La naturaleza del endeudamiento cambia cuando se utiliza para cubrir necesidades cotidianas porque los ingresos no alcanzan.
La comida comprada con la tarjeta se termina antes de que llegue el resumen. Al mes siguiente, la familia debe volver a alimentarse y, además, pagar la cuota anterior con intereses.
La variable que el relato oficial evita
El análisis respaldado por el Gobierno se concentra en las decisiones individuales, la evaluación del riesgo y la distribución de la mora entre las entidades. Pero deja en un segundo plano el deterioro de los ingresos.
Los salarios que crecen por debajo del costo de vida, el empleo informal, las tasas elevadas y la caída del consumo no son elementos externos al endeudamiento. Son parte del proceso que obliga a millones de hogares a recurrir al crédito para sostener gastos corrientes.
La educación financiera puede ayudar a comparar préstamos, pero no consigue que un salario insuficiente alcance para pagar el alquiler y comprar alimentos. Responsabilizar al deudor sin analizar por qué necesitó endeudarse convierte una crisis económica en un defecto moral de la víctima.
El Gobierno no eligió el informe de Fernández únicamente porque contiene números. Lo convirtió en bandera porque ofrece una conclusión compatible con una decisión política adoptada previamente: no intervenir, no establecer un programa de alivio y no reconocer que la política de ingresos tiene relación con la mora.
La vinculación entre la consultora del autor y Mercado Libre no convierte automáticamente el documento en falso. Pero sí revela que la supuesta demostración independiente utilizada por el oficialismo proviene de alguien que presta servicios a uno de los principales actores beneficiados por sus conclusiones.
Milei dice que no existe una crisis. Galperín afirma que Mercado Pago no es el problema. Un consultor relacionado con la empresa produce el argumento y todo el Gobierno lo repite. Lo único que continúa sin conseguir patrocinador es la deuda de las familias.
GONZALO SCHWEIZER
