La patria no es un laboratorio

Peter Thiel, las ciudades-empresa y la pregunta que Argentina no puede seguir postergando

El magnate tecnológico fue recibido por Javier Milei en Casa Rosada mientras el Gobierno promueve un régimen de beneficios extraordinarios para grandes capitales y busca flexibilizar la compra de tierras rurales por extranjeros. No existe una prueba pública de que Thiel pretenda adquirir territorio argentino o fundar un Estado privado. Pero su trayectoria, sus inversiones y las reglas que hoy se quieren modificar obligan a preguntar qué país se está ofreciendo y a quién.

El 23 de abril, Peter Thiel entró a la Casa Rosada. La información oficial fue breve: Javier Milei lo recibió junto al canciller Pablo Quirno; también participaron Matt Danzeisen, gestor de cartera de Thiel Capital, y Matías Van Thienen, socio de Founders Fund. El comunicado no explicó qué se discutió, qué tipo de proyecto se evaluó, qué compromisos se ofrecieron ni cuál fue el resultado concreto de la reunión. Apenas dejó una foto, una lista de nombres y una puerta abierta a las especulaciones.

No se trata de afirmar que detrás de esa puerta se firmó un pacto secreto para vender una provincia, ni de alimentar una fantasía sin pruebas. No hay, hasta ahora, una iniciativa pública atribuible a Thiel para comprar territorio argentino, fundar una ciudad autónoma o instalar un Estado empresarial dentro del país. La ausencia de esa prueba debe decirse con claridad. Pero también debe decirse otra cosa: cuando un gobierno recibe a uno de los ideólogos más influyentes del capitalismo tecnológico y no comunica la agenda de la conversación, el silencio no puede reemplazar al debate público.

Peter Thiel no es un empresario más que vino a mirar oportunidades inmobiliarias o a sacarse una foto con el Presidente. Es cofundador de PayPal, uno de los primeros inversores de Facebook, presidente del directorio y cofundador de Palantir, presidente de Thiel Capital y socio de Founders Fund. Palantir se presenta como una empresa de software e inteligencia artificial para gobiernos, defensa y grandes compañías, especializada en integrar información compleja para tomar decisiones en tiempo real.

Esa biografía importa porque el poder de Thiel no se limita al dinero. Su influencia se construyó en la frontera entre capital de riesgo, tecnología, defensa, vigilancia, criptomonedas, inteligencia artificial y política. No administra solamente empresas: participa de una visión del mundo donde la innovación debe avanzar aun cuando las instituciones democráticas, las leyes laborales, los controles ambientales o la deliberación ciudadana se vuelvan un obstáculo.

Hace años, Thiel escribió que ya no creía que libertad y democracia fueran compatibles. No era una frase perdida en una sobremesa. Era una definición política: la idea de que la voluntad popular, los impuestos, las regulaciones y los derechos colectivos pueden ser un freno para quienes se consideran capaces de diseñar el futuro desde una oficina, un fondo de inversión o una plataforma tecnológica.

La pregunta, entonces, no es solamente qué vino a buscar Peter Thiel a Buenos Aires. La pregunta más urgente es qué tipo de Argentina está dispuesta a ofrecerle el Gobierno de Javier Milei.

Porque el país que se está configurando resulta especialmente atractivo para ese tipo de capital. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI, promete beneficios, estabilidad normativa y protección para proyectos de gran escala. La propia Ley Bases habla de “certidumbre”, “seguridad jurídica” y resguardo de los derechos adquiridos para los vehículos de inversión que ingresen al régimen.

A la vez, el Gobierno anunció su intención de flexibilizar o derogar los límites a la propiedad extranjera de tierras rurales. Esa legislación fue pensada para impedir que recursos estratégicos, zonas fronterizas, cuencas de agua, áreas productivas y extensiones enormes del territorio quedaran concentrados en manos externas. En marzo, la Casa Rosada informó que enviaría al Congreso una iniciativa para facilitar la compra de tierra rural por parte de capitales extranjeros; en mayo, funcionarios libertarios volvieron a defender públicamente esa dirección.

Es ahí donde la conversación deja de ser sobre un hombre y pasa a ser sobre un modelo.

Thiel no necesita comprar Argentina. Ningún magnate contemporáneo necesita eso. El poder moderno no siempre avanza con ejércitos, banderas o administradores coloniales. Puede avanzar mediante contratos de estabilidad, concesiones de infraestructura, acceso privilegiado a energía, control de datos, tribunales favorables, exenciones fiscales, compras de tierra, arbitrajes internacionales y tecnologías que vuelven visible cada movimiento de una población.

El antecedente más inquietante está en Honduras y se llama Próspera.

Próspera no fue una nación independiente. Tampoco fue, jurídicamente, una colonia en el sentido clásico. Fue algo más moderno y por eso más difícil de discutir: una Zona de Empleo y Desarrollo Económico, una ZEDE, instalada en la isla de Roatán bajo un régimen especial que permitía reglas diferenciadas, estructuras propias de administración, una lógica fiscal singular y amplios márgenes de autonomía frente al Estado hondureño.

Peter Thiel no fundó Próspera ni es correcto presentarlo como su dueño. Pero sí estuvo vinculado al universo financiero e ideológico que promovió ese experimento mediante inversiones y fondos asociados a la expansión de las llamadas “startup cities” o ciudades privadas. Pronomos Capital, respaldada por Thiel, fue creada con la misión de financiar nuevas formas de gobernanza y de impulsar ciudades consideradas más “eficientes” que los Estados tradicionales.

El experimento hondureño mostró hasta dónde puede llegar esa lógica. No hace falta declarar la independencia de un territorio para debilitar la soberanía de un país. Basta con obtener un espacio donde las reglas comunes se suspenden, donde la justicia se vuelve una variable contractual, donde el Estado queda limitado por compromisos de largo plazo y donde las comunidades locales deben convivir con decisiones tomadas desde afuera.

En septiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de Honduras declaró inconstitucional la Ley Orgánica de las ZEDE. La decisión fue un golpe político y jurídico contra el modelo de las ciudades de excepción. Pero la historia no terminó allí: los promotores de Próspera impulsaron una demanda multimillonaria contra Honduras mediante mecanismos de arbitraje internacional. El reclamo llegó a ser estimado en hasta 10.700 millones de dólares, una cifra capaz de condicionar durante años a un país con recursos mucho más limitados que los de las corporaciones que lo demandan.

Ese es el punto que debería estremecernos. Una empresa no necesita gobernar formalmente un país para disciplinarlo. Puede hacerlo si adquiere suficientes derechos para demandarlo cada vez que una sociedad decide cambiar sus leyes, revisar una concesión, proteger un río, elevar impuestos, limitar una explotación o recuperar capacidad de decisión sobre su propio territorio.

El nombre técnico puede cambiar: ZEDE, zona franca, régimen de promoción, distrito de innovación, enclave tecnológico, ciudad inteligente, polo de inteligencia artificial, proyecto estratégico. Pero la pregunta política es siempre la misma: ¿quién manda cuando las reglas públicas chocan con los intereses privados?

En Argentina, esa pregunta se vuelve todavía más delicada porque no hablamos de un territorio vacío. Hablamos de tierras con agua, minerales, bosques, reservas energéticas, rutas, puertos, corredores bioceánicos, conectividad satelital, litio, gas, petróleo, alimentos y comunidades que viven allí desde antes de que esos recursos aparecieran como una oportunidad de negocios en una presentación de PowerPoint.

Hablamos, además, de datos.

Palantir no es una empresa cualquiera dentro del mundo tecnológico. Su negocio consiste en trabajar con grandes volúmenes de información, cruzar bases de datos y producir herramientas para inteligencia, defensa, seguridad y gestión institucional. La firma mantiene vínculos históricos con agencias del Estado estadounidense y su software fue reportado como parte de la infraestructura utilizada por ICE en operaciones de control migratorio y deportación.

En enero de 2024, Palantir anunció una asociación estratégica con el Ministerio de Defensa de Israel para aportar tecnología destinada a “misiones relacionadas con la guerra”. La compañía no detalló públicamente el alcance operativo de ese acuerdo, pero confirmó que sus herramientas serían utilizadas en el marco bélico.

No hay información pública que indique que Palantir haya recibido una concesión para administrar datos estatales argentinos. Esa precisión también es necesaria. Pero justamente por eso el debate debe darse antes, no después. Antes de que se firmen convenios. Antes de que se integren bases sensibles. Antes de que la información de salud, educación, empleo, previsión social, seguridad o identidad de millones de personas quede sometida a infraestructuras privadas, algoritmos opacos o legislaciones extranjeras.

Los datos no son un recurso abstracto. Son la vida de una población traducida en información: dónde vive una persona, si trabaja, si cobra una prestación, si toma medicamentos, si tiene hijos, si estudia, si viaja, si debe dinero, si protesta, si consume, si migra, si enferma. Quien concentra esos datos no controla solamente una base informática: obtiene capacidad para clasificar, anticipar, vigilar y condicionar sociedades enteras.

Por eso hablar de soberanía en el siglo XXI exige ir mucho más allá de las fronteras dibujadas en un mapa. La soberanía también se juega en los servidores, en los cables, en la energía que consumen los centros de datos, en los contratos de software, en los algoritmos que toman decisiones y en los tribunales que resuelven conflictos entre corporaciones y Estados.

Thiel tampoco se mueve solo. Forma parte de una arquitectura de redes privadas donde empresarios, financistas, tecnólogos, militares, funcionarios y figuras políticas se encuentran lejos de la mirada ciudadana. Una de esas redes es Dialog, organización creada en 2006 junto con el empresario Auren Hoffman. Durante años funcionó como un espacio cerrado, por invitación y con reuniones fuera de registro público. Investigaciones recientes revelaron que sus encuentros convocaron a figuras de Silicon Valley, política, defensa, finanzas y gobiernos, bajo normas de confidencialidad y sin listas de participantes de acceso público.

Dialog ha sido comparado con Bilderberg, aunque no son la misma organización. Y conviene decirlo con precisión: no hay pruebas de que Thiel haya creado Bilderberg ni corresponde atribuirle pertenencias que no estén documentadas. Pero sí existe un dato concreto y preocupante: Thiel cofundó una red privada de élites donde las discusiones sobre tecnología, guerra, inteligencia artificial, poder y futuro ocurrieron durante dos décadas fuera del escrutinio democrático.

No hace falta imaginar túnicas, ritos secretos o sociedades ocultas para entender el problema. El problema no es sobrenatural. Es mucho más terrenal. Son personas con una capacidad económica, tecnológica y política gigantesca que pueden deliberar sobre asuntos públicos sin rendir cuentas ante quienes sufrirán las consecuencias de esas decisiones.

Argentina debería preguntarse, entonces, qué se ofrece cuando se ofrece “inversión”.

¿Se ofrece trabajo genuino, transferencia tecnológica, desarrollo industrial y control nacional de la infraestructura? ¿O se ofrece tierra barata, agua abundante, energía subsidiada, impuestos reducidos, regulaciones debilitadas y garantías que impiden al país modificar su rumbo durante décadas?

¿Quién será dueño real de la tierra? ¿Quién decidirá sobre el agua? ¿Qué ley regirá dentro de un proyecto estratégico? ¿Quién controlará los datos? ¿Qué sucederá si una corporación contamina, incumple, extrae ganancias y se retira? ¿Qué margen tendrá el Estado para revisar un contrato? ¿Qué tribunal resolverá el conflicto: uno argentino o una instancia internacional que puede castigar al país por legislar en defensa de su población?

¿Se crearán empleos con salarios dignos y conocimiento local o enclaves que importan tecnología, concentran renta y exportan ganancias? ¿La inteligencia artificial servirá para fortalecer hospitales, escuelas, universidades y producción nacional, o para construir una economía de vigilancia y extracción de datos? ¿Las provincias podrán decidir sobre sus recursos o quedarán atadas a compromisos firmados desde oficinas de Buenos Aires y fondos de inversión extranjeros?

La discusión no es antitecnológica. Tampoco debería ser xenófoba. Argentina necesita inversión, ciencia, infraestructura y vínculos internacionales. Lo que no necesita es confundir apertura con entrega, innovación con subordinación y modernidad con obediencia.

Un país soberano puede recibir capital extranjero sin regalar su capacidad de decidir. Puede celebrar acuerdos sin aceptar cláusulas que lo condenen a la impotencia. Puede desarrollar inteligencia artificial sin convertir a su población en materia prima de plataformas privadas. Puede proteger tierras, agua, energía y datos sin renunciar al crecimiento.

Lo contrario es aceptar que el futuro sea diseñado por quienes no viven las consecuencias de sus decisiones.

Peter Thiel puede venir a la Argentina, reunirse con empresarios, conversar con funcionarios, invertir, comprar una casa o recorrer oportunidades. Eso, por sí solo, no constituye un delito ni una conspiración. Pero el Estado argentino no puede responder a una presencia de ese calibre con fotos sin agenda, reuniones sin explicación y promesas de inversión sin debate.

Porque la patria no empieza a perderse cuando un extranjero compra una hectárea. Empieza a perderse cuando una sociedad deja de preguntar quién redacta las reglas, quién controla los recursos, quién administra los datos y quién obtiene el poder de decidir sobre la vida de los demás.

Y cuando esas preguntas llegan tarde, ya no se discute una inversión.

Se discute cuánto territorio, cuánto futuro y cuánta dignidad quedó afuera del contrato.