Jorge R. Schweizer
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este lunes que su gobierno hará respetar la Constitución frente a las protestas y bloqueos de rutas que reclaman su salida del poder, en medio de una crisis política y social que ya lleva casi tres semanas. “Bolivia tiene una Constitución y la haremos respetar. Una minoría no nos puede gobernar, una minoría no nos puede abusar”, sostuvo Paz durante un acto oficial por el aniversario de la gesta libertaria de Sucre, capital constitucional del país.
Las protestas comenzaron hace veinte días y se concentran principalmente en el departamento de La Paz, aunque en la última semana se extendieron a Oruro, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz. Entre los sectores movilizados aparecen sindicatos campesinos aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y agrupaciones afines al ex presidente Evo Morales.
El respaldo del «Escudo de las Américas»
El gobierno de Paz no está solo. Los países miembros de la coalición regional «Escudo de las Américas» (Shield of the Americas), una iniciativa de seguridad impulsada por el presidente Donald Trump, emitieron un comunicado conjunto el pasado jueces en el que expresaron su «profunda preocupación» por las protestas y los bloqueos, y manifestaron su respaldo explícito al gobierno boliviano.
El comunicado, firmado por Estados Unidos, Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, advierte que no se puede permitir «el derrocamiento de líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio, incluso cuando cuentan con el apoyo de criminales y narcotraficantes». Los países miembros también señalaron que, cuando los manifestantes recurren a la violencia, el gobierno tiene «un interés legítimo en la protección legal del orden público».
El fracaso del corredor humanitario y el despliegue militar
El intento del gobierno por restablecer el tránsito en la carretera La Paz-Oruro derivó en un nuevo fracaso. El sábado 23 de mayo, la Policía Boliviana desplegó cerca de 2.000 efectivos para habilitar el denominado «Corredor Humanitario de Banderas Blancas». El objetivo era garantizar el ingreso de cisternas con oxígeno, medicamentos y alimentos hacia la sede de gobierno, asediada por el desabastecimiento.
Sin embargo, la operación enfrentó una resistencia organizada. Los manifestantes reinstalaron los bloqueos inmediatamente después del paso de las columnas oficiales, utilizando piedras, troncos y tierra para obstaculizar la vía. En sectores como Apacheta y Mazocruz, grupos de manifestantes emboscaron la caravana gubernamental, lanzando piedras contra los vehículos oficiales. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, quien encabezaba la comitiva, sufrió tres emboscadas durante el trayecto. Su vehículo fue atacado con piedras y el vidrio trasero quedó destrozado.
El operativo, que debía despejar los 227 kilómetros que conectan La Paz con Oruro, logró avances parciales en localidades como Caracollo, donde maquinaria pesada retiró piedras y escombros. Sin embargo, al cierre del fin de semana, los bloqueos persistían en 54 puntos de cinco departamentos: La Paz (20), Cochabamba (12), Potosí (10), Oruro (9) y Santa Cruz (2).
El impacto económico: pérdidas por 600 millones de dólares
La prolongación del conflicto ya tiene un costo cuantificable. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) reportó pérdidas por 600 millones de dólares y declaró al sector en «crisis extrema». El presidente de la CNI, Gonzalo Morales, advirtió que hay industrias que han dejado de operar y que la caída en la recaudación tributaria afecta directamente la financiación de salud, educación e infraestructura.
El desabastecimiento de diésel y gasolina agravó la situación. Empresarios del transporte y la industria alertaron sobre la parálisis inminente de fábricas y el riesgo de escasez de alimentos, medicamentos y oxígeno medicinal. La Federación de Entidades Empresariales de Santa Cruz (FEPSC) y el Comité Pro Santa Cruz exigieron al gobierno la inmediata liberación de las rutas.
La tensión política: Paz desafía a los bloqueadores y Evo Morales acecha desde las sombras
Paz fue tajante en su mensaje: no negociará bajo presión. «No voy a dialogar con los que no dialogan», advirtió. El mandatario rechazó las acusaciones de la oposición sobre una supuesta intención de privatizar empresas estatales o aumentar tarifas de servicios básicos.
El ex presidente Evo Morales, quien sigue siendo una figura central en la política boliviana, no se manifestó directamente durante el fin de semana, pero sus agrupaciones políticas y sindicales están en la primera línea de las protestas. La COB y los sindicatos campesinos afines al evismo son los organizadores de los bloqueos que asfixian a La Paz y El Alto.
El gobierno, por su parte, confirmó que el miércoles se llevará a cabo el Consejo Económico y Social en La Paz, donde se discutirán demandas regionales y proyectos vinculados a hidrocarburos, minería, litio e inversiones. La pregunta es si los sectores movilizados aceptarán sentarse a la mesa o si, por el contrario, la crisis escalará hacia un nuevo punto de inflexión.
Bolivia vive sus horas más críticas desde la crisis poselectoral de 2019. El presidente Paz intenta gobernar con una mano tendida al diálogo y la otra empuñando la Constitución. Los bloqueos no cesan. La economía se desangra. El desabastecimiento amenaza con convertir La Paz en una ciudad fantasma. Y Evo Morales, desde las sombras, espera el momento de regresar.
La Argentina, mientras tanto, observa con atención el desenlace de una crisis que, por su cercanía geográfica y sus implicancias regionales, no es un problema ajeno. El gobierno de Javier Milei, a través del «Escudo de las Américas», ya expresó su respaldo al presidente Paz y ofreció asistencia humanitaria. Pero el apoyo diplomático, en estos casos, no alcanza. La pregunta es si la comunidad internacional logrará mediar antes de que la sangre llegue al río. O, peor aún, antes de que el río se seque del todo.
Rodolfo Gudino
