Melina Schweizer
El Gobierno de Javier Milei impulsa la derogación de la Ley 25.542 de Protección de la Actividad Librera, una norma vigente desde 2001 que establece el precio uniforme de los libros para evitar la concentración del mercado. La iniciativa enfrenta dos modelos opuestos: uno entiende al libro como una mercancía sujeta exclusivamente a la competencia; el otro lo considera un bien cultural cuya circulación necesita reglas que garanticen diversidad editorial, pluralidad de voces y una red federal de librerías. La Fundación El Libro advirtió que la medida podría poner en riesgo cientos de librerías independientes y favorecer la concentración del negocio editorial.
Cada vez que el gobierno de Javier Milei anuncia una nueva desregulación, el debate parece reducirse a una pregunta sencilla: ¿más mercado significa necesariamente más libertad? La posible derogación de la Ley de Protección a la Actividad Librera vuelve a instalar esa discusión, aunque en un terreno mucho más profundo que el de los precios. Lo que está en juego no es únicamente cuánto costará un libro, sino quién tendrá la capacidad de decidir qué libros llegarán a los lectores y cuáles desaparecerán lentamente de las estanterías.
La Ley 25.542, sancionada en 2001, no fija arbitrariamente el precio de los libros desde el Estado. Establece un sistema de precio uniforme, mediante el cual cada editorial define el valor de venta al público y todos los comercios deben respetarlo durante un período determinado. De esa manera, una librería de barrio, una gran cadena comercial y una plataforma digital venden un mismo título al mismo precio. La competencia deja de concentrarse en quién puede ofrecer el mayor descuento y pasa a depender de la calidad del servicio, el catálogo, la recomendación y la construcción de una comunidad lectora.
Desde la Casa Rosada sostienen que eliminar esa regulación permitiría una competencia más intensa y terminaría beneficiando a los consumidores mediante precios más bajos. El razonamiento es coherente con la filosofía económica libertaria: cuanto menos intervenga el Estado, mayor será la eficiencia del mercado.
Sin embargo, el problema aparece cuando esa teoría se enfrenta a un mercado profundamente desigual. No todos los actores poseen la misma espalda financiera. Una gran cadena nacional o una plataforma internacional puede vender durante meses un best seller prácticamente sin margen de ganancia porque recupera esa pérdida con miles de operaciones diarias o con otros productos. Una librería independiente simplemente no puede hacerlo. Si la competencia se reduce exclusivamente al precio, deja de ser una competencia y pasa a convertirse en una carrera de resistencia donde los más pequeños parten derrotados.
La amenaza no es solo para las librerías: es para todo el ecosistema del libro
Uno de los aspectos menos discutidos del proyecto es que el impacto trasciende ampliamente a los libreros. La Fundación El Libro, que reúne a buena parte de la cadena editorial argentina, advirtió que la derogación de la norma pone en riesgo cientos de librerías independientes distribuidas en todo el país, muchas de las cuales constituyen el único espacio de acceso permanente al libro en ciudades medianas y pequeñas. La entidad sostiene que la ley es «la columna vertebral» que garantiza condiciones equitativas de competencia y la supervivencia de esas librerías frente a operadores con mucho mayor poder económico.
Pero una librería independiente no es simplemente un comercio. Organiza presentaciones de libros, talleres, clubes de lectura, actividades con escuelas, encuentros con escritores y debates culturales. En muchos barrios funcionan como verdaderos centros comunitarios donde el libro deja de ser un objeto de consumo para convertirse en una experiencia colectiva.
Cuando una librería baja la persiana, no desaparece solamente un punto de venta. También pierde espacio un editor independiente, un traductor, un corrector, un ilustrador, un diseñador gráfico, un distribuidor y, sobre todo, un autor que difícilmente encuentre lugar en los grandes circuitos comerciales.
Malungo Libros y las editoriales que difícilmente sobrevivirían a una guerra de descuentos
La discusión adquiere otra dimensión cuando se observan proyectos concretos.
Editoriales y librerías especializadas como Malungo Libros, dedicada a la difusión del pensamiento afrodescendiente, los feminismos negros, la producción intelectual de la diáspora africana y autores históricamente excluidos del mercado editorial dominante, representan exactamente el tipo de iniciativas que difícilmente podrían competir en un escenario donde el precio se transforme en la principal variable de disputa.
Su catálogo no está construido alrededor de fenómenos editoriales de ventas masivas. Su valor reside precisamente en ofrecer aquello que los grandes operadores comerciales rara vez priorizan: pensamiento crítico, ensayos, historia afroargentina, estudios decoloniales, literatura afrodescendiente y obras que amplían el horizonte cultural del país.
Lo mismo ocurre con decenas de pequeñas editoriales argentinas que publican poesía, ensayo, filosofía, historia regional, literatura indígena, investigación académica o autores que recién comienzan su carrera. Son libros que difícilmente encabecen rankings de ventas, pero cuya existencia resulta indispensable para mantener viva la diversidad intelectual de una sociedad.
Paradójicamente, una medida presentada como una ampliación de la libertad comercial podría terminar reduciendo la libertad de publicación.
La bibliodiversidad también es democracia
En el mundo editorial existe un concepto poco conocido fuera del sector: bibliodiversidad.
Así como la biodiversidad protege la riqueza de un ecosistema natural, la bibliodiversidad busca garantizar la coexistencia de múltiples voces, géneros, lenguas, editoriales y formas de pensamiento.
Cuando el mercado comienza a premiar únicamente aquello que vende rápido, el resultado suele ser previsible. Las editoriales empiezan a concentrar sus inversiones en los títulos de mayor rentabilidad inmediata: novelas superventas, libros de celebridades, influencers o fenómenos editoriales respaldados por fuertes campañas de marketing.
Mientras tanto, la poesía, el ensayo crítico, la investigación histórica, la filosofía, las traducciones especializadas, los autores emergentes o las publicaciones universitarias encuentran cada vez menos espacio.
No existe censura formal.
Simplemente dejan de resultar rentables.
La experiencia internacional muestra otro camino
Argentina no es una excepción.
El sistema de precio fijo del libro existe en países como Francia, Alemania, España, Italia, Japón, Corea del Sur, México, Noruega y Países Bajos, precisamente porque consideran que el libro no puede tratarse como cualquier otra mercancía.
En Francia, por ejemplo, la denominada Ley Lang, vigente desde 1981, fue creada para impedir que los supermercados desplazaran a las pequeñas librerías mediante descuentos permanentes. Cuatro décadas después, Francia continúa siendo uno de los países con mayor densidad de librerías independientes del mundo y uno de los mercados editoriales más diversos de Europa.
No es casualidad.
Muchos países concluyeron que la competencia absoluta en el mercado del libro termina favoreciendo la concentración y empobreciendo la oferta cultural.
El libro no es un producto cualquiera
El gobierno sostiene que toda regulación constituye una interferencia innecesaria sobre el mercado.
El sector editorial responde que el libro no puede analizarse únicamente desde la lógica económica.
Y ambos argumentos contienen parte de verdad.
Es razonable aspirar a que los lectores paguen menos.
También resulta razonable preguntarse qué ocurre cuando esa reducción de precios termina eliminando precisamente a quienes garantizan la existencia de miles de títulos que jamás podrían sobrevivir únicamente por volumen de ventas.
La propia Fundación El Libro recordó que las librerías argentinas son reconocidas internacionalmente por su densidad territorial y por su función cultural, definiéndolas como «verdaderos faros culturales» y no simples comercios. Además, alertó que la derogación de la ley no fortalecería la competencia, sino que favorecería la concentración del mercado editorial en manos de los actores económicamente más poderosos.
La pregunta de fondo, entonces, trasciende la Ley 25.542.
Una sociedad puede decidir que todo quede librado al mercado.
Pero también debe aceptar las consecuencias de esa decisión.
Cuando desaparece una librería independiente, no solo cierra un negocio.
Se apaga un espacio de encuentro, una recomendación inesperada, una editorial pequeña que encontró dónde exhibir sus libros, un autor desconocido que consiguió sus primeros lectores y una comunidad que entendía la lectura como algo más que una transacción comercial.
El verdadero debate no consiste en saber si un best seller podrá venderse unos pesos más barato.
Consiste en decidir si queremos un país donde sobrevivan únicamente los libros capaces de ganar la guerra de los descuentos o uno donde todavía exista lugar para aquellas obras que quizás nunca sean un éxito comercial, pero sin las cuales una sociedad termina leyendo cada vez menos mundos y pensando cada vez menos ideas.
