Melina Schweizer
El oficialismo buscará aprobar en agosto un proyecto que eleva hasta seis años de prisión las penas por denuncias consideradas falsas en casos de abuso sexual y violencia de género. Organismos de derechos humanos, especialistas y la ONU advierten que la iniciativa podría desalentar las denuncias de las víctimas.
El Gobierno nacional acelera una de las iniciativas más controvertidas de su agenda legislativa. Con respaldo de sectores de la UCR, el PRO y bloques aliados, el Senado se prepara para debatir el próximo 6 de agosto el proyecto conocido como «Falsas Denuncias», una reforma del Código Penal que endurece las penas contra quienes formulen denuncias que luego sean consideradas falsas, con un agravamiento especial para los casos de violencia de género, abuso sexual y delitos contra menores.
La propuesta, impulsada por la senadora radical Carolina Losada y respaldada públicamente por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, prevé penas de entre uno y tres años para las denuncias falsas en general, pero eleva la condena a entre tres y seis años cuando se trate de denuncias vinculadas a delitos sexuales o violencia de género.
Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca proteger a personas afectadas por acusaciones falsas y garantizar el principio de inocencia. Losada argumentó que las denuncias maliciosas perjudican tanto a los acusados como a las verdaderas víctimas, al desacreditar las luchas contra la violencia machista.
Sin embargo, la iniciativa despertó una fuerte reacción de organizaciones feministas, organismos de derechos humanos y especialistas en violencia de género, que advierten que el proyecto podría generar un efecto contrario al buscado: desalentar las denuncias de mujeres, niñas y adolescentes que ya enfrentan enormes obstáculos para acudir a la Justicia.
Uno de los principales cuestionamientos proviene del propio Ministerio Público Fiscal. Un informe del Observatorio de Género analizó más de ocho millones de expedientes judiciales y concluyó que las denuncias falsas representan apenas el 0,09% del total de las causas registradas entre 2023 y la actualidad. En contraste, el mismo estudio señaló que el 77% de las mujeres que sufrieron violencia de género nunca realizó una denuncia, consolidando al subregistro como el verdadero problema del sistema.
La preocupación también llegó al plano internacional. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas recomendó expresamente al Estado argentino retirar la iniciativa, al considerar que podría obstaculizar el acceso a la Justicia de las víctimas y debilitar las políticas de protección frente a la violencia de género.
Para la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, la propuesta «no protege a las infancias ni combate las falsas denuncias», sino que favorece un clima de mayor impunidad para los delitos sexuales y la violencia machista.
Más allá del debate jurídico, el proyecto se inscribe dentro de la denominada «batalla cultural» impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que busca revisar buena parte de las políticas de género implementadas durante las últimas dos décadas. La discusión promete convertirse en uno de los principales focos de confrontación política del segundo semestre.
Si el Senado aprueba la iniciativa, Argentina avanzará hacia un esquema penal que endurece las sanciones por denuncias falsas, aunque el debate de fondo seguirá abierto: cómo combatir las acusaciones maliciosas sin convertir el temor a una condena en una barrera para quienes necesitan denunciar violencia, abuso o agresiones sexuales.
