Melina Schweizer
La Libertad Avanza consiguió dictamen para ampliar el régimen con el que Caputo pretende incorporar los “dólares del colchón”. Para reunir 44 firmas debió aceptar que funcionarios, legisladores, jueces y otras autoridades no puedan acceder a sus inmunidades tributarias.
El oficialismo logró dictamen de mayoría para reformar la Ley de Inocencia Fiscal, pero tuvo que incorporar una cláusula destinada a impedir que los funcionarios utilicen las garantías del régimen para proteger patrimonios sin declarar. La modificación fue exigida por los bloques aliados después del escándalo que terminó con la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete.
El proyecto recibió 44 firmas durante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal de la Cámara de Diputados. La Libertad Avanza aportó 32; el PRO, cuatro; la Unión Cívica Radical e Innovación Federal, dos cada uno; y el MID, Independencia y otros espacios provinciales completaron el respaldo. Provincias Unidas firmó con disidencias.
La Casa Rosada pretende llevar la iniciativa al recinto el 26 de agosto. Si obtiene media sanción, deberá pasar al Senado.
La reforma busca ampliar la Ley 27.799, sancionada a fines de 2025 y promulgada el 2 de enero de 2026. Su objetivo declarado es ofrecer protección fiscal a quienes ingresen al circuito formal ahorros, bienes o dinero que hasta ahora permanecían fuera del sistema declarado.
Luis Caputo calcula que los argentinos conservan alrededor de 160.000 millones de dólares fuera del circuito formal. El ministro los denomina “dólares del colchón”; el problema legislativo consiste en establecer cuándo se trata de ahorro informal y cuándo de patrimonio cuyo origen debe ser investigado.
La cláusula que dejó afuera a los funcionarios
El proyecto original del Ejecutivo no contenía una exclusión suficientemente amplia para las autoridades públicas. Los bloques dialoguistas condicionaron sus firmas a que quienes ejercen funciones estatales no puedan acogerse a las presunciones, efectos liberatorios e inmunidades ofrecidas por el régimen.
La restricción alcanzará a quienes ocupen o hayan ocupado los cargos enumerados durante los cinco años anteriores a la adhesión. Entre ellos se encuentran:
- Funcionarios y empleados con jerarquía igual o superior a secretario de Estado en los gobiernos nacional, provinciales, municipales y porteño.
- Diputados, senadores, legisladores provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, concejales y parlamentarios del Mercosur.
- Magistrados del Poder Judicial y miembros del Ministerio Público de todas las jurisdicciones.
- Defensores del Pueblo y sus adjuntos.
- Integrantes de los consejos de la magistratura y jurados de enjuiciamiento.
Estas personas podrán utilizar la modalidad simplificada para presentar su declaración jurada de Ganancias, pero no recibirán las protecciones adicionales destinadas a impedir fiscalizaciones sobre variaciones patrimoniales.
La diferencia es sustancial. La declaración simplificada constituye una herramienta administrativa; las presunciones y efectos liberatorios limitan la capacidad de ARCA para revisar el patrimonio, reclamar impuestos de períodos anteriores o cuestionar el origen fiscal del dinero incorporado.
Los funcionarios podrán simplificar su declaración. No podrán utilizar esa simplificación como escudo.
Una reforma marcada por Adorni
La modificación quedó inevitablemente asociada con Manuel Adorni. El exjefe de Gabinete fue cuestionado después de que se conocieran inconsistencias y operaciones patrimoniales que no logró explicar satisfactoriamente, entre ellas préstamos por unos 200.000 dólares atribuidos a dos mujeres jubiladas.
Adorni había solicitado ingresar al régimen fiscal junto con otros integrantes del Gobierno. Su caso expuso el riesgo político y jurídico de que funcionarios responsables de administrar recursos públicos accedieran a beneficios diseñados para impedir que el Estado examinara el origen de determinados incrementos patrimoniales.
La exclusión incorporada al dictamen no determina la culpabilidad del exfuncionario ni reemplaza las investigaciones administrativas o judiciales correspondientes. Pero reconoce un problema evidente: quienes ejercen poder público están sometidos a deberes de transparencia superiores a los de un contribuyente particular.
Un funcionario no solamente debe pagar sus impuestos. También debe justificar cómo construyó su patrimonio, declarar los intereses que puedan condicionar sus decisiones y demostrar que sus recursos no provienen de sobornos, negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito u otras actividades criminales.
La cláusula Adorni surgió porque el proyecto oficial confundía la inocencia fiscal con el derecho del poder a no dar explicaciones.
Qué beneficios pretende ampliar el Gobierno
La ley vigente creó un Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país.
Actualmente, el acceso completo está sujeto a tres barreras principales: ingresos anuales inferiores a $1.000 millones, patrimonio total menor a $10.000 millones y no estar clasificado como gran contribuyente por ARCA.
La reforma elimina los límites vinculados con ingresos y patrimonio. De esa manera, personas con fortunas superiores a $10.000 millones también podrán ingresar al sistema.
Los grandes contribuyentes accederán a la modalidad simplificada, pero no a las presunciones de exactitud, inmunidades o efectos liberatorios. Esa distinción fue incorporada para evitar que los actores económicos con mayor capacidad contributiva quedaran prácticamente fuera del alcance fiscalizador.
El Gobierno sostiene que la ampliación permitirá formalizar capitales, aumentar depósitos, facilitar inversiones y expandir la recaudación futura. Sin embargo, la iniciativa no obliga a invertir productivamente el dinero ni garantiza que los fondos permanezcan dentro del sistema financiero argentino.
Qué significa la “presunción de exactitud”
Quienes adhieran al régimen podrán aceptar una declaración jurada precargada por ARCA a partir de los datos disponibles en sus sistemas y de la información aportada por terceros.
Una vez presentada y pagado el impuesto correspondiente, la declaración gozará de una presunción de exactitud. El organismo recaudador tendrá márgenes más reducidos para revisar variaciones patrimoniales o consumos que no coincidan plenamente con los ingresos declarados.
La ley vigente establece que esa protección puede caer cuando ARCA detecta una “discrepancia significativa”. Uno de los criterios es que la diferencia supere el 15% de lo declarado.
La reforma incorpora además un piso nominal. Aunque la diferencia porcentual exceda el 15%, no se romperá automáticamente la presunción si el monto discutido no supera los cinco millones de pesos.
La intención declarada es evitar que diferencias menores activen una fiscalización integral. El riesgo es que la acumulación de tolerancias reduzca la capacidad estatal para detectar maniobras fragmentadas o inconsistencias repetidas.
No es exactamente un blanqueo tradicional
El Gobierno rechaza la palabra “blanqueo” porque el régimen no establece un impuesto especial a cambio de declarar activos ocultos, como ocurrió en programas anteriores. Tampoco exige necesariamente individualizar todo el patrimonio que permanecía fuera del sistema.
La herramienta funciona de otra manera: modifica las reglas de fiscalización, presume correctas determinadas declaraciones y limita las posibilidades de que ARCA investigue períodos previos cuando el contribuyente cumple las condiciones establecidas.
Por eso, aunque técnicamente no reproduzca el formato clásico de un sinceramiento fiscal, busca producir un resultado semejante: que dinero no declarado pueda ingresar al circuito económico con un riesgo tributario reducido.
Las inmunidades fiscales tampoco impiden investigar delitos comunes. El régimen no debería bloquear causas por lavado de activos, narcotráfico, corrupción, trata de personas o financiamiento del terrorismo. Las entidades financieras continúan sujetas a controles de conocimiento del cliente y a la obligación de reportar operaciones sospechosas.
El punto crítico será comprobar si esos controles funcionan de verdad o si la presunción tributaria termina siendo interpretada por bancos y organismos como una certificación general sobre la legalidad del dinero.
Menos multas para pequeños contribuyentes
El dictamen también incorpora modificaciones sobre las sanciones por incumplimientos formales. Establece una reducción permanente del 25% para determinadas multas aplicadas a MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.
Además, contempla una reducción del 50% para algunas sanciones anteriores que todavía no estén firmes o canceladas, siempre que el contribuyente regularice la conducta cuestionada.
Esta parte busca corregir el fuerte aumento de multas dispuesto por la Ley 27.799. La norma actualizó montos que llevaban años desfasados, pero en algunos casos produjo sanciones difíciles de afrontar para pequeños contribuyentes y organizaciones sin fines de lucro.
El proyecto modifica la Ley de Inocencia Fiscal, la Ley 11.683 de Procedimiento Tributario y disposiciones relacionadas con el régimen sancionatorio del trabajo rural. La nota original que menciona la Ley 26.799 contiene un error: la norma vigente es la Ley 27.799.
El dilema de los dólares del colchón
La Argentina necesita recuperar ahorro doméstico, ampliar el crédito y disminuir la informalidad. Pero otorgar seguridad jurídica a un pequeño ahorrista no plantea el mismo problema que reducir controles sobre una fortuna de origen incierto.
La eliminación de los topes patrimoniales amplía enormemente el universo de beneficiarios. Una persona que guardó algunos miles de dólares fuera del banco y otra con bienes no declarados por miles de millones podrían ingresar al mismo esquema, aunque solamente la segunda disponga de estructuras profesionales para explotar cada límite de fiscalización.
El Gobierno presenta la reforma como una relación renovada entre el Estado y el contribuyente. La oposición reclama que esa confianza no se convierta en ceguera deliberada frente a la evasión de gran escala.
La cláusula impuesta por los aliados evita, al menos, que los funcionarios utilicen el régimen completo para blindarse mientras ejercen el poder o inmediatamente después de abandonarlo. No fue una previsión ética de la Casa Rosada: fue una concesión arrancada por el Congreso después de un escándalo.
Caputo quiere que los argentinos saquen los dólares del colchón. El caso Adorni obligó a aclarar que los funcionarios primero deben explicar cómo llegaron hasta allí.
Rodolfo Gudino
