Melina Schweizer
La presión de la Embajada estadounidense contra una cooperativa neuquina reavivó la disputa por el control de la infraestructura digital. Fuentes del sector vinculan la ofensiva con la Refefo de Arsat, pero hasta ahora no existe una propuesta pública que pruebe su transferencia a una compañía norteamericana.
La ofensiva del embajador Peter Lamelas contra Huawei dejó de ser una discusión comercial para transformarse en una disputa abierta por la infraestructura digital argentina. Luego de que directivos de la cooperativa neuquina CALF denunciaran amenazas sobre sus visas estadounidenses, fuentes del sector señalaron que Washington tendría un objetivo más amplio: desplazar a las compañías chinas de las telecomunicaciones y ganar influencia sobre la Red Federal de Fibra Óptica administrada por Arsat.
La Refefo constituye la principal red pública de conectividad del país. Arsat informa que posee más de 31.500 kilómetros iluminados, mientras distintas mediciones oficiales de los últimos años ubican su extensión total entre 34.500 y 36.500 kilómetros. Atraviesa más de mil localidades y permite que cooperativas, pequeñas empresas y proveedores regionales lleven internet a zonas donde las grandes compañías privadas no encuentran suficiente rentabilidad.
La denuncia publicada por La Política Online sostiene que Estados Unidos busca que Javier Milei entregue el control de esa infraestructura a una empresa norteamericana. Sin embargo, hasta el momento no se conoce una oferta, un expediente administrativo, una licitación ni una compañía identificada que documenten esa operación.
La hipótesis resulta geopolíticamente verosímil por la ofensiva global de Washington contra Huawei, pero todavía debe presentarse como información atribuida a fuentes sectoriales y no como una transferencia confirmada.
La amenaza contra una cooperativa argentina
El conflicto estalló después de que CALF, una de las principales distribuidoras eléctricas de la Patagonia, denunciara presiones de la Embajada de Estados Unidos por sus negociaciones con Huawei para instalar un centro de datos en Neuquén.
Según la cooperativa, un funcionario estadounidense preguntó si existía la posibilidad de cancelar el proyecto y advirtió sobre una política de restricción o revocación de visas para directivos vinculados con iniciativas de la empresa china.
Lamelas no negó la política migratoria utilizada como instrumento de presión. “Cada país cuida su casa. Estados Unidos no es la excepción. Decidir quién entra y quién no es una responsabilidad de cualquier nación”, respondió públicamente.
El argumento resulta jurídicamente cierto pero políticamente incompleto: Washington puede decidir a quién permite ingresar a su territorio, aunque utilizar esa facultad para condicionar un contrato celebrado en Argentina constituye una forma explícita de presión diplomática.
El episodio fue confirmado y recogido por medios internacionales como Associated Press y El País.
Vaca Muerta como advertencia
Lamelas profundizó el conflicto durante el AmCham Energy Summit, donde volvió a cuestionar la participación de Huawei en sectores tecnológicos estratégicos y vinculó el clima de inversión estadounidense con las decisiones que adopte Argentina.
La mención de Vaca Muerta elevó el tono de la advertencia. Estados Unidos no estaba discutiendo únicamente quién proveería equipos a una cooperativa: colocaba sobre la mesa inversiones energéticas multimillonarias para influir sobre una contratación tecnológica.
Washington considera que Huawei mantiene vínculos estrechos con el Estado chino y que sus equipos pueden representar riesgos de espionaje, acceso a información sensible o dependencia tecnológica. Por eso promueve desde hace años su exclusión de redes 5G, centros de datos y sistemas críticos entre sus aliados.
Huawei rechaza esas acusaciones. La compañía afirmó que es una empresa privada, que trabaja en Argentina desde 2001 y que cumple las leyes de cada país. También aseguró que nunca registró incidentes que justifiquen las sospechas estadounidenses sobre su ciberseguridad.
Las declaraciones corporativas tampoco cierran la discusión. Una política soberana no debería aceptar ciegamente las garantías de Huawei ni las acusaciones de Estados Unidos. Argentina necesita evaluaciones técnicas propias, auditorías independientes y reglas de seguridad aplicables a todas las compañías, sin importar si sus casas matrices están en Shenzhen, Seattle o Silicon Valley.
China acusó a Washington de intervenir en Argentina
La Embajada china respondió que las acusaciones de Lamelas eran “calumnias sin ningún fundamento” y denunció una “mentalidad de Guerra Fría”. También sostuvo que el Gobierno chino nunca exige a sus empresas recolectar datos violando la legislación de los países donde operan.
Pekín calificó las presiones contra CALF como una violación de la soberanía argentina y de los principios del libre mercado. La declaración dejó una escena incómoda para la Casa Rosada: la defensa pública del derecho de una empresa argentina a elegir proveedores provino de una potencia extranjera mientras el Gobierno de Milei guardaba silencio.
CALF afirmó que informó de la situación al canciller Pablo Quirno, pero no obtuvo respuesta. “Nosotros no vamos a relegar una transacción comercial con Huawei, excepto que aparezca una empresa que nos dé un mejor producto y a mejor precio”, sostuvo su vicepresidente, Carlos Quintriqueo.
El gerente de Tecnologías de la Información y Comunicación, Sergio Fernández Novoa, aclaró que la cooperativa compra equipamiento chino, europeo y estadounidense, sin contratos de exclusividad. Su criterio, explicó, es seleccionar precio, financiamiento y tecnología adecuados para cada proyecto.
Esa lógica comercial fue la que Washington intentó alterar con una amenaza migratoria.
La red pública que incomoda a los gigantes
La Refefo fue creada para conectar localidades que quedaban fuera de los planes de inversión de las grandes operadoras. Arsat presta capacidad mayorista a cooperativas, pymes y proveedores locales, que luego ofrecen el servicio final a hogares, comercios e instituciones.
El Estado no reemplaza necesariamente a esas empresas. Proporciona una red troncal para que puedan competir y evita que la conectividad de regiones enteras dependa exclusivamente de Telecom, Claro u otros grandes operadores.
La red también posee valor estratégico para conectar organismos públicos, escuelas, hospitales y sistemas de seguridad. Su infraestructura puede respaldar redes móviles, centros de datos y futuros despliegues de 5G, aunque la fibra por sí sola no constituye una red móvil de quinta generación: también hacen falta espectro radioeléctrico, antenas, núcleos de red y equipamiento específico.
El control de la Refefo permite definir precios mayoristas, prioridades de expansión, condiciones de acceso y criterios de seguridad. No es solamente una colección de cables enterrados. Es una herramienta para decidir quién se conecta, a qué costo y bajo qué dependencia tecnológica.
Arsat no está autorizada para ser privatizada
La nota original afirma que el Gobierno quiere privatizar Arsat. Esa intención puede existir dentro del programa general de Milei, pero enfrenta una limitación legal concreta: la empresa fue retirada de la lista definitiva de sociedades privatizables durante la negociación de la Ley Bases.
La Ley 27.742 autorizó la privatización total o parcial de ocho empresas públicas, pero Arsat no quedó incluida. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo no puede venderla utilizando directamente las facultades otorgadas por esa norma.
Una privatización accionaria requeriría una nueva autorización legislativa. También podrían intentarse mecanismos diferentes —concesiones, asociaciones, contratos de operación o cesión de unidades de negocios—, pero cada modalidad tendría que ser analizada según su marco jurídico y no puede darse por consumada sin documentación.
La continuidad de Arsat bajo control estatal tampoco garantiza por sí misma que la Refefo quede protegida. Una empresa pública puede tercerizar servicios, contratar proveedores extranjeros o delegar funciones estratégicas sin transferir formalmente sus acciones. Por eso, el control debe extenderse a los contratos, no limitarse a la titularidad societaria.
No hay una empresa estadounidense identificada
El señalamiento más delicado es que Milei entregaría la red a “una empresa estadounidense”. La información disponible no permite saber cuál sería esa compañía, bajo qué modalidad ingresaría, cuánto pagaría ni si asumiría la operación completa o solamente determinadas capas tecnológicas.
Tampoco se conoce si Washington pretende la propiedad de la infraestructura, una concesión operativa, la provisión exclusiva de equipos, el acceso a sus centros de datos o simplemente excluir a Huawei y otros proveedores chinos.
No son escenarios equivalentes. Vender la red, concesionarla, contratar tecnología o establecer estándares de ciberseguridad producen consecuencias jurídicas y económicas distintas.
Mientras no aparezcan documentos, la investigación debe concentrarse en preguntas comprobables: qué reuniones mantuvo Lamelas con autoridades argentinas, qué empresas participaron, qué propuestas fueron entregadas, qué decisiones analiza Arsat y si existen negociaciones sobre la Refefo.
Soberanía digital no es elegir un nuevo patrón
La Argentina no necesita reemplazar una dependencia china por otra estadounidense. La soberanía tecnológica tampoco consiste en aceptar la oferta más barata sin evaluar los riesgos de acceso a datos, mantenimiento, actualizaciones y dependencia del proveedor.
Toda compañía que intervenga en infraestructura crítica debe quedar sometida a auditorías, requisitos de localización de información, transparencia contractual y controles de seguridad. Las mismas exigencias deben alcanzar a Huawei, Amazon, Google, Microsoft y cualquier proveedor nacional o extranjero.
Estados Unidos tiene derecho a proteger sus propias redes. Lo que no tiene es autoridad para decidir, mediante amenazas privadas, qué puede comprar una cooperativa argentina dentro del territorio nacional.
China puede denunciar esa injerencia, pero tampoco debería ocupar el lugar de garante de la soberanía argentina. Esa tarea corresponde al Gobierno, al Congreso y a los organismos regulatorios del país.
El silencio de Milei y Quirno es el dato político más grave. Mientras Washington y Pekín discuten públicamente quién debe controlar la tecnología utilizada en Argentina, la Casa Rosada actúa como si el país fuera solamente el lugar físico donde otros negocian.
La pelea contra Huawei ya llegó a Vaca Muerta y ahora rodea a la Refefo. Todavía no está probado que Estados Unidos vaya a quedarse con la red. Lo que sí quedó demostrado es que ya pretende decidir quién puede conectarse a ella.
Rodolfo Gudino
