Un informe de la Universidad de Buenos Aires revela que el gasto nacional en Educación y Cultura se desplomó un 43,2% en 2024 y otro 7,9% en 2025. Si no se amplían las partidas, en 2026 la caída acumulada superará el 50%, mientras becas, programas socioeducativos y salarios docentes continúan perdiendo recursos.
La educación pública argentina atraviesa uno de los mayores ajustes presupuestarios de las últimas décadas. Un informe elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), advierte que entre 2024 y 2025 el Gobierno nacional redujo casi a la mitad el presupuesto real destinado a Educación y Cultura, consolidando un fuerte repliegue del Estado en uno de los sectores estratégicos para el desarrollo del país.
Los datos muestran que el gasto educativo cayó un 43,2% en términos reales durante 2024, mientras que en 2025 volvió a retroceder otro 7,9%. Si el Poder Ejecutivo no amplía las partidas presupuestarias vigentes, el informe proyecta una nueva disminución del 12,7% durante 2026, lo que llevaría el ajuste acumulado a niveles históricos.

Los gráficos elaborados por el IIEP reflejan con claridad esa tendencia. Además de reducirse el gasto efectivo, también cayó la participación de Educación y Cultura tanto dentro del presupuesto nacional como en relación con el Producto Bruto Interno, mostrando que la función educativa perdió peso dentro de las prioridades del Estado.
Uno de los factores que explica el recorte fue la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una herramienta que durante años complementó los salarios de maestros y profesores de todo el país. La desaparición de ese financiamiento obligó a las provincias a absorber parte del costo salarial, aunque muchas no lograron compensarlo completamente, provocando en algunos distritos pérdidas superiores al 10% en los ingresos docentes.
El ajuste también impactó de lleno sobre las políticas de inclusión educativa. Según el estudio, las becas estudiantiles sufrieron una reducción real del 42,5%, mientras que el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas perdió un 49,5% de sus recursos durante 2025, afectando programas destinados a sostener la permanencia escolar y reducir las desigualdades.
La única excepción dentro del presupuesto fue el Plan Nacional de Alfabetización, que incrementó su nivel de ejecución y pasó a convertirse en una de las principales líneas de acción de la Secretaría de Educación. Sin embargo, los investigadores advierten que ese crecimiento resulta insuficiente para compensar el fuerte retroceso registrado en el resto de las políticas educativas.
El informe concluye que, de mantenerse las actuales partidas presupuestarias, el sistema educativo nacional continuará perdiendo capacidad de financiamiento durante 2026. Para especialistas en políticas públicas, la reducción sostenida de la inversión compromete no sólo el funcionamiento cotidiano de escuelas y universidades, sino también la formación de capital humano, la investigación científica y las posibilidades de desarrollo económico del país en el mediano y largo plazo.
En un contexto de ajuste fiscal impulsado por el Gobierno nacional, la educación aparece como uno de los sectores que más recursos perdió. Mientras el Ejecutivo defiende el equilibrio de las cuentas públicas como eje de su programa económico, universidades, docentes y especialistas advierten que el costo del recorte comienza a trasladarse directamente a las aulas.



























