GONZALO SCHWEIZER
Después de minimizar la morosidad familiar y definirla como un problema “entre privados”, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, reconoció que las tasas elevadas inducen al incumplimiento y propuso que las entidades refinancien las deudas con intereses más bajos y plazos más largos. La mora de los hogares volvió a subir en julio y alcanzó el 12,94%.
El Gobierno comenzó a reconocer una parte del problema que hasta ahora había buscado minimizar. Después de sostener que el creciente endeudamiento de las familias pertenece al terreno de las relaciones “entre privados” y rechazar una intervención estatal, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, admitió que las tasas de interés son tan elevadas que para muchos deudores resultan directamente “impagables”.
La definición resulta especialmente significativa porque proviene de la segunda autoridad del organismo encargado de conducir la política monetaria. Werning sostuvo que “las tasas de interés son altas, inducen a la mora y resultan impagables en términos reales” para una parte de quienes tomaron créditos esperando otro escenario de inflación o una devaluación posterior.
El diagnóstico introduce un giro en el discurso oficial. El Gobierno continúa rechazando un salvataje estatal y no plantea una política pública destinada directamente a rescatar a las familias endeudadas, pero ahora reconoce que el precio al que se otorgó parte del crédito contribuyó a generar el mismo incumplimiento que hasta hace pocos días relativizaba.
La mora familiar ya llegó al 12,94%
El reconocimiento aparece cuando los datos muestran que el problema continúa creciendo. Un relevamiento de la consultora 1816, realizado a partir de la Central de Deudores del Banco Central, ubicó la irregularidad de las familias en 12,94% durante julio, frente al 12,77% registrado en junio.
La mora también aumentó en el conjunto del sector privado no financiero, desde 7,63% hasta 7,73%, mientras que entre las empresas avanzó del 3,5% al 3,61%.
La diferencia entre hogares y empresas permite identificar dónde está concentrada la mayor tensión. La irregularidad familiar no solamente es considerablemente superior, sino que continúa aumentando después de meses en los que el crédito fue utilizado como herramienta para compensar ingresos que no alcanzaban a cubrir todos los gastos.
El problema aparece cuando esa financiación deja de ser una solución transitoria. Una familia puede utilizar una tarjeta, un préstamo personal o una billetera virtual para atravesar un mes complicado, pero el ingreso siguiente llega con una parte ya comprometida. Si además debe refinanciar el saldo a tasas elevadas, la deuda empieza a crecer más rápido que la capacidad de pago.
Del “problema entre privados” a admitir créditos impagables
Hasta ahora, la posición política del Gobierno había sido que el Estado no debía intervenir en relaciones contractuales celebradas voluntariamente entre particulares. La crisis de morosidad quedaba así planteada como un asunto entre bancos y clientes.
La declaración de Werning mantiene esa filosofía, pero incorpora un reconocimiento incómodo: si determinadas tasas “inducen a la mora” y terminan siendo “impagables”, el problema ya no puede explicarse únicamente por una decisión equivocada del deudor.
El vicepresidente del BCRA trasladó la responsabilidad hacia las entidades financieras y sostuvo que algunas tomaron decisiones crediticias equivocadas.
“Los bancos hoy tienen un capital de sobra y claramente tienen capacidad de absorber las pérdidas por las decisiones equivocadas que han tomado. No necesitan asistencia de afuera”, afirmó durante la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, realizada en Misiones.
La frase delimita con bastante precisión la nueva posición oficial: el Gobierno reconoce el deterioro, pero pretende que el costo de solucionarlo permanezca dentro del sistema financiero.
El BCRA les pide a los bancos bajar las tasas y alargar las deudas
Werning planteó como salida que sean las propias entidades las que refinancien los compromisos que sus clientes ya no pueden afrontar.
La propuesta consiste en extender los plazos y reducir sustancialmente las tasas de interés para convertir obligaciones actualmente difíciles de pagar en cuotas compatibles con los ingresos de los deudores.
“Estas refinanciaciones tienen que venir con tasas de interés mucho más bajas, para darles oportunidad de pago, tienen que venir con plazos más largos”, explicó.
La lógica es sencilla: si un hogar ya no puede pagar una cuota, refinanciarla al mismo interés solamente posterga el incumplimiento y puede incrementar el monto final adeudado. Una reestructuración con menor tasa y mayor plazo reduce la cuota mensual y aumenta las posibilidades de recuperar el crédito.
Pero también traslada parte del costo hacia los bancos. Cobrar menos intereses o aceptar pérdidas implica reconocer que una porción de las condiciones originales del crédito dejó de ser sostenible.
Precisamente por eso Werning remarcó que las entidades cuentan con capital suficiente para absorber esas pérdidas.
No habrá rescate estatal para los bancos
El Banco Central también descartó explícitamente utilizar recursos públicos para compensar a las entidades por eventuales quitas o pérdidas derivadas de una refinanciación.
“Intervenciones como asistir a los bancos, nosotros las vemos desde el Banco Central con poco interés”, señaló Werning.
El Gobierno rechaza así un mecanismo mediante el cual el Estado aporte fondos para permitir condonaciones o reestructuraciones financiadas con recursos públicos. Su propuesta consiste en que el banco que prestó asuma el costo de haber otorgado un crédito cuya tasa terminó dificultando el propio recupero.
Ese punto introduce una discusión relevante sobre el riesgo. Una entidad financiera cobra intereses, entre otras razones, porque prestar dinero supone la posibilidad de que el cliente no pague. Cuanto mayor es el riesgo, normalmente mayor es la tasa exigida. Pero cuando esa tasa aumenta hasta un nivel que deteriora la capacidad de pago del propio cliente, el mecanismo puede volverse circular: el banco cobra más para cubrirse del riesgo y ese mayor costo termina aumentando el riesgo que pretendía cubrir.
El Gobierno reconoce el problema, pero no ofrece todavía una solución para los hogares
El cambio discursivo no equivale, sin embargo, a un programa concreto de alivio para los endeudados.
El Ejecutivo continúa descartando una intervención directa y la propuesta expresada por el vicepresidente del Banco Central depende fundamentalmente de que las entidades financieras acepten voluntariamente ofrecer refinanciaciones más largas y baratas.
Ahí aparece el principal interrogante. Reconocer que las tasas actuales resultan impagables explica por qué convendría reestructurar las deudas, pero no determina bajo qué condiciones deberán hacerlo los bancos, qué deudores podrán acceder, cuánto deberán reducirse los intereses ni qué ocurrirá con quienes ya acumulan varios meses de atraso.
Mientras esas respuestas no aparezcan, la propuesta sigue siendo más un diagnóstico y una exhortación al sistema financiero que una política específica para los hogares.
Y los números continúan corriendo.
La morosidad familiar llegó al 12,94%, la empresarial al 3,61% y la irregularidad del sector privado no financiero al 7,73%.
El Gobierno pasó así de presentar el endeudamiento como una cuestión estrictamente privada a reconocer desde el propio Banco Central que las tasas pueden inducir a la mora y resultar impagables.
El Estado, sin embargo, mantiene su decisión de no rescatar ni asumir esas deudas. La salida que propone es otra: si los bancos prestaron caro y sus clientes ya no pueden pagar, que sean los propios bancos los que bajen la tasa, estiren los plazos y absorban las pérdidas.
