Melina Schweizer
Agustín Romo presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para arancelar la atención en hospitales públicos y los estudios de grado en universidades provinciales a las personas extranjeras que no acrediten residencia permanente. La iniciativa mantiene la atención gratuita en emergencias, pero endurece el acceso a los servicios públicos para residentes temporarios, transitorios y personas con residencia precaria.
El presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, presentó un proyecto de ley que propone cobrar las prestaciones de salud en hospitales públicos provinciales y los estudios de grado en universidades de gestión estatal a las personas extranjeras que no acrediten residencia permanente en el país.
La iniciativa establece un régimen de arancelamiento para las prestaciones sanitarias brindadas por establecimientos dependientes de la provincia y para las carreras universitarias provinciales, aplicable exclusivamente a extranjeros sin residencia permanente. El proyecto también determina que se utilizarán las categorías migratorias previstas por la Ley Nacional de Migraciones para definir quiénes quedarán alcanzados por la norma.
Aunque el proyecto fue presentado como una medida para «ordenar los recursos públicos», el propio Romo eligió un tono mucho más confrontativo para defenderlo en redes sociales. «Universidad pública y gratuita para los argentinos. Basta de pagar la educación de extranjeros que nos odian. Échenlos a todos. Me importa un carajo si les falta un final para recibirse», escribió el legislador, mezclando la discusión sobre el financiamiento de los servicios públicos con un discurso abiertamente hostil hacia la población migrante.
El texto parlamentario, en cambio, utiliza un lenguaje mucho más moderado y sostiene que el objetivo no es negar derechos, sino exigir que quienes no poseen residencia permanente contribuyan económicamente al sistema sanitario y universitario que utilizan. Entre los fundamentos se afirma que los recursos de la provincia son limitados y deben priorizarse para quienes viven y aportan de manera permanente en Buenos Aires.
Cómo funcionaría el cobro en los hospitales
El proyecto establece que toda persona extranjera que no tenga residencia permanente deberá afrontar el costo de las prestaciones sanitarias mediante un seguro de salud, la cobertura de un tercero responsable o el pago directo del arancel correspondiente.
La iniciativa aclara, sin embargo, que ninguna persona podrá ser rechazada o demorada cuando se trate de una urgencia o emergencia que implique riesgo para la vida. En esos casos, la atención deberá brindarse de inmediato y el eventual recupero del costo solo podrá iniciarse una vez estabilizado el paciente.
Para las prestaciones habituales o programadas, en cambio, quienes tengan residencia temporaria, transitoria, autorización precaria o incluso carezcan de una categoría migratoria vigente deberán acreditar un seguro, una cobertura médica o cancelar previamente el arancel establecido.
El cobro sería administrado a través del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), organismo que ya factura prestaciones a obras sociales, aseguradoras y otros financiadores. El proyecto dispone que la provincia utilice esa estructura para evitar la creación de un nuevo organismo administrativo y recuperar los costos de atención.
Los recursos obtenidos ingresarían al Fondo Provincial de Salud y deberían destinarse a la compra de medicamentos, insumos, equipamiento, obras de infraestructura y mejoras en la capacidad operativa de los hospitales públicos.
Las excepciones previstas
A diferencia del discurso público de Romo, el articulado incorpora varias excepciones.
Además de garantizar la atención inmediata en todas las emergencias médicas, el proyecto excluye del arancelamiento a las víctimas de trata de personas y a todas las acciones vinculadas con la prevención, vacunación, diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades transmisibles o de notificación obligatoria. El objetivo declarado es evitar que razones económicas interfieran con políticas esenciales de salud pública.
Esto significa que campañas de vacunación, controles epidemiológicos o tratamientos destinados a contener enfermedades transmisibles continuarían siendo gratuitos, independientemente de la situación migratoria del paciente.
Universidades provinciales con aranceles
La segunda parte del proyecto apunta al sistema universitario provincial.
El artículo 10 dispone que las universidades provinciales de gestión estatal deberán establecer retribuciones económicas para los estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente. Cada institución definiría el monto, las modalidades de pago y los mecanismos de actualización mediante sus propios órganos de gobierno.
El proyecto también obliga tanto al Ministerio de Salud como a las universidades alcanzadas a publicar anualmente información sobre la cantidad de prestaciones o estudiantes comprendidos, los montos facturados, el dinero efectivamente percibido, las exenciones otorgadas, los costos administrativos y el destino final de los recursos, preservando la identidad de las personas involucradas.
Es importante señalar que la iniciativa solo alcanza a las universidades provinciales de gestión estatal. No modifica el régimen de las universidades nacionales, cuya organización y financiamiento dependen del Estado nacional y cuentan con autonomía garantizada por la legislación vigente.
Los argumentos del proyecto
En los fundamentos, Romo sostiene que la provincia no puede continuar financiando «sin límites» servicios utilizados por personas que no poseen residencia permanente mientras existen necesidades insatisfechas entre los bonaerenses.
El texto afirma que la salud pública y la educación universitaria se sostienen con el esfuerzo de los contribuyentes y que no resulta justo que quienes se encuentran transitoriamente en el país accedan gratuitamente a esos servicios sin contar con un seguro ni asumir parte de los costos. También sostiene que los recursos recuperados permitirían mejorar hospitales, adquirir medicamentos, incorporar equipamiento e invertir en infraestructura universitaria.
Según el proyecto, el objetivo es que el esfuerzo presupuestario provincial se concentre en quienes viven, trabajan y desarrollan su proyecto de vida en Buenos Aires, al tiempo que se establece un mecanismo para recuperar gastos cuando los servicios son utilizados por personas sin residencia permanente.
Un debate que recién comienza
La iniciativa todavía deberá atravesar el trámite legislativo antes de convertirse en ley. Para ello necesitará ser debatida en comisiones, obtener dictamen y reunir mayorías en ambas cámaras de la Legislatura bonaerense.
El proyecto se suma a una agenda impulsada por distintos sectores de La Libertad Avanza que busca restringir el acceso gratuito de extranjeros no residentes a determinados servicios públicos, bajo el argumento de reducir el gasto estatal y priorizar los recursos para los ciudadanos argentinos y residentes permanentes.
Sin embargo, la discusión promete ir mucho más allá del plano presupuestario. Mientras el texto legislativo plantea un sistema de recupero de costos con excepciones sanitarias y mecanismos administrativos específicos, las declaraciones de Romo trasladaron el debate hacia un discurso de fuerte confrontación con la población migrante.
Ese contraste probablemente atraviese toda la discusión parlamentaria: por un lado, un proyecto que propone arancelar determinados servicios para extranjeros sin residencia permanente; por otro, una narrativa política que presenta la migración como un problema en sí mismo y que convirtió una iniciativa fiscal en una nueva bandera de la confrontación cultural impulsada por el oficialismo libertario.
REDACCIÓN
