Melina Schweizer
Organizaciones sociales protestaron en Avellaneda contra el cierre de Volver al Trabajo, que deja a unas 900.000 personas sin una prestación mensual de $78.000. La Policía Federal aplicó el protocolo antipiquetes, avanzó con escudos y gas pimienta y bloqueó el paso de las columnas que buscaban llegar a la marcha de jubilados frente al Congreso.
La crisis social volvió a hacerse visible este miércoles en uno de los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Organizaciones de trabajadores de la economía popular se concentraron en Puente Pueyrredón para rechazar el cierre del programa Volver al Trabajo y denunciar que cerca de 900.000 personas perderán desde agosto un ingreso mensual que, aunque insuficiente, resulta decisivo para la supervivencia de miles de familias.
La protesta reunió a militantes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, la CTA, el Polo Obrero y otras organizaciones sociales. Las columnas buscaban cruzar desde Avellaneda hacia la Capital Federal para confluir con la movilización convocada por la CGT, las dos CTA, la UTEP y agrupaciones de jubilados frente al Congreso.
El operativo desplegado por la Policía Federal impidió su avance. Los efectivos formaron un cordón sobre el acceso, utilizaron escudos y gas pimienta y aplicaron el protocolo antipiquetes para evitar que la protesta ocupara totalmente la calzada. También fueron movilizados camiones hidrantes, aunque las imágenes difundidas durante la mañana mostraron principalmente el avance policial sobre manifestantes que sostenían banderas y carteles.
Después de los momentos de mayor tensión, el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, lanzó una advertencia directa al gobierno de Javier Milei. “Está en riesgo la paz social. Los pibes empiezan a chupar cartón para sobrevivir. Esa es la triste realidad que atraviesa el pueblo trabajador”, afirmó frente a los medios.
La frase resumió el eje de una protesta que no estuvo centrada únicamente en la continuidad de un programa estatal, sino en el deterioro de las condiciones de vida en los barrios populares. Gramajo sostuvo que la pérdida de ingresos, la falta de empleo formal y el encarecimiento de los alimentos están empujando a numerosas familias a niveles extremos de precariedad.
Un ingreso mínimo que sostenía gastos esenciales
El reclamo se originó en la decisión del Ministerio de Capital Humano de poner fin al programa Volver al Trabajo, creado tras la división del antiguo Potenciar Trabajo. La prestación alcanzaba a alrededor de 900.000 trabajadores de la economía popular y representaba un ingreso mensual cercano a los $78.000.
La eliminación fue posible después de que la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocara una medida cautelar que obligaba al Gobierno a continuar pagando el beneficio. La resolución judicial no declaró que los beneficiarios carecieran de derecho a reclamar ni resolvió definitivamente el fondo del conflicto, pero dejó sin efecto la protección provisoria que impedía discontinuar los pagos.
Para las organizaciones, la cifra resulta baja frente al costo de vida, pero permite cubrir una parte de gastos que no pueden postergarse. “Son $78.000 miserables, pero a las familias les permite planificar parte de su vida comprando una garrafa, carne o leche”, explicó Gramajo.
La eliminación del programa tendrá, además, efectos sobre los comercios barriales. La mayor parte de ese dinero no se destina al ahorro ni a consumos extraordinarios, sino que circula rápidamente en almacenes, ferias, farmacias y pequeños negocios. Su desaparición implicará una nueva contracción en economías locales ya golpeadas por la caída de las ventas y el deterioro de los ingresos.
Los movimientos sociales cuestionan que el Gobierno presente el cierre exclusivamente como una reorganización administrativa. Para quienes percibían la prestación, la medida significa perder un ingreso alimentario sin que haya aparecido una alternativa laboral inmediata ni una política capaz de absorberlos en empleos registrados.
Capital Humano anunció la creación de otros dispositivos de capacitación, entre ellos Formando Capital Humano, pero las organizaciones advierten que la sustitución no garantiza la continuidad automática de los pagos ni incorpora a todas las personas que integraban Volver al Trabajo.
Gas pimienta ante un reclamo por alimentos
La Policía Federal activó el protocolo antipiquetes antes del mediodía, cuando los manifestantes intentaron avanzar hacia el puente y ocupar parte de la calzada. Los efectivos bloquearon el acceso desde Avellaneda y empujaron a las columnas hacia la avenida Hipólito Yrigoyen.
Durante el operativo se registraron forcejeos y el uso de gas pimienta. Las organizaciones denunciaron una represión contra personas que reclamaban trabajo y alimentos, mientras las autoridades justificaron la intervención por la necesidad de evitar el corte total de una vía estratégica.
La UTEP sostuvo que la protesta era pacífica y que la Policía avanzó antes de que se produjera algún incidente de gravedad. “La respuesta al hambre y la exclusión no puede ser la violencia”, manifestó la organización, que exigió el cese del operativo y políticas que garanticen trabajo e ingresos.
Fuentes y medios cercanos al Gobierno señalaron, en cambio, que hubo quema de neumáticos y un intento de bloquear por completo el puente. Esos episodios fueron registrados en algunos sectores de la concentración, aunque no justifican por sí mismos presentar a la totalidad de los manifestantes como responsables de acciones violentas.
Gramajo pidió disculpas a quienes sufrieron demoras en el tránsito, pero defendió la protesta como último recurso frente a la falta de respuestas oficiales. “Estamos haciendo visible este problema”, afirmó, y anticipó que las organizaciones continuarán reuniéndose con legisladores para explicar el alcance social de la eliminación del programa.
El dirigente aseguró que las columnas se trasladarían pacíficamente hacia el Congreso. “No vamos a hacer ningún desmán. La Policía se acercó a reprimir cuando estábamos pacíficamente”, sostuvo.
Protestas simultáneas en varios accesos
La jornada no se limitó al Puente Pueyrredón. También se realizaron concentraciones en Puente Saavedra, Ciudadela, Mar del Plata, Rosario y otros puntos del país. El objetivo era visibilizar el impacto del cierre de Volver al Trabajo antes de confluir en la movilización central de las organizaciones sindicales y de jubilados.
En Puente Saavedra, fuerzas federales bloquearon el avance de las columnas que buscaban ingresar a la Ciudad desde el norte. En Ciudadela, los manifestantes ocuparon parte de la avenida Rivadavia para denunciar la pérdida de la prestación y el agravamiento de la situación alimentaria.
Desde esa concentración, el dirigente social Esteban “Gringo” Castro acusó al Gobierno de profundizar el hambre sobre quienes ya se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad. Sostuvo que el salario social complementario había sido reconocido en 2016 como una herramienta para trabajadores sin empleo formal y cuestionó que el Ejecutivo lo eliminara sin ofrecer una respuesta equivalente.
Las protestas fueron concebidas como la primera parte de una jornada más amplia. Por la tarde, las columnas tenían previsto reunirse frente al Congreso con la CGT, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, ATE, la UTEP y organizaciones de jubilados.
Del reclamo por los programas al ajuste previsional
La movilización frente al Congreso unificó dos conflictos que comparten una misma raíz: la reducción de los ingresos de los sectores más vulnerables como instrumento del ajuste fiscal.
Por un lado, los trabajadores de la economía popular reclamaron contra la eliminación de Volver al Trabajo. Por otro, los jubilados volvieron a exigir una recomposición de los haberes y la restitución de la cobertura integral de medicamentos.
Gramajo vinculó ambos reclamos al señalar que los adultos mayores deben elegir entre comprar comida o sostener sus tratamientos. Para la UTEP, esa situación forma parte de un deterioro general que atraviesa a jubilados, trabajadores informales, cooperativistas y familias sin acceso estable al empleo registrado.
La marcha de este miércoles fue acordada por la CGT, las dos CTA y la UTEP como el primer paso de un nuevo plan de lucha. Las organizaciones volverán a movilizarse el 7 de agosto, durante la tradicional marcha de San Cayetano, bajo las consignas de paz, pan, tierra, techo y trabajo.
La confluencia sindical busca elevar el volumen político de reclamos que hasta ahora aparecían fragmentados. La pérdida de una prestación de $78.000, la caída de los salarios, las jubilaciones insuficientes y el aumento de la precariedad no son conflictos separados, sino manifestaciones distintas del mismo programa económico.
La paz social bajo presión
La advertencia de Gramajo sobre el riesgo para la paz social no fue formulada como una amenaza de las organizaciones, sino como un diagnóstico sobre las consecuencias de profundizar el hambre y la exclusión.
La eliminación de ingresos mínimos afecta a personas que ya se encontraban fuera del mercado formal de trabajo y cuya economía depende de actividades como el reciclado, la venta ambulante, la construcción informal, las cooperativas y las tareas comunitarias. En muchos casos, la prestación estatal completaba ingresos variables e insuficientes.
El Gobierno sostiene que los programas anteriores promovían dependencia, falta de controles e intermediación política. Las organizaciones responden que cerrar las prestaciones sin crear empleos formales no resuelve ninguno de esos problemas: simplemente elimina el ingreso.
La escena de Puente Pueyrredón expuso esa confrontación. De un lado, manifestantes que reclamaban por un programa alimentario. Del otro, un operativo con escudos, gas pimienta y camiones hidrantes para impedir que ocuparan la calzada.
El protocolo logró liberar el tránsito, pero no respondió la pregunta que atravesó toda la jornada: qué ocurrirá con las 900.000 personas que dejarán de cobrar a partir de agosto.
“Los pibes empiezan a chupar cartón para sobrevivir”, dijo Gramajo. La frase puede sonar brutal, pero describe el nivel al que llegó el deterioro en sectores donde comer, comprar una garrafa o acceder a un litro de leche depende de ingresos que el Estado considera prescindibles. Frente a esa realidad, la respuesta oficial volvió a llegar uniformada.
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