El mismo libreto, distintos cuerpos

Cómo el Estado reprime, explica y nos pide que no exageremos

Balas, comunicados y relatos apurados: cuando el Estado reprime, la explicación siempre llega antes que la justicia.
De Minneapolis a Buenos Aires, de Juliaca a Gaza, el patrón se repite: convertir minorías y disidencias en amenazas para justificar la violencia.
No es desborde ni error: es política. Y el verdadero peligro es acostumbrarse a que nos lo expliquen.

El 7 de enero de 2026, Renée Good fue asesinada por agentes federales en Minneapolis. El 24 de enero de 2026, Alex Pretti murió en circunstancias similares. Dos personas blancas, dos muertes a manos del Estado y un guion que ya no sorprende: disparo primero, comunicado después, pedagogía del “orden” inmediatamente después.

Conviene decirlo desde el inicio: estos casos no son exclusivamente raciales. Y, sin embargo, tampoco están desligados del racismo. Son parte de algo más amplio y persistente: la represión estatal contra quienes el poder define como amenaza, ya sea por su color de piel, su ideología, su orientación sexual, su condición social o, simplemente, por protestar.

Las autoridades reaccionaron con una rapidez admirable cuando se trató de defender a la institución. Versiones oficiales inmediatas, intenciones atribuidas a las víctimas, peligros reconstruidos retrospectivamente. Investigar podía esperar. Dudar, no. Porque dudar erosiona autoridad; matar, en cambio, siempre se puede explicar.

Para muchas familias negras en Estados Unidos, el mecanismo fue dolorosamente familiar. No porque Good y Pretti fueran negros —no lo eran—, sino porque la arquitectura del encubrimiento es la misma que se activó durante décadas cuando las víctimas sí lo fueron. La diferencia no está en el procedimiento, sino en cuándo la sociedad decide indignarse.

Nada de esto ocurrió en cualquier lugar. Fue en Minneapolis, la misma ciudad marcada por los asesinatos de George Floyd y Philando Castile. El territorio insiste. El patrón también. Y la sorpresa oficial se renueva como si fuera la primera vez, como si cada muerte fuera un error aislado y no una política que se repite con notable disciplina.

Clarence Castile, tío de Philando, reconoció el discurso al instante: respaldo automático a los agentes, miedo invocado, peligro inminente, fuerza “inevitable”. El libreto no cambia; cambian los nombres. A veces —dijo— la mejor respuesta sería no responder. Pero el poder no soporta el silencio cuando necesita controlar el relato.

Incluso desde dentro del aparato de seguridad se admite lo obvio: en casos graves, lo responsable sería limitarse a decir que hay una investigación en curso. Pero lo responsable rara vez es lo funcional. Y lo funcional, en esta época, es mostrar autoridad, aunque sea a costa de la verdad.

Las muertes de Good y Pretti se transformaron en bandera de protesta contra el aumento del despliegue federal. La respuesta fue previsible: funcionarios de alto rango los presentaron como extremistas peligrosos. Etiquetar a las víctimas siempre ayuda a ordenar retrospectivamente la violencia. Nada tranquiliza más que convertir un cadáver en amenaza.

Las familias hicieron lo único que suele quedarles: disputar la narrativa. Videos, palabras, memoria. Pedir algo que suena radical solo en Estados acostumbrados a mentir: que se diga la verdad. No una verdad épica, apenas la verdad básica.

En Argentina, el caso del fotoperiodista Pablo Grillo, gravemente herido durante una protesta social, expuso la misma lógica con acento local. Desde el Estado se ofrecieron explicaciones tan variadas como tranquilizadoras: que el proyectil “rebotó”, que el gendarme “tiró como tenía que tirar”, que lo ocurrido fue consecuencia del “contexto violento”.

La responsabilidad, por supuesto, nunca fue del dispositivo represivo. Fue de la calle, de la protesta, del clima, del azar. Bajo la conducción de Patricia Bullrich, la defensa pública de las fuerzas fue inmediata, incluso frente a registros audiovisuales que contradecían la versión oficial. El mensaje fue claro: el problema no es la represión, sino estar donde ocurre.

Con el respaldo político del presidente Javier Milei, la noción de “orden” volvió a ocupar el centro del discurso. Un orden que se sostiene con gases, balas de goma y estigmatización del disenso, pero que siempre se presenta como respuesta inevitable, nunca como decisión política.

En Perú, tras las protestas sociales en el sur del país, la represión estatal dejó decenas de muertos. La explicación oficial fue tan eficaz como conocida: los manifestantes eran “terroristas”, “criminales”, “enemigos del Estado”. La etiqueta cumplió su función. Una vez que el otro es terrorismo, todo lo demás se vuelve justificable.

Organismos de derechos humanos documentaron el uso desproporcionado de la fuerza, pero el discurso oficial insistió en la narrativa de la amenaza interna. La violencia dejó de ser un problema para convertirse en herramienta pedagógica: se castiga a uno para disciplinar a muchos.

Fuera del continente, el patrón no se disimula. En Gaza, la política de castigo colectivo contra la población palestina se justifica bajo una palabra que todo lo explica y todo lo absuelve: seguridad. Bajo el liderazgo de Benjamín Netanyahu, la violencia se administra como política pública y el lenguaje se ajusta para que parezca necesaria.

Los civiles muertos son explicados como daño colateral, como escudos humanos, como consecuencia inevitable. El procedimiento es siempre el mismo: deshumanizar primero, justificar después. La represión ya no necesita ocultarse; solo necesita un relato eficaz.

No importa si la minoría perseguida es racial, ideológica, sexual o política. No importa si el cuerpo cae en Minneapolis, Buenos Aires, Juliaca o Gaza. El mecanismo se repite con precisión: definir un enemigo, habilitar la fuerza, pedir confianza y exigir silencio.

La represión no es un exceso del sistema. Es una de sus formas de funcionamiento cuando el consenso se agota.

Rodolfo Walsh escribió que el verdadero escándalo no es que se cometan injusticias, sino que se las explique. Tal vez por eso sobran comunicados y faltan responsabilidades.

Rita Segato advierte que la violencia estatal no es un error, sino un mensaje disciplinador: se castiga a algunos cuerpos para educar al resto.

El consejo —sin épica y sin ingenuidad— es sencillo: desconfiar de las versiones oficiales que llegan demasiado rápido, leer el contexto antes que el titular y no aceptar que la represión se disfrace de orden.

Porque cuando el Estado persigue minorías y lo llama seguridad, lo verdaderamente peligroso no es la protesta:
es la costumbre de mirar para otro lado mientras nos explican, una vez más, que no había alternativa.