GONZALO SCHWEIZER
Los 21 proyectos aprobados hasta agosto comprometen inversiones por USD 46.700 millones y proyectan 95.158 empleos entre directos, indirectos, temporales y permanentes. Pero desde diciembre de 2023 se destruyeron 337.365 puestos registrados. Si se consideran solamente los empleos directos y estables estimados a partir de los proyectos con información desagregada, el aporte podría reducirse a unos 13.400: apenas cuatro puestos por cada 100 perdidos. El problema no es la inversión, sino un modelo de grandes proyectos con baja capacidad para sustituir el empleo destruido en actividades intensivas en trabajo.
El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones fue presentado por el Gobierno de Javier Milei como una de las piezas centrales de su estrategia económica: atraer grandes volúmenes de capital, desarrollar minería, petróleo, gas, energía e infraestructura y convertir esa inversión en crecimiento.
Los números muestran que el capital efectivamente comprometido es significativo. Los 21 proyectos aprobados hasta agosto reúnen inversiones por USD 46.700 millones.
Pero cuando la discusión deja de ser cuánto dinero entra y pasa a ser cuánto trabajo genera, aparece una de las principales limitaciones del modelo.
Los proyectos aprobados proyectan 95.158 puestos de trabajo.
Desde diciembre de 2023 hasta mayo de 2026, mientras tanto, se perdieron 337.365 empleos registrados, de acuerdo con los datos del SIPA citados en el informe.
La relación es contundente: el empleo prometido por los proyectos aprobados del RIGI equivale apenas al 28,2% de los puestos que ya desaparecieron durante la gestión de Milei.
Y existe una diferencia todavía más importante: los 337.365 son empleos efectivamente perdidos. Los 95.158 son puestos proyectados hacia el futuro.
No son magnitudes temporalmente equivalentes.
337.365 empleos menos
La destrucción laboral tampoco estuvo concentrada exclusivamente en el Estado.
De acuerdo con los datos citados, desde fines de 2023 desaparecieron: 241.176 puestos asalariados privados, 79.865 empleos públicos y 16.324 puestos en casas particulares.
Es decir, aproximadamente siete de cada diez empleos perdidos corresponden al sector privado asalariado.
Este punto resulta central porque impide reducir el deterioro laboral exclusivamente al recorte de la administración pública.
La economía privada también expulsó trabajadores.
Y precisamente allí aparece una de las contradicciones del esquema: mientras se ofrecen incentivos extraordinarios para atraer megaproyectos, sectores mucho más intensivos en mano de obra atraviesan dificultades.
USD 46.700 millones no significan automáticamente cientos de miles de empleos
La comparación permite observar una cuestión estructural que suele desaparecer detrás de los anuncios de inversión.
No toda inversión genera la misma cantidad de trabajo.
Petróleo, gas, minería y determinados proyectos energéticos pueden demandar miles de millones de dólares porque necesitan infraestructura, maquinaria, tecnología y equipamiento extremadamente costosos.
Pero son actividades intensivas en capital, no necesariamente intensivas en empleo.
Si se divide, únicamente como ejercicio de escala y sin confundir inversión con costo laboral, el monto comprometido por los proyectos aprobados —USD 46.700 millones— por los 95.158 empleos anunciados, aparecen aproximadamente USD 491.000 de inversión por cada puesto proyectado.
Eso no significa que cada trabajador «cueste» esa cantidad. Significa algo distinto: el enorme volumen de capital movilizado no se traduce proporcionalmente en empleo.
Ahí está uno de los límites sociales del RIGI.
Los 95.158 tampoco son necesariamente empleos permanentes
Existe además otro problema metodológico.
La cifra incluye empleos directos e indirectos, temporales y permanentes, además de los picos de contratación durante las etapas de construcción.
Construir un gasoducto, una planta, una mina o una infraestructura energética puede requerir miles de trabajadores durante determinada etapa.
Una vez terminada la obra, la cantidad necesaria para operar el proyecto puede reducirse drásticamente.
Por eso no puede compararse automáticamente un puesto estable perdido en una fábrica con un empleo temporal creado durante la construcción de un megaproyecto.
El informe de Misión Productiva citado aporta un dato particularmente revelador.
En los cinco proyectos para los cuales existe información oficial desagregada, los empleos directos y permanentes representan solamente el 14% del empleo anunciado.
Si esa proporción pudiera extrapolarse —con la cautela metodológica necesaria— al conjunto de los proyectos aprobados, quedarían aproximadamente:
13.400 empleos directos y permanentes.
Frente a 337.365 puestos perdidos.
Eso equivale a aproximadamente 4%.
Dicho de otra manera:
por cada 100 empleos registrados destruidos desde fines de 2023, los proyectos aprobados del RIGI prometen 28 puestos de cualquier modalidad, pero podrían representar apenas cuatro empleos directos y permanentes.
La diferencia cambia completamente la lectura política del programa.
Ocho meses y medio de destrucción laboral
Misión Productiva introduce otra comparación.
Según su cálculo, la economía perdió en promedio aproximadamente 11.250 empleos registrados mensuales durante el período analizado.
A ese ritmo, los 95.158 puestos anunciados por los proyectos aprobados equivalen aproximadamente a 8,5 meses de destrucción de empleo.
Es decir, incluso si todos esos puestos se materializaran, el volumen anunciado compensaría menos de nueve meses del ritmo promedio de pérdidas registrado desde diciembre de 2023.
Y nuevamente existe una asimetría temporal: parte del empleo asociado a los megaproyectos aparecerá progresivamente durante años.
La destrucción laboral, en cambio, ya ocurrió.
Ni contando los proyectos todavía no aprobados alcanza
El panorama mejora si se incorporan los 41 proyectos presentados al régimen, incluidos aquellos cuya aprobación todavía está pendiente.
En ese universo se proyectan 196.663 empleos durante diez años.
Pero incluso esa cifra continúa por debajo de los 337.365 puestos perdidos en apenas 32 meses.
La diferencia sería de:
140.702 empleos.
Y nuevamente se estarían comparando puestos ya destruidos con empleos potenciales que podrían generarse a lo largo de una década.
El problema del mercado laboral argentino, por tanto, no parece resolverse simplemente acumulando anuncios de megaproyectos.
La construcción y la industria cuentan la otra mitad de la historia
El contraste resulta todavía más fuerte cuando se observa qué sectores están sufriendo.
Construcción, metalurgia, textiles y otras actividades industriales poseen una característica que las vuelve socialmente decisivas: generan mucho empleo distribuido entre miles de empresas.
El RIGI sigue otra lógica.
Concentra enormes inversiones en pocos proyectos y sectores.
El informe incorpora, por ejemplo, un dato de ADIMRA: la actividad de los proveedores metalúrgicos vinculados al petróleo y el gas cayó 5,3% durante el primer semestre de 2026.
Es una paradoja significativa.
Puede crecer la inversión petrolera mientras cae la actividad de determinados proveedores industriales nacionales vinculados al mismo sector.
La existencia de inversiones, por sí sola, no garantiza cuánto de esa demanda termina derramándose sobre proveedores argentinos.
Ese es precisamente uno de los debates alrededor de la política industrial asociada al régimen.
El problema no es el RIGI: es pretender que el RIGI reemplace una política de empleo
Los megaproyectos pueden generar exportaciones, infraestructura, divisas, productividad y puestos laborales de elevada calificación.
Sería incorrecto negar ese potencial.
La cuestión es otra.
No pueden reemplazar por sí solos el tejido productivo intensivo en trabajo.
Una mina multimillonaria no sustituye automáticamente cientos de talleres.
Una explotación petrolera altamente productiva no reemplaza el empleo distribuido entre construcción, comercio, textiles, metalurgia, pequeñas industrias y servicios.
Son estructuras productivas diferentes.
Y producen cantidades diferentes de puestos por cada dólar invertido.
Por eso puede ocurrir algo aparentemente contradictorio: Argentina puede recibir decenas de miles de millones de dólares de inversión y continuar destruyendo empleo.
No existe contradicción económica.
Existe un modelo de crecimiento con diferente intensidad laboral.
Quién gana
Los grandes proyectos de minería, petróleo, gas y energía reciben un marco extraordinariamente favorable para inversiones de largo plazo.
También gana el Gobierno si esas inversiones incrementan exportaciones y aportan divisas.
Las provincias poseedoras de recursos naturales pueden recibir inversiones, actividad económica, infraestructura y recaudación asociada.
Y determinados trabajadores altamente especializados encontrarán oportunidades laborales con salarios potencialmente superiores al promedio.
Nada de eso es irrelevante.
Pero tampoco describe a todo el mercado laboral argentino.
Quién pierde
Pierden quienes estaban empleados en sectores que desaparecen mientras esperan un derrame que puede no llegar.
Pierden los trabajadores de actividades intensivas en empleo cuando la política económica no consigue sostener simultáneamente inversión, mercado interno y producción.
Pierden las pequeñas y medianas empresas si los grandes proyectos no desarrollan cadenas nacionales de proveedores suficientemente extensas.
Y pierde capacidad de generación de empleo una economía que sustituye miles de unidades productivas intensivas en trabajo por pocos enclaves extraordinariamente productivos pero intensivos en capital.
El dato de Añelo resulta simbólico.
Su intendente, Fernando Banderet, advertía en junio a quienes pensaban viajar buscando empleo: «que vengan con algo seguro».
La frase dice mucho más sobre el mercado laboral que cualquier presentación de inversiones.
El RIGI puede generar riqueza sin resolver el desempleo
La discusión económica de fondo no debería reducirse a estar a favor o en contra de las grandes inversiones.
Argentina necesita inversión.
Necesita minería, energía, infraestructura, exportaciones y dólares.
La pregunta es qué estructura productiva se construye alrededor de esas inversiones y cuánto empleo nacional permanente deja.
Los datos disponibles muestran la magnitud del desafío.
USD 46.700 millones de inversión comprometida.
95.158 empleos proyectados.
337.365 puestos registrados ya perdidos.
28 empleos prometidos por cada 100 destruidos.
Y, si la proporción observada por Misión Productiva pudiera extrapolarse, apenas cuatro serían directos y permanentes.
Esa última estimación debe leerse con cautela porque surge de cinco proyectos con información desagregada, no de los 21. Pero precisamente por eso también resulta imprescindible que el Gobierno publique el detalle completo de empleo directo, indirecto, temporal y permanente de cada iniciativa.
Porque el verdadero balance del RIGI no se conocerá contando solamente cuántos miles de millones de dólares entran, sino preguntando cuánto valor queda dentro del país, cuántos proveedores argentinos participan y cuántos puestos estables sobreviven después de que se retiran las grúas.
El capital puede llegar en miles de millones mientras el empleo se va de a cientos de miles. Los números del RIGI muestran que inversión y trabajo no son sinónimos: sin una política productiva que conecte los megaproyectos con la industria, las pymes y el mercado interno, Argentina puede terminar exportando más recursos y, al mismo tiempo, importando una paradoja: crecimiento sin trabajo.
CONCHITA PRETA
Melina Schweizer
