El gasto total previsto para 2027 crecería 10% real respecto de 2026, pero seguiría 26,7% debajo de 2023. El derrumbe es mucho mayor en áreas esenciales: Vivienda y Urbanismo cae 98,9%, Agua Potable y Alcantarillado 93%, Promoción y Asistencia Social 77,2%, Educación y Cultura 44% y Ciencia y Tecnología 37,9%. Seguridad Social es la gran excepción y explica buena parte del rebote del gasto social. El Presupuesto no desarma la motosierra: institucionaliza el piso que dejó.
El Presupuesto 2027 contiene una paradoja que puede perderse fácilmente detrás de los billones de pesos y los porcentajes nominales: el Gobierno aumentará el gasto real el año próximo y, al mismo tiempo, mantendrá buena parte del Estado social muy por debajo del nivel que tenía cuando Javier Milei llegó a la Casa Rosada.
El proyecto prevé que el gasto total crezca aproximadamente 10% en términos reales respecto del crédito vigente de 2026. Pero el punto de comparación importa. Medido contra 2023, último año completo anterior a la gestión libertaria, permanecería 26,7% por debajo.
Por eso hablar simplemente de «aumento del gasto» ofrece una fotografía incompleta.
El Gobierno primero bajó profundamente el piso y ahora permite una recuperación parcial sobre ese piso reducido.
El relevamiento del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) permite observar dónde quedó concentrada la pérdida. Y el mapa es contundente: la infraestructura social, la asistencia, la educación y la ciencia soportaron una parte desproporcionada del ajuste.
El mapa de la motosierra
La comparación real contra 2023 permite dimensionarlo:
| Área | Variación real 2027 vs. 2023 |
|---|---|
| Vivienda y Urbanismo | -98,9% |
| Agua Potable y Alcantarillado | -93,0% |
| Ingresos de la economía popular | -94,8% |
| Promoción y Asistencia Social | -77,2% |
| Agencia I+D+i | -77,3% |
| Becas Progresar | -77,1% |
| Infraestructura y Vivienda | -72,4% |
| Educación y Cultura | -44,0% |
| CONICET – formación de RR.HH. | -43,7% |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | -37,9% |
| Universidades nacionales | -25,0% |
| Seguridad Social | -2,2% |
La tabla permite entender la arquitectura del ajuste mucho mejor que el agregado general.
No se redujo todo por igual.
Y eso convierte una decisión aparentemente contable en una decisión profundamente política.
Vivienda: prácticamente desaparecida del presupuesto nacional
El caso extremo es Vivienda y Urbanismo.
Para 2027 tendrá 98,9% menos recursos reales que en 2023.
No estamos ante una reducción convencional. Una pérdida cercana al 99% significa que, por cada $100 de capacidad real de gasto que existían en 2023, queda aproximadamente $1.
A eso se suma Agua Potable y Alcantarillado, con una contracción real del 93%.
Cuando se agrupan Transporte, Vivienda y Urbanismo y Agua Potable y Alcantarillado dentro de Infraestructura y Vivienda, el retroceso alcanza el 72,4% respecto de 2023.
El dato adquiere todavía mayor dimensión social porque el problema habitacional argentino no desapareció junto con las partidas.
Por el contrario, el Monitor de calidad del acceso a la vivienda del Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda, citado recientemente por El Destape, calculó que casi seis millones de hogares presentan algún tipo de déficit habitacional y que el país necesitaría aproximadamente 2,5 millones de viviendas nuevas para atender el déficit cuantitativo y la demanda potencial juvenil.
A eso se agregan 2,5 millones de jóvenes de entre 25 y 35 años que todavía viven con sus padres, equivalentes al 37% de esa franja etaria.
La contradicción es difícil de ignorar: el problema habitacional continúa, pero la respuesta presupuestaria nacional prácticamente desaparece.
Esto también implica una transformación del papel del Estado. El Gobierno nacional deja de funcionar como uno de los grandes financiadores de vivienda e infraestructura social y desplaza el problema hacia provincias, municipios, familias y mercado privado.
El déficit no desaparece.
Cambia quién tiene que financiarlo.
Asistencia social: 77% menos
La segunda fotografía crítica aparece en Promoción y Asistencia Social.
Para 2027 tendría 7,3% menos recursos reales que el crédito vigente de 2026 y acumularía una caída de 77,2% frente a 2023.
Aquí vuelve a ser importante mirar dentro del agregado.
La reorganización del antiguo Potenciar Trabajo dificulta una comparación mecánica porque el programa fue dividido. Cuando OCEPP reconstruye las políticas equivalentes de manera homogénea, obtiene una contracción de 83,6%.
Y los ingresos destinados específicamente a la economía popular muestran un derrumbe todavía mayor:
94,8%.
Por cada $100 reales destinados en 2023 a esas políticas, quedarían alrededor de $5.
Este número debe leerse junto con el escenario laboral y social. Menor asistencia estatal podría resultar menos problemática si simultáneamente se estuviera produciendo una incorporación masiva de sus beneficiarios al empleo formal con ingresos suficientes.
Pero el deterioro del mercado laboral que venimos analizando plantea justamente la tensión contraria: aumento del desempleo, fuerte informalidad y salarios que en numerosos sectores continúan sin cubrir una canasta familiar.
Por eso el retiro estatal no necesariamente representa el reemplazo de asistencia por empleo.
Puede representar simplemente menos asistencia en una economía que todavía no genera suficientes empleos formales capaces de sustituirla.
Educación recupera 2,9% en un año después de perder 44%
Educación y Cultura ofrece uno de los mejores ejemplos del efecto estadístico del «rebote».
Para 2027 tendrá $11,2 billones.
Representaría un aumento real del 2,9% frente a 2026.
Leído aisladamente, podría presentarse como recuperación.
Pero comparado con 2023 significa todavía una pérdida real del 44%.
Y dentro de la función educativa las diferencias son todavía mayores.
Las Becas Progresar caen 77,1%.
El Fondo de Compensación Salarial Docente, asociado al antiguo FONID, aparece 99,4% por debajo de 2023.
Las universidades nacionales quedan aproximadamente 25% abajo.
Por eso un crecimiento de 2,9% durante 2027 no permite afirmar que el financiamiento educativo haya sido recuperado.
Un ejemplo sencillo ayuda a entenderlo.
Si una política tenía 100, cae a 54 y después sube a 56, creció respecto del año anterior pero continúa habiendo perdido 44 respecto del punto de partida.
Eso es, en buena medida, lo que ocurre en varias funciones del Presupuesto.
Ciencia: recupera 13% en 2027, pero perdió casi 38%
Ciencia, Tecnología e Innovación recibiría $2,6 billones.
Es una mejora real del 13,1% respecto de 2026, una de las recuperaciones interanuales importantes del proyecto.
Sin embargo, continuará 37,9% por debajo de 2023.
Y nuevamente el promedio esconde situaciones mucho más profundas.
La formación de recursos humanos del CONICET —incluyendo becas y carrera científica— permanecería 43,7% abajo, mientras la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación acumularía una pérdida del 77,3%.
El problema económico de semejante reducción trasciende los salarios de investigadores.
Ciencia es inversión de largo plazo.
Formar un investigador requiere años; reconstruir un laboratorio desfinanciado requiere recursos; recuperar equipos científicos que emigraron puede resultar directamente imposible.
Por eso una caída presupuestaria en ciencia no funciona exactamente como suspender una compra administrativa durante doce meses.
Puede destruir capacidades cuya reconstrucción cuesta mucho más que el ahorro fiscal inmediato.
El gran amortiguador: Seguridad Social
Entonces, ¿cómo puede aumentar 13,4% el gasto real en Servicios Sociales durante 2027 si tantas áreas permanecen profundamente recortadas?
La respuesta aparece en su composición.
El proyecto destina $150,9 billones a Servicios Sociales.
De ese monto, $119,1 billones corresponden a Seguridad Social.
Es decir, casi 79 de cada 100 pesos.
Para 2027 esa función aumentaría 16,1% real respecto de 2026 y quedaría apenas 2,2% debajo de 2023.
Por eso el agregado mejora.
No porque Vivienda, Ciencia, Educación o Asistencia Social hayan regresado a sus niveles anteriores, sino porque la enorme masa presupuestaria correspondiente principalmente al sistema previsional empuja hacia arriba el promedio.
Es una distinción fundamental.
Decir que «sube el gasto social» puede ser matemáticamente correcto y, simultáneamente, ocultar que varias de sus políticas fundamentales siguen entre 40%, 70% y hasta 99% debajo de 2023.
El ajuste también se federaliza
Existe además una dimensión territorial.
Cuando Nación deja de construir viviendas, financiar obras de agua, sostener determinados programas educativos o cubrir políticas sociales, la demanda no desaparece.
Una provincia todavía necesita escuelas.
Un municipio continúa necesitando redes de agua.
Una familia continúa necesitando una vivienda.
Una universidad sigue pagando electricidad.
El recorte nacional puede entonces producir tres resultados: que el servicio desaparezca, que se deteriore o que otra jurisdicción termine financiándolo.
En este último caso, Nación mejora sus cuentas trasladando parte del costo hacia gobernadores e intendentes.
Esto es especialmente importante para las provincias con menor capacidad fiscal propia, porque no todas pueden reemplazar de la misma manera cada peso retirado por el Gobierno nacional.
El ajuste termina teniendo así una dimensión territorial desigual.
Una provincia rica puede amortiguarlo. Una pobre, mucho menos.
Quién gana
El primer beneficiario es el Tesoro Nacional, porque consolida un Estado con un nivel estructuralmente menor de gasto que en 2023 y facilita la preservación del superávit fiscal.
También gana capacidad política el Poder Ejecutivo al reducir programas nacionales permanentes y redefinir dónde interviene Nación.
En determinadas áreas puede ganar además el sector privado, siempre que exista demanda solvente capaz de sustituir la provisión estatal: vivienda, infraestructura, educación o determinados servicios.
Pero ahí aparece el límite.
El mercado reemplaza al Estado únicamente donde alguien puede pagar.
Una familia sin ingresos suficientes no se convierte mágicamente en cliente hipotecario porque Nación deje de financiar vivienda.
Quién pierde
Pierden los hogares que dependen de servicios públicos y transferencias.
Pierden estudiantes y becarios.
Pierden universidades y organismos científicos.
Pierden trabajadores de la economía popular.
Pierden provincias y municipios obligados a decidir qué parte del vacío pueden cubrir.
Y en Vivienda y Agua aparece probablemente la consecuencia más duradera: se posterga infraestructura cuya ausencia acumula déficit hacia el futuro.
Una vivienda que no se construye este año continúa siendo una vivienda faltante el próximo.
Una red de agua que no llega hoy continúa requiriendo inversión mañana.
El ahorro fiscal presente puede convertirse, por esa vía, en deuda social e infraestructura pendiente.
El dato político detrás del Presupuesto
La discusión sobre el Presupuesto 2027 no debería reducirse entonces a determinar si el gasto sube o baja respecto de 2026.
Sube.
El problema es desde dónde sube y hacia dónde vuelve.
Después del enorme ajuste realizado durante los primeros años de la administración Milei, el proyecto permite cierta recomposición en 2027, pero no devuelve buena parte de las políticas públicas a su punto de partida.
El gasto total seguiría 26,7% abajo de 2023.
Servicios Sociales, 16,2% abajo.
Educación, 44%.
Ciencia, 37,9%.
Asistencia Social, 77,2%.
Agua, 93%.
Vivienda, 98,9%.
Esos números permiten una lectura política mucho más profunda que la discusión sobre una partida anual.
La motosierra ya no necesita cortar con la misma intensidad porque buena parte del corte ya fue realizado.
El Presupuesto 2027 comienza a mostrar qué ocurre después: se recuperan parcialmente algunas partidas, se preservan otras y algunas prácticamente no vuelven.
Por eso el dato central no es que en 2027 el Estado gastará 10% más en términos reales que en 2026.
Es que, aun después de ese aumento, seguirá gastando casi 27% menos que antes de Milei y habrá áreas —como vivienda, agua y asistencia social— donde el ajuste dejó de parecer una emergencia fiscal para empezar a parecer un nuevo modelo de Estado.

























