GONZALO SCHWEIZER
El ingreso mínimo vigente en julio es de $372.400 y cubre apenas una cuarta parte de la canasta básica de una familia tipo. Un informe de CIFRA advirtió que su poder adquisitivo cayó más de 40% desde diciembre de 2023: comprar un kilo de pan exige hoy dos horas y media de trabajo y acceder a un kilo de carne picada demanda casi seis horas.
El salario mínimo dejó de funcionar como un piso capaz de garantizar condiciones elementales de vida y se convirtió en una referencia cada vez más alejada del costo real de los alimentos, los servicios y la vivienda. Desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, el Salario Mínimo, Vital y Móvil acumuló una pérdida superior al 40% de su poder de compra, según un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, vinculado a la CTA.
La caída no fue producto de un único ajuste. Comenzó con el fuerte salto inflacionario de los primeros meses de la gestión libertaria, cuando el ingreso mínimo perdió cerca de 30% en términos reales, y continuó con aumentos nominales sistemáticamente inferiores al incremento del costo de vida.
Ante la falta de acuerdos entre representantes sindicales y empresariales en el Consejo del Salario, los incrementos terminaron definidos por la Secretaría de Trabajo. CIFRA sostiene que los laudos oficiales se mantuvieron próximos a las propuestas patronales y convalidaron una reducción sostenida del poder adquisitivo.
En julio de 2026, el salario mínimo mensual para una jornada completa es de $372.400, mientras que el valor horario asciende a $1.862. Los $376.600 mencionados en la información original comenzarán a regir recién el 1° de agosto, de acuerdo con la resolución oficial que estableció la escala mensual.
La diferencia temporal no modifica el cuadro de fondo. Incluso cuando entre en vigencia el aumento de agosto, el salario mínimo continuará muy por debajo de los gastos necesarios para sostener un hogar.
Un salario que debería superar los $950.000
Los cálculos de CIFRA indican que, si el salario mínimo hubiera acompañado la inflación acumulada desde 2015 sin perder poder adquisitivo, actualmente debería ubicarse cerca de los $955.000 mensuales.
La distancia respecto del valor efectivo supera los $580.000. En otras palabras, el ingreso fijado por el Gobierno representa menos del 40% de lo que debería alcanzar para conservar la misma capacidad de compra que tenía una década atrás.
La degradación también puede observarse al comparar el salario mínimo con los sueldos registrados del sector privado. En junio de 2016 equivalía al 37,2% de la remuneración promedio formal. Diez años después representa apenas el 16,6%.
Esto significa que el deterioro fue incluso mayor que el sufrido por el conjunto de los salarios. El mínimo ya no ordena el mercado laboral ni actúa como una protección efectiva frente a remuneraciones extremadamente bajas. Se convirtió en un valor administrativo utilizado para calcular prestaciones y beneficios, pero incapaz de sostener las necesidades básicas de un trabajador.
Otro relevamiento del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía calculó que los asalariados registrados dejaron de percibir, en términos acumulados, alrededor de $2,5 millones de bolsillo desde el inicio del gobierno de Milei como consecuencia de la pérdida salarial.
Dos horas y media por un kilo de pan
La dimensión más concreta del deterioro aparece al medir cuántas horas de trabajo se necesitan para comprar alimentos básicos.
En junio de 2016, una hora remunerada con el salario mínimo alcanzaba para adquirir aproximadamente un kilo de pan. En la actualidad, un trabajador necesita destinar cerca de dos horas y media de su jornada para comprar el mismo producto.
La pérdida es todavía más profunda en el caso de la carne picada. Hace una década se requerían unas dos horas de trabajo para adquirir un kilo. Ahora son necesarias casi seis horas, prácticamente una jornada laboral completa.
El salario nominal aumentó durante esos diez años, pero los precios de los alimentos esenciales crecieron mucho más rápido. Por eso, aunque la cifra mensual resulte mayor en pesos, la cantidad de bienes que puede comprarse con ella es sustancialmente menor.
La comparación expone con claridad la pérdida de valor del trabajo. Una persona que cobra el mínimo debe entregar una parte creciente de su tiempo únicamente para garantizar la comida cotidiana, antes de considerar alquiler, transporte, medicamentos, ropa o servicios.
Más de una hora y media de trabajo para viajar en subte
El retroceso también alcanza al transporte público.
En 2016, una persona que cobraba el salario mínimo necesitaba trabajar alrededor de 15 minutos para pagar un viaje de ida y vuelta en subte. Actualmente, el mismo traslado exige aproximadamente una hora y 41 minutos de trabajo.
Esto implica que una parte considerable de la jornada laboral se destina solamente a financiar el desplazamiento hacia el propio lugar de empleo. Para quienes deben combinar distintos medios de transporte o realizar recorridos diarios extensos, el costo es todavía mayor.
El encarecimiento de las tarifas, impulsado por la eliminación de subsidios y los sucesivos ajustes, profundizó el impacto de la caída salarial. El trabajador no solo recibe menos en términos reales, sino que debe afrontar servicios públicos cada vez más caros.
La política oficial consiguió reducir parte del gasto estatal trasladando el costo hacia los hogares. El resultado fue una disminución del déficit fiscal acompañada por una pérdida directa del ingreso disponible de las familias trabajadoras.
Cuatro salarios mínimos para no ser pobre
La comparación con las canastas básicas muestra la insuficiencia extrema del ingreso mínimo.
De acuerdo con las cifras citadas en el informe, la canasta alimentaria necesaria para que una familia de cuatro integrantes no cayera en la indigencia se ubicó cerca de los $690.000 en junio. El salario mínimo de ese mes fue de $367.800, por lo que cubría apenas poco más de la mitad de los alimentos indispensables.
Para superar la línea de pobreza, una familia tipo necesitaba ingresos cercanos a $1,5 millones mensuales. Alcanzar esa suma requería más de cuatro salarios mínimos completos.
Esto significa que incluso dos adultos trabajando a tiempo completo por el ingreso mínimo continuarían muy por debajo de la canasta básica total. La definición legal del salario establece que debe garantizar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, salud, transporte y esparcimiento. En la práctica, el monto no alcanza siquiera para cubrir los alimentos de una familia.
La contradicción entre la finalidad legal del salario mínimo y su valor efectivo muestra que el instrumento perdió su sentido económico y social.
Siete de cada diez hogares, por debajo de $846.000
La crisis no se limita a quienes cobran exactamente el salario mínimo. Al primer trimestre de 2026, alrededor del 70% de los hogares registraba ingresos que no superaban los $846.000 mensuales, mientras que la canasta básica total para una familia de cuatro integrantes ya se encontraba en torno a $1,43 millones.
La brecha revela que una porción mayoritaria de la población vivía con recursos muy inferiores a los necesarios para cubrir alimentación y servicios esenciales.
La caída de los ingresos afecta especialmente a los trabajadores informales, empleados precarios, monotributistas de bajos ingresos, beneficiarios de programas sociales y jubilados. Aunque muchos no perciben formalmente el salario mínimo, su evolución funciona como referencia para todo el mercado laboral.
Cuando ese piso se derrumba, también se debilita la capacidad de negociación del resto de los trabajadores. Los empleadores encuentran una referencia más baja para fijar remuneraciones y el Estado reduce indirectamente el valor de distintas prestaciones vinculadas al SMVM.
La pobreza volvió a crecer
La pérdida salarial comenzó a reflejarse nuevamente en los indicadores sociales.
El nowcast elaborado por el Departamento de Economía de la Universidad Torcuato Di Tella estimó una pobreza del 29,6% para el semestre comprendido entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, con una aceleración durante abril y mayo. El estudio calcula la incidencia a partir de la evolución de los ingresos familiares y de las canastas básicas sobre la población urbana representada por la Encuesta Permanente de Hogares.
La medición publicada posteriormente y citada en la información aportada ubica la pobreza del primer semestre calendario en torno al 31,6%, con una proyección de 30,5% para el primer trimestre y 32,7% para el segundo.
De acuerdo con esa estimación, alrededor de 9,4 millones de personas vivían en hogares urbanos pobres durante la primera mitad de 2026. Serían aproximadamente 1,2 millones más que en el semestre anterior.
Se trata de una proyección académica y no del dato oficial del INDEC, que se publica con una periodicidad semestral y cierto retraso. Sin embargo, la tendencia resulta coherente con el aumento de las canastas básicas por encima de los ingresos de los sectores de menores recursos.
La inflación baja, pero la pobreza sube
El Gobierno presenta la desaceleración de la inflación como el principal logro de su programa económico. Sin embargo, una inflación menor no implica automáticamente una recuperación del poder adquisitivo.
Los precios continúan aumentando, aunque a una velocidad inferior, mientras los salarios parten de un nivel profundamente deteriorado. Para recuperar lo perdido no alcanza con que los ingresos igualen la inflación mensual: deberían crecer durante un período prolongado por encima de los precios.
Eso no ocurrió con el salario mínimo. Los aumentos definidos por el Ejecutivo apenas acompañaron una fracción de la inflación y mantuvieron congelada la pérdida inicial.
La canasta básica total aumentó 35,7% durante el primer semestre, por encima del 33,5% acumulado por el índice general de precios citado en el relevamiento. Los bienes consumidos en mayor proporción por los sectores populares encarecieron más que el promedio, deteriorando especialmente a quienes destinan casi todos sus ingresos a alimentos y servicios.
Por eso puede coexistir una desaceleración estadística de la inflación con un aumento de la pobreza. La velocidad de los precios disminuye, pero el nivel salarial continúa demasiado bajo para cubrirlos.
El ajuste se descargó sobre el trabajo
La pérdida de más del 40% del salario mínimo no puede explicarse únicamente por una consecuencia inevitable de la inflación. También responde a una decisión política sobre cómo distribuir los costos del ajuste.
El Gobierno eligió fijar aumentos por decreto que no compensaron el encarecimiento de la vida, reducir subsidios, liberar tarifas y sostener una pauta salarial compatible con su objetivo de desacelerar los precios.
La contracara fue una transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia sectores empresarios y propietarios del capital. La estabilización se apoyó, en buena medida, en salarios deprimidos y en una menor capacidad de consumo de los hogares.
El resultado puede resumirse en una imagen contundente: hace diez años, una hora de trabajo alcanzaba para comprar un kilo de pan; hoy hacen falta dos horas y media. El trabajador produce durante más tiempo, recibe menos bienes a cambio y queda cada vez más lejos de la canasta que, por definición legal, su salario debería garantizar.
