Melina Schweizer
La Policía Federal secuestró USD 367.110, $12,7 millones, dispositivos electrónicos y documentación durante cinco allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello. La causa investiga si el exgerente comercial Julio Gallé exigió al dueño de Lucrimar un pago para hacer desaparecer una deuda cercana a USD 200 mil. El expediente nació de una auditoría interna y obliga a revisar los controles desarmados durante la conducción que Nicolás Posse instaló en el astillero estatal.
Los dólares estaban repartidos entre un domicilio particular y una caja de seguridad del microcentro porteño. Junto al dinero apareció una pieza difícil de explicar como simple desprolijidad administrativa: un recibo escrito a mano por USD 100.000 y $12,7 millones.
La Policía Federal llegó hasta esos lugares mediante cinco allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello. El operativo transformó una denuncia interna de Tandanor en uno de los expedientes por presunta corrupción más sensibles del gobierno de Javier Milei.
El principal investigado es Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial del astillero estatal. La Justicia intenta determinar si utilizó su posición dentro de la empresa para exigirle dinero al empresario Antonio Alejandro Napoleone, dueño de Lucrimar SA, a cambio de condonar una deuda de aproximadamente USD 200.000.
La hipótesis comprende una maniobra de al menos USD 220.000 y podría encuadrarse en delitos de cohecho y defraudación contra la administración pública. Por ahora, se trata de una investigación en curso: el hallazgo de dinero y documentos constituye evidencia que deberá ser peritada, pero no equivale todavía a una condena ni demuestra automáticamente el origen ilícito de todos los fondos.
Eso no reduce la dimensión política del caso. El dinero apareció, el recibo existe y el presunto pedido se habría producido dentro de una empresa estatal sometida, desde el comienzo de la administración libertaria, a despidos, reestructuraciones y cambios en sus mecanismos de control.
La deuda que presuntamente podía desaparecer
Lucrimar SA mantenía una obligación cercana a USD 200.000 con Tandanor. De acuerdo con la reconstrucción judicial, Gallé habría ofrecido intervenir para que esa deuda dejara de reclamarse a cambio de un pago clandestino.
La maniobra resulta particularmente grave porque no se investigan únicamente fondos privados entregados entre particulares. Si un funcionario o directivo de una sociedad estatal acepta dinero para eliminar una acreencia, el perjuicio recae sobre el patrimonio público.
La empresa perdería el dinero que tenía derecho a cobrar y el responsable de administrarlo obtendría un beneficio personal. El Estado asumiría la pérdida mientras el intermediario convertiría una obligación institucional en un negocio propio.
En los allanamientos, la Policía Federal secuestró exactamente USD 367.110, los $12,7 millones consignados en la documentación, cartas documento, extractos bancarios, contratos, comprobantes de transferencias, tres teléfonos, una computadora, una notebook y una tableta. Los investigadores deberán determinar qué parte del efectivo puede vincularse con la operación bajo sospecha y si existen otras maniobras semejantes.
El monto encontrado supera tanto la deuda atribuida a Lucrimar como el valor mínimo del presunto acuerdo. Esa diferencia no prueba por sí misma la existencia de otros sobornos, pero abre una línea inevitable: establecer la procedencia del resto del dinero y compararla con los ingresos declarados por las personas investigadas.
Una causa nacida dentro del propio astillero
La investigación no comenzó con una denuncia opositora ni con una publicación periodística. Surgió de una auditoría interna realizada después del recambio de autoridades en Tandanor.
Las irregularidades detectadas fueron denunciadas por la propia compañía. Casanello delegó la investigación en una unidad especializada de la Policía Federal y, después de varios meses de trabajo, autorizó los allanamientos.
Ese origen resulta importante porque demuestra que algún mecanismo institucional consiguió detectar la presunta maniobra. También obliga a preguntarse cuánto tiempo permaneció activa, qué controles fallaron antes y qué autoridades tenían la responsabilidad de supervisar la actuación de la Gerencia Comercial.
Una estructura de corrupción dentro de una empresa pública rara vez depende solamente de una persona que recibe dinero. Necesita debilidad administrativa, circulación insuficiente de información, decisiones sin trazabilidad o superiores incapaces de detectar movimientos incompatibles con el interés de la compañía.
La responsabilidad penal será individual y deberá establecerla la Justicia. La responsabilidad política, en cambio, comprende la forma en que fue conducido y controlado el astillero durante el período investigado.
La conducción que llegó con Nicolás Posse
Ana Laura Marí Hernández asumió la presidencia de Tandanor durante los primeros meses del gobierno de Milei, impulsada por el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse.
Su desembarco estuvo acompañado por una fuerte reorganización interna. Se produjeron despidos, se incorporaron nuevos directores y asesores con remuneraciones elevadas y se contrató a la consultora BDO para realizar una auditoría.
Al mismo tiempo, fue desarticulada la Gerencia de Control de Gestión, el área encargada de reunir y analizar información sensible sobre el funcionamiento administrativo de la empresa.
Desarmar un organismo no demuestra que se haya querido facilitar una maniobra ilegal. Sin embargo, cuando posteriormente aparece una causa por presunto cobro de sobornos, resulta legítimo examinar si la reestructuración redujo las capacidades preventivas del astillero.
La paradoja resulta evidente. La administración libertaria llegó a las empresas públicas prometiendo terminar con los gastos políticos, profesionalizar su conducción y preparar estructuras más eficientes. En Tandanor, aquella reorganización coincidió con una crisis interna y ahora queda atravesada por un expediente que investiga si un gerente podía negociar la desaparición de una deuda estatal.
La conducción deberá explicar cuándo conoció la situación, qué controles existían sobre Gallé, qué decisiones tomó frente a las primeras señales y por qué la Gerencia de Control de Gestión fue desarticulada durante un período que exigía mayor fiscalización.
Hernández no aparece señalada como autora de la presunta coima en la información conocida. Confundir responsabilidad política con imputación penal debilitaría la investigación. Pero su gestión forma parte del contexto institucional en el que se habría desarrollado la maniobra y no puede quedar fuera del análisis.
El desplazamiento silencioso de los controles
El discurso libertario presenta habitualmente al control estatal como sinónimo de burocracia. El problema es que dentro de una empresa pública los controles no constituyen un adorno administrativo: protegen activos, verifican contratos, detectan incompatibilidades y evitan que un directivo trate una deuda estatal como propiedad personal.
Cada área eliminada puede reducir gastos, pero también concentra poder en quienes permanecen. Cada procedimiento simplificado puede acelerar una decisión y, al mismo tiempo, borrar una instancia capaz de detectar irregularidades.
La contratación de una auditoría externa tampoco reemplaza automáticamente a los mecanismos permanentes. Una consultora revisa determinados procesos durante un período y con un alcance definido por el contrato. Una gerencia interna conoce el funcionamiento cotidiano, conserva antecedentes y puede seguir una operación mientras ocurre.
La pregunta no consiste únicamente en determinar si se realizaban auditorías, sino quién decidía qué se auditaba, quién recibía los resultados y qué capacidad existía para impedir una maniobra antes de que el dinero desapareciera.
El caso Tandanor expone una contradicción más amplia del Gobierno. Mientras se debilitan estructuras estatales con el argumento de combatir la corrupción, las empresas pueden quedar con menos herramientas para descubrirla.
Un astillero que no es una empresa cualquiera
Tandanor se encuentra sobre el Canal Sur del Río de la Plata, en un punto estratégico entre la Hidrovía Paraguay-Paraná y el océano Atlántico. Sus orígenes se remontan a 1879 y posee capacidades para reparar, modernizar y construir embarcaciones civiles y militares.
El astillero participó en la reconstrucción y modernización del rompehielos ARA Almirante Irízar, trabaja con unidades de la Armada y la Prefectura y fue incorporado a proyectos vinculados con la presencia argentina en la Antártida.
Una irregularidad en Tandanor no afecta solamente el balance de una sociedad estatal. Puede comprometer capacidades navales, contratos de defensa, mantenimiento de embarcaciones y planificación soberana sobre el Atlántico Sur.
El valor estratégico convive con otro mucho más visible: el inmobiliario. La compañía ocupa terrenos codiciados en la ribera porteña, frente a una de las zonas de mayor expansión urbanística de Buenos Aires.
La relación entre astillero y negocio inmobiliario no pertenece al terreno de la fantasía. Durante la privatización de los años noventa, una parte de sus tierras fue separada y revendida para desarrollos privados. El Estado recuperó posteriormente más de ocho hectáreas que habían sido transferidas irregularmente; allí se proyectaban torres valuadas entre USD 400 y USD 500 millones.
Ese antecedente explica por qué cualquier intento de reducir, dividir o desprenderse de Tandanor despierta sospechas que exceden su actividad industrial. Para ciertos intereses, el activo más atractivo no sería el conocimiento de sus trabajadores ni su capacidad naval, sino el suelo sobre el cual se encuentra.
Privatización, desgaste y pérdida de valor
El primer proyecto de privatizaciones del gobierno de Milei incluyó a Tandanor. La empresa fue retirada de la nómina durante la negociación parlamentaria de la Ley Bases, pero el interés oficial en disminuir la presencia estatal y desprenderse de activos públicos continuó marcando su conducción.
La exclusión de la lista definitiva impide afirmar que su venta haya quedado actualmente autorizada por aquella ley. Tampoco elimina la posibilidad de que el Gobierno vuelva a intentarlo mediante un proyecto específico o una nueva reorganización societaria.
En ese contexto, el deterioro de una compañía puede terminar funcionando como argumento para privatizarla. Primero se reducen trabajadores, proyectos y controles; después se exhiben los problemas producidos por ese proceso como demostración de que el Estado es incapaz de gestionarla.
Una causa de corrupción puede reforzar esa narrativa. El Gobierno podría utilizarla para sostener que la empresa pública es inevitablemente ineficiente. Sin embargo, el caso también permite una lectura opuesta: si las irregularidades ocurrieron durante una conducción nombrada por la propia administración libertaria, no es la naturaleza estatal de Tandanor la que debe responder, sino los funcionarios, gerentes y mecanismos de supervisión concretos.
Vender la empresa no investigaría la corrupción. Podría, en cambio, transferir a privados un activo estratégico después de debilitar su estructura y reducir su valor.
La salida de Hernández no cerró la discusión
Hernández abandonó posteriormente la conducción y fue reemplazada por Mauricio González Botto, otro funcionario relacionado con Posse. Antes de ingresar a Tandanor, González Botto había intervenido en el área desde la cual se diseñaron las primeras privatizaciones del Gobierno.
El cambio de nombres no resuelve lo sucedido. La auditoría que originó la denuncia deberá ser incorporada íntegramente al expediente, junto con las decisiones del directorio, los registros comerciales y la documentación relacionada con Lucrimar.
También será necesario establecer si Gallé tenía facultades reales para condonar una deuda por sí mismo o si necesitaba la intervención de otras autoridades. Si la operación requería firmas adicionales, la causa deberá determinar quiénes conocieron el trámite y qué hicieron frente a él.
Esa reconstrucción permitirá diferenciar dos escenarios. Uno sería la actuación de un gerente que intentó aprovechar su cargo al margen de la estructura. El otro, mucho más grave, sería la existencia de procedimientos manipulados o tolerados por una red más amplia.
Los dispositivos secuestrados pueden resultar decisivos. Los mensajes, archivos y comunicaciones permitirán verificar si existieron negociaciones, instrucciones, intermediarios o referencias a otras autoridades.
La corrupción que sí logró abrir una caja fuerte
El gobierno de Milei construyó buena parte de su identidad política alrededor de la denuncia contra “la casta”. Sin embargo, varias investigaciones por presunta corrupción que alcanzan a su administración avanzan con lentitud, pierden querellantes o quedan atrapadas en discusiones judiciales.
Tandanor presenta una diferencia material: la Justicia encontró dólares, documentación financiera y un recibo manuscrito. No se trata únicamente de testimonios enfrentados ni de una sospecha política. Existe evidencia física cuyo origen debe ser explicado.
Pero tampoco alcanza con exhibir fajos de dinero. El expediente deberá reconstruir la ruta completa: quién pidió el pago, quién lo entregó, cómo se pretendía cancelar la deuda, qué autoridades debían autorizarlo y de dónde salieron los USD 367.110.
La causa puede terminar revelando una maniobra individual o una trama más extensa. Lo que ya demostró es que la promesa de administrar el Estado como una empresa privada no inmuniza a la gestión contra la corrupción.
En Tandanor, mientras se despedían trabajadores y se desarmaban controles en nombre de la eficiencia, alguien presuntamente descubrió que una deuda pública podía tener precio privado.
La caja fuerte ya fue abierta. Ahora falta saber hasta dónde llega la llave.
Rodolfo Gudino
CONCHITA PRETA
