Melina Schweizer
El caso de Bicho, una persona trans colombiana expulsada tras intentar ingresar a Argentina, expone el uso creciente de la figura de “falso turista”, una categoría ambigua que la nueva política migratoria del gobierno de Javier Milei utiliza para rechazar migrantes en frontera. Organizaciones de derechos humanos advierten que este mecanismo amplía la discrecionalidad estatal y refuerza un giro securitario que comienza a convertir la migración latinoamericana en objeto de sospecha.
La expulsión de Bicho, una persona transmasculina colombiana que intentó ingresar por Aeroparque Jorge Newbery en enero de 2026, se convirtió en un caso testigo del endurecimiento de los controles migratorios. Su rechazo bajo la categoría de “falso turista” expone cómo esta figura administrativa —poco precisa en sus criterios— está siendo utilizada con mayor frecuencia para impedir el ingreso de migrantes, especialmente de origen latinoamericano.
Lo ocurrido no es un episodio aislado. Forma parte de un nuevo esquema de control migratorio impulsado por el gobierno de Javier Milei, que combina reformas legales, ampliación de facultades para las autoridades migratorias y un discurso político que vincula migración con seguridad.
La reciente reforma migratoria amplió las facultades de control en frontera y abrió la puerta a nuevas interpretaciones administrativas para admitir o rechazar ingresos al país. En ese contexto, organizaciones de derechos humanos advierten que ciertas figuras ambiguas están comenzando a utilizarse con mayor frecuencia para impedir el ingreso de personas migrantes, especialmente provenientes de América Latina.
El caso Bicho: una expulsión atravesada por irregularidades
Bicho tiene 33 años y nació en Colombia. El 21 de enero de 2026 intentó ingresar nuevamente a Argentina, un país que ya conocía: había vivido allí durante años y había comenzado estudios universitarios vinculados al campo artístico.
Durante el control migratorio, explicó que viajaba para reencontrarse con amigos que consideraba su familia. Según su testimonio, el agente respondió: “La única familia es la de sangre”, una frase que anticipó lo que vendría después.
Durante la entrevista migratoria, Bicho fue sometido a preguntas insistentes sobre:
- su situación económica
- su lugar de alojamiento
- su actividad laboral
- el dinero disponible en su cuenta bancaria
Aunque estos interrogantes pueden formar parte de un control migratorio, la legislación argentina —basada en la Ley de Migraciones 25.871, sancionada en 2004 y considerada una de las más avanzadas de América Latina— establece que el requisito básico para ingresar al país como turista es contar con un documento de identidad o pasaporte vigente.
Sin embargo, desde la reforma migratoria impulsada por el gobierno en 2025, las autoridades cuentan con mayores facultades para exigir documentación adicional o rechazar el ingreso ante “dudas” sobre el motivo del viaje.
La norma, según especialistas, deja amplios márgenes de interpretación.
Y allí aparece la categoría clave: “falso turista”.
Una figura ambigua que crece en las estadísticas
La figura de “falso turista” se aplica cuando las autoridades consideran que una persona intenta ingresar al país declarando turismo pero tendría otro propósito.
El problema, según juristas y organizaciones migrantes, es que no existe una definición clara ni criterios objetivos para aplicarla.
La abogada especialista en derecho migratorio Zulema Montero advierte que esa ambigüedad permite justificar expulsiones sin pruebas concretas.
Los números parecen confirmarlo.
De acuerdo con datos obtenidos mediante pedidos de acceso a la información pública:
- En 2025 se registraron 16.684 rechazos en frontera
- 6.811 de ellos se fundamentaron en la categoría “falso turista”
- Es decir, más del 40% de todas las inadmisiones
Además, los rechazos no afectan a todos por igual.
Entre las personas rechazadas bajo ese criterio predominan migrantes de países latinoamericanos, especialmente:
- Bolivia
- Perú
- Colombia
Este patrón alimenta críticas que señalan una aplicación selectiva y racializada de los controles migratorios.
Migración y violencia trans en Colombia
El trasfondo de la historia de Bicho también remite a otra crisis menos visible: la violencia sistemática contra las personas trans en América Latina.
Un informe de la organización Colombia Diversa documentó 405 asesinatos de personas LGBT+ entre 2012 y 2015, de los cuales 120 correspondían a personas travestis o trans.
Aunque en los últimos años hubo algunos avances legislativos, organizaciones de derechos humanos coinciden en que la población trans sigue enfrentando altos niveles de violencia, discriminación y exclusión laboral en Colombia.
En ese contexto, la migración se convierte para muchas personas trans en una estrategia de supervivencia.
Argentina, durante años, fue uno de los destinos elegidos por su marco legal progresista en materia de derechos de género y migración.
Pero ese escenario está cambiando.
La nueva política migratoria del gobierno
Desde 2024 el gobierno de Javier Milei viene impulsando un giro restrictivo en la política migratoria argentina.
Entre las medidas más importantes se encuentran:
- DNU 942/2024, que modificó la ley de reconocimiento y protección de refugiados
- reforma migratoria de 2025, que endureció los requisitos de ingreso y permanencia
- exigencia de ingresos demostrables y seguros de salud para migrantes
- reducción de plazos para apelar expulsiones
- traslado de la Dirección Nacional de Migraciones y la CONARE al Ministerio de Seguridad
Este último punto es particularmente significativo.
Históricamente, la política migratoria argentina estuvo vinculada a áreas civiles del Estado. Al trasladarla a la órbita de Seguridad, el enfoque cambia: la migración comienza a tratarse como un problema policial antes que como un fenómeno social o humanitario.
Redadas y militarización del control migratorio
Las nuevas políticas también se reflejan en operativos territoriales.
En enero de 2026, la Policía Federal Argentina realizó controles masivos en barrios del conurbano bonaerense como Liniers y Villa Celina, zonas con fuerte presencia de comunidades migrantes.
Según organizaciones sociales, estos operativos incluyeron:
- controles de documentación en la vía pública
- requisas
- detenciones preventivas
Diversos analistas compararon estos procedimientos con las redadas migratorias realizadas por el ICE en Estados Unidos, una práctica ampliamente criticada por organismos internacionales.
Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad celebró públicamente lo que definió como un “récord histórico” de expulsiones y capturas de extranjeros.
Según cifras oficiales:
- 4700 personas fueron expulsadas, rechazadas o detenidas en apenas dos meses.
El Bicho: seis días retenido y una deportación
Tras ser catalogado como “falso turista”, Bicho fue retenido durante seis días en la zona de embarque de Aeroparque, bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Durante ese período:
- se le negó el acceso a su medicación psiquiátrica
- sufrió ataques de pánico
- fue esposado y vigilado permanentemente
Finalmente, el 26 de enero, fue deportado en un vuelo hacia Porto Alegre, Brasil, escoltado por diez agentes policiales, algunos pertenecientes a unidades tácticas.
Paralelamente, la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) rechazó su solicitud de asilo.
Sus abogados apelaron la decisión.
Una disputa política sobre el sentido de la migración
El caso de Bicho se convirtió en un símbolo para organizaciones migrantes, colectivos LGBTIQ+ y defensores de derechos humanos que denuncian un retroceso en la política migratoria argentina.
Durante décadas, la Ley de Migraciones de 2004 estableció un principio claro: migrar es un derecho humano.
La reforma actual parece moverse en la dirección contraria.
En un mundo atravesado por guerras, crisis económicas y persecuciones identitarias, los desplazamientos humanos son cada vez más frecuentes.
La pregunta política que emerge no es solo jurídica.
Es moral.
Si los Estados comienzan a cerrar sus fronteras mediante categorías ambiguas, controles policiales y deportaciones aceleradas, el riesgo es que la migración deje de ser tratada como un fenómeno social complejo y vuelva a ser definida únicamente como un problema de seguridad.
Y cuando eso ocurre, la frontera deja de ser un espacio de tránsito.
Se transforma en un mecanismo de exclusión.
