Jorge R. Schweizer
Al menos cinco palestinos murieron este jueves en nuevos bombardeos sobre Ciudad de Gaza, Khan Younis y Deir al-Balah. El saldo de las últimas dos jornadas asciende a por lo menos doce víctimas y supera las 1.120 desde la entrada en vigor del alto el fuego de octubre de 2025. La segunda fase del acuerdo continúa paralizada, Israel conserva el control militar de más de la mitad del territorio y la reconstrucción permanece condicionada por una negociación política que no avanza.
La tregua que debía cerrar más de dos años de guerra en la Franja de Gaza continúa vigente en los documentos diplomáticos, pero perdió buena parte de su significado sobre el terreno. Nuevos bombardeos israelíes dejaron al menos cinco palestinos muertos este jueves en distintos puntos del enclave, mientras el balance de las operaciones desarrolladas durante las últimas dos jornadas asciende a por lo menos doce víctimas, entre ellas civiles, policías y una niña.
Los ataques más recientes alcanzaron el barrio de Tuffah, el suburbio de Zeitoun y sectores del oeste de Ciudad de Gaza, además de Khan Younis y un edificio residencial de Deir al-Balah. Las autoridades sanitarias palestinas informaron que el balance continúa siendo preliminar debido a las dificultades para acceder a determinadas zonas y completar las tareas de rescate.
El Ejército israelí no había formulado al cierre de la información una explicación específica sobre todos los ataques registrados este jueves. En operaciones anteriores afirmó haber actuado contra combatientes, centros de producción de armas e infraestructura utilizada por Hamás. En uno de los bombardeos del miércoles, que destruyó un departamento de Deir al-Balah y mató a un matrimonio y a su hija de seis años, Israel aseguró que el objetivo era un integrante de la organización palestina. El hijo menor de la familia, de tres años, sobrevivió herido.
Associated Press informó además que seis policías, incluido un jefe de alto rango, murieron en un ataque contra instalaciones policiales en el campo de refugiados de Jabaliya. Israel sostuvo que algunos de ellos eran miembros de Hamás, pero no presentó públicamente pruebas que permitieran comprobar esa afirmación. La organización palestina asegura que su policía cumple funciones de seguridad civil y orden público. Naciones Unidas ha cuestionado reiteradamente los ataques contra cuerpos policiales gazatíes cuando no existe una distinción probada entre agentes encargados de tareas civiles y combatientes participantes en hostilidades.
La sucesión de ataques demuestra que el alto el fuego alcanzado el 10 de octubre de 2025 detuvo las grandes operaciones terrestres, pero nunca consiguió suspender completamente el uso de la fuerza. Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 1.120 palestinos murieron desde su entrada en vigor, principalmente mujeres y niños. Las cifras no pueden ser verificadas de manera independiente en todos sus detalles debido a las restricciones de acceso, pero son recogidas regularmente por Naciones Unidas y las principales agencias internacionales.
El número de operaciones israelíes también muestra una tendencia ascendente. El proyecto ACLED registró más de cuarenta ataques aéreos o con drones durante junio, la cifra mensual más alta desde el comienzo de la tregua. Esa continuidad transforma el acuerdo en un mecanismo para limitar la intensidad de la guerra, pero no para terminarla.
Una tregua incapaz de avanzar hacia la paz
La primera fase del acuerdo permitió la liberación de los veinte rehenes israelíes que permanecían con vida, la recuperación posterior de los cuerpos de los fallecidos, un intercambio de prisioneros palestinos, un incremento parcial de la ayuda humanitaria y un repliegue limitado de las fuerzas israelíes. Sin embargo, los asuntos que debían definir el futuro de Gaza quedaron pendientes.
La segunda fase contemplaba negociaciones sobre el desarme de Hamás, el retiro militar israelí, la administración política del territorio y un programa internacional de reconstrucción. Ninguno de esos puntos fue resuelto. Israel exige la entrega completa de las armas y la desaparición de Hamás como fuerza militar y gubernamental antes de retirar sus tropas. La organización palestina sostiene que no se desarmará mientras continúen los ataques y la ocupación de amplias zonas del enclave.
Las conversaciones indirectas se estancaron pese a las reuniones celebradas en El Cairo y a los intentos de Estados Unidos, Egipto y Qatar por preservar el proceso. Hamás anunció recientemente la disolución de su estructura gubernamental en Gaza como señal destinada a destrabar una futura administración transitoria. Israel desestimó la medida y afirmó que no constituye una renuncia efectiva al poder ni a las armas.
En los hechos, el Ejército israelí mantiene el control de más del 60 % del territorio de Gaza y de todos los pasos de entrada y salida. Esa presencia le permite regular los movimientos internos, las mercancías, el ingreso de ayuda y el acceso a zonas donde todavía viven comunidades desplazadas. La tregua, por lo tanto, no devolvió a la población palestina el control territorial ni produjo una retirada sustancial de las fuerzas ocupantes.
La falta de mecanismos eficaces de supervisión agrava el problema. Cada parte acusa a la otra de violar el acuerdo, pero no existe una autoridad internacional con capacidad suficiente para investigar de inmediato los incidentes, determinar responsabilidades y obligar a cumplir las disposiciones. Las represalias se justifican mediante acusaciones unilaterales y, con cada nueva operación, el alto el fuego pierde autoridad política.
Gaza continúa destruida y mayoritariamente desplazada
La guerra iniciada después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 dejó más de 73.000 palestinos muertos, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza. El ataque inicial contra el sur de Israel causó alrededor de 1.200 muertes y el secuestro de 251 personas. La respuesta militar israelí destruyó barrios enteros, hospitales, escuelas, redes de agua, plantas eléctricas, carreteras y buena parte de la infraestructura civil del enclave.
La mayoría de los 2,1 millones de habitantes continúa desplazada, alojada en campamentos improvisados, edificios parcialmente destruidos o refugios sin condiciones mínimas de salubridad. Organismos humanitarios advierten que amplias zonas permanecen inaccesibles, que la provisión de agua potable es insuficiente y que los centros sanitarios dependen de reservas limitadas de combustible para sostener quirófanos, incubadoras, ambulancias y sistemas de refrigeración.
La reconstrucción completa podría costar alrededor de 70.000 millones de dólares. La Unión Europea anunció esta semana compromisos por unos 1.000 millones, pero todavía no existe un calendario claro para el desembolso ni condiciones políticas que permitan iniciar obras a gran escala. Más de sesenta millones de toneladas de escombros cubren el territorio, parte de ellas contaminadas con explosivos sin detonar, restos humanos y materiales peligrosos.
La reconstrucción no puede comenzar seriamente mientras continúen los ataques, permanezcan tropas israelíes en gran parte del territorio y no exista una administración reconocida que pueda recibir fondos y ejecutar proyectos. Los países donantes tampoco están dispuestos a financiar una reconstrucción que pueda ser destruida por una nueva ofensiva dentro de pocos meses.
La ayuda humanitaria atrapada entre el control israelí y las disputas internas
El ingreso y la distribución de asistencia continúan siendo uno de los puntos más conflictivos. Israel sostiene que permite la entrada de alimentos y otros bienes, aunque mantiene controles estrictos sobre los pasos fronterizos y sobre los productos autorizados. Las organizaciones humanitarias denuncian que las cantidades siguen siendo insuficientes frente a las necesidades de la población y que las restricciones militares dificultan el acceso a comunidades aisladas.
Naciones Unidas denunció esta semana que hombres armados vinculados con Hamás ingresaron en un centro de distribución del Programa Mundial de Alimentos en el norte de Gaza, agredieron a conductores y alteraron las operaciones. El coordinador humanitario de la ONU advirtió que los actos de intimidación contra trabajadores y transportistas ponen en riesgo la continuidad de la asistencia.
Hamás rechazó la acusación y afirmó que se trató de una operación policial contra redes dedicadas al contrabando de productos escondidos dentro de cargamentos humanitarios. La controversia muestra que la emergencia no depende de una sola causa. El control israelí de los accesos, la inseguridad interna, el deterioro de las instituciones gazatíes, la actuación de grupos armados y el mercado negro se combinan para impedir que la ayuda llegue de manera regular a quienes la necesitan.
Reconocer esas responsabilidades no modifica la asimetría central del conflicto. Israel conserva el control militar de las fronteras, del espacio aéreo, de la costa y de más de la mitad del territorio. Su capacidad de decidir qué ingresa, cuándo ingresa y por qué ruta coloca sobre sus autoridades una responsabilidad fundamental respecto de las condiciones humanitarias de la población civil.
Netanyahu, Hamás y una negociación sin incentivos suficientes
Benjamin Netanyahu enfrenta presiones contradictorias dentro de Israel. Los sectores más duros de su coalición exigen ampliar las operaciones hasta destruir completamente la estructura militar de Hamás y rechazan cualquier retiro que permita la supervivencia política de la organización. Parte de la oposición, familiares de víctimas, reservistas y organizaciones civiles cuestionan la prolongación de una guerra que ya permitió recuperar a los rehenes, pero no produjo una solución política para Gaza ni una seguridad estable para Israel.
Las elecciones israelíes previstas para octubre aumentan el peso de esas disputas. El Gobierno tiene incentivos para demostrar firmeza militar y evitar que sus adversarios lo acusen de haber permitido la reorganización de Hamás. Cada ataque presentado como preventivo también cumple una función dentro de la competencia política interna.
Hamás, por su parte, intenta preservar capacidad militar y relevancia política después de haber sufrido enormes pérdidas humanas y materiales. Su negativa a entregar las armas no responde solamente a una doctrina de resistencia frente a Israel, sino también al temor de desaparecer como actor central del movimiento nacional palestino. La organización sabe que un desarme sin garantías de retirada israelí podría dejarla sin capacidad de presión y expuesta a sus rivales internos.
Las posiciones de ambas partes producen una parálisis previsible. Israel no se retira sin desarme. Hamás no se desarma sin retirada. Los mediadores intentan construir una secuencia gradual, pero carecen de instrumentos suficientes para garantizar que cada concesión sea respondida por la otra parte.
Una tregua utilizada para administrar la guerra
El concepto de alto el fuego perdió en Gaza su significado convencional. Ya no designa una suspensión efectiva de las hostilidades orientada hacia una negociación de paz, sino un esquema flexible que reduce las grandes operaciones militares mientras permite ataques selectivos, incursiones y represalias.
Israel afirma que necesita conservar libertad de acción para responder a amenazas inmediatas y evitar que Hamás reconstruya sus capacidades. Hamás sostiene que esas operaciones demuestran que Israel nunca tuvo intención de cumplir una retirada definitiva. Ambos utilizan las violaciones atribuidas al adversario para justificar la continuidad de sus propias acciones.
El resultado es una paz que no existe para la población civil. Los habitantes de Gaza siguen escuchando drones, sufriendo bombardeos, enfrentando desplazamientos y esperando ayuda bajo un acuerdo que supuestamente puso fin a la guerra. La diferencia entre el período anterior y la tregua no es la ausencia de violencia, sino su administración en una escala menor y políticamente tolerada por los mediadores.
Los cinco muertos de este jueves no constituyen una anomalía dentro de un proceso exitoso. Forman parte de una secuencia casi diaria que ya provocó más de 1.120 muertes desde octubre. La persistencia de los ataques, el control territorial israelí, la paralización de la segunda fase y la destrucción material de Gaza muestran que el acuerdo logró congelar parcialmente la guerra, pero no resolverla.
Mientras no exista un retiro verificable, una administración política legítima, garantías de seguridad para ambas poblaciones y un programa de reconstrucción protegido internacionalmente, el alto el fuego continuará siendo una fórmula diplomática utilizada para describir un territorio donde la violencia nunca terminó.
Gaza no vive hoy en paz. Vive dentro de una guerra administrada.
Melina Schweizer
Rodolfo Gudino
