Melina Schweizer
La Alta Corte de Kenia rechazó este 15 de julio el pedido de la Rastafari Society of Kenya para utilizar cannabis con fines religiosos. Aunque el tribunal negó la excepción constitucional, el propio juez reconoció que el país necesita abrir un debate nacional sobre su política de drogas.
La decisión de la Alta Corte de Kenia marca un nuevo capítulo en el largo debate sobre los límites entre la libertad religiosa y la legislación antidrogas. Después de más de cinco años de litigio, el tribunal desestimó la demanda presentada por la Rastafari Society of Kenya (RSK), que buscaba una excepción legal para consumir cannabis como sacramento dentro de sus ceremonias religiosas.
La sentencia fue dictada por el juez Bahati Mwamuye, quien sostuvo que la prohibición establecida por la Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Control) Act, vigente desde 1994, no vulnera el derecho constitucional a la libertad de culto. Según el magistrado, los demandantes no lograron demostrar jurídicamente que el consumo de cannabis constituya un elemento indispensable e irrenunciable de la práctica religiosa rastafari, por lo que no existían fundamentos suficientes para otorgar una excepción al régimen penal.
No obstante, el fallo dejó una puerta entreabierta. El propio juez afirmó que la actual política sobre cannabis merece una discusión pública más amplia y sostuvo que el «status quo parece insostenible», invitando a un debate nacional sobre la legislación antidrogas. Incluso citó la célebre canción «Legalize It» del músico jamaicano Peter Tosh, un gesto poco habitual dentro de una resolución judicial.
Más que una droga: un sacramento
Para comprender el conflicto es necesario entender qué representa la marihuana dentro del rastafarismo. A diferencia del consumo recreativo, el cannabis —conocido como ganja o hierba sagrada— constituye un sacramento utilizado durante la oración, la meditación y las ceremonias comunitarias conocidas como reasoning sessions. Sus seguidores sostienen que favorece la introspección espiritual y fortalece la conexión con Jah, nombre con el que identifican a Dios.
El rastafarismo nació en Jamaica durante la década de 1930, inspirado en las enseñanzas del líder panafricanista Marcus Garvey y en la coronación del emperador etíope Haile Selassie I, considerado por muchos creyentes como la manifestación mesiánica prometida para la liberación del pueblo negro. Desde entonces el movimiento se expandió por América, Europa y África como una corriente espiritual profundamente vinculada al panafricanismo, la resistencia al colonialismo, la reivindicación de la diáspora africana y la crítica al racismo estructural.
Un reclamo que trasciende el cannabis
La demanda presentada por la Rastafari Society no buscaba la legalización general de la marihuana, sino una excepción semejante a las reconocidas en algunos países para otros usos religiosos. Sus abogados argumentaron que la Constitución keniana protege la libertad de conciencia y de religión, por lo que impedir el uso ritual del cannabis obligaba a los creyentes a elegir entre obedecer la ley o practicar plenamente su fe.
El Estado respondió que crear una excepción abriría dificultades para la aplicación de la legislación antidrogas y podría facilitar abusos o encubrimientos de actividades ilegales. El tribunal terminó aceptando esa posición al considerar que la evidencia aportada por los demandantes no demostraba de forma concluyente que el consumo de cannabis fuera un requisito doctrinal indispensable para todos los rastafaris.
Un movimiento reconocido, pero con derechos limitados
Paradójicamente, la Justicia keniana ya había reconocido parcialmente al rastafarismo años atrás. En 2019, un tribunal determinó que expulsar a una estudiante por llevar rastas (dreadlocks) violaba su libertad religiosa, otorgando un importante reconocimiento jurídico a esta comunidad. En 2025, además, los rastafaris inauguraron su primer templo formal en las afueras de Nairobi, consolidando una presencia que crece especialmente entre jóvenes urbanos.
Sin embargo, ese reconocimiento no se extendió al uso del cannabis. La legislación vigente continúa castigando la posesión y el consumo con penas que pueden alcanzar 10 años de prisión, además de importantes multas económicas, mientras que el tráfico recibe sanciones aún más severas.
Un debate que divide a África
El fallo también refleja las diferentes respuestas que los Estados africanos vienen dando al consumo de cannabis. Mientras Sudáfrica reconoció en 2018 el derecho al consumo privado por parte de adultos y otros países avanzan hacia modelos de despenalización parcial, Kenia mantiene una de las legislaciones más restrictivas del continente.
Para los rastafaris, la decisión representa mucho más que la prohibición de fumar marihuana. Consideran que constituye una limitación al ejercicio pleno de una espiritualidad profundamente ligada a la identidad africana y a la memoria de la resistencia anticolonial. Tras conocerse la sentencia, decenas de fieles se concentraron frente al complejo judicial de Nairobi, tocaron tambores Nyabinghi, entonaron cánticos religiosos y anunciaron que apelarán la decisión ante la Corte de Apelaciones.
El conflicto deja abierta una discusión que excede a Kenia. ¿Hasta dónde puede llegar la libertad religiosa cuando entra en tensión con la legislación penal? ¿Debe un Estado reconocer excepciones cuando determinadas prácticas espirituales incluyen sustancias prohibidas? Y, sobre todo, ¿puede juzgarse una tradición religiosa nacida de la resistencia anticolonial utilizando exclusivamente categorías jurídicas heredadas del propio colonialismo? Esa última pregunta, más que el cannabis, parece ser la que seguirá resonando mucho después de que se apague el humo.
Rodolfo Gudino
