Melina Schweizer
La conciliación obligatoria dispuso la reincorporación provisoria del personal de Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría durante 15 días hábiles. La crisis ya provocó alrededor de 1.730 despidos entre Buenos Aires y Entre Ríos y paralizó cuatro plantas. La empresa negocia una deuda estimada en USD 350 millones.
Axel Kicillof consiguió detener momentáneamente una de las mayores oleadas de despidos industriales de los últimos años. El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de Granja Tres Arroyos y ordenó retrotraer las desvinculaciones que afectan a 1.200 trabajadores de tres plantas ubicadas en la provincia.
La resolución obliga a Granja Tres Arroyos y a Wade —sociedad controlada por el mismo grupo— a reincorporar al personal mientras se desarrolla una negociación con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación. La medida regirá durante 15 días hábiles y podrá prorrogarse por otros cinco. Una nueva audiencia fue convocada para el próximo jueves.
No se trata, sin embargo, de una reincorporación definitiva. La conciliación congela el conflicto, devuelve provisoriamente a los trabajadores a la situación anterior y obliga a las partes a negociar. Cuando termine ese plazo, los despidos podrían reaparecer si no existe un acuerdo capaz de sostener las plantas.
Mil doscientas familias recuperaron el empleo, pero solamente por veinte días
La intervención alcanza a 700 trabajadores de Capitán Sarmiento, 450 de Esteban Echeverría y 50 de Pilar, según el relevamiento difundido después de la audiencia. Las tres plantas habían quedado paralizadas y los empleados comenzaron a recibir telegramas de despido.
El título de que Kicillof “ordenó la reincorporación” resulta formalmente correcto, pero incompleto. La Provincia puede imponer una tregua y exigir que la empresa se siente a negociar; no puede resolver mediante una disposición administrativa una crisis financiera acumulada durante años.
La medida tiene una importancia concreta: evita que 1.200 familias pierdan inmediatamente sus ingresos y le impide a la empresa consumar las desvinculaciones mientras discute alternativas. También le devuelve al sindicato una capacidad de negociación que desaparece cuando las plantas ya están vacías y los trabajadores dispersos.
Pero el reloj comenzó a correr. La conciliación puede extenderse como máximo durante veinte días hábiles. Al finalizar ese período deberán aparecer capital, producción, compradores para las plantas, un acuerdo con los acreedores o alguna propuesta de continuidad. De lo contrario, la misma crisis regresará con mayor profundidad.
La crisis ya atravesó las fronteras bonaerenses
El conflicto no se limita a las instalaciones alcanzadas por la resolución de Kicillof. En la planta La China, ubicada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, los despidos rondan los 480 sobre una plantilla aproximada de 930 trabajadores. Esa fábrica dejó de faenar meses antes que las plantas bonaerenses.
La suma lleva el impacto nacional a alrededor de 1.730 puestos de trabajo. La compañía todavía emplea a unas 6.500 personas en distintas provincias, por lo que una caída generalizada tendría consecuencias que excederían ampliamente a las familias directamente involucradas.
Granja Tres Arroyos no es una empresa marginal. Llegó a ocupar una posición central dentro de la producción avícola argentina, con cerca de 7.000 trabajadores y una capacidad de faena aproximada de 700.000 pollos diarios. En los momentos más críticos, ese volumen habría descendido hasta las 200.000 aves.
Por eso, la crisis amenaza también a productores integrados, transportistas, proveedores de alimentos, frigoríficos, comercios y pequeñas economías locales construidas alrededor de cada planta.
Una deuda de USD 350 millones detrás de los telegramas
La empresa atribuye el ajuste a la caída de las exportaciones, las consecuencias de la gripe aviar y una sobreoferta de pollo en el mercado interno. El sindicato rechaza esa explicación y sostiene que la compañía intenta invocar una situación de fuerza mayor para pagar indemnizaciones reducidas mediante el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Los números financieros confirman que el problema no nació durante la última semana. Granja Tres Arroyos llegó a acumular miles de cheques rechazados por decenas de miles de millones de pesos y negocia con sus acreedores una deuda estimada en USD350 millones de dólares. Wade también registra documentos impagos por casi $10.000 millones.
Ese deterioro obliga a separar dos discusiones. La primera es si existe una crisis económica real, algo difícil de negar frente a la magnitud de las obligaciones, los salarios pagados en cuotas y la reducción de la producción. La segunda es quién debe absorber sus consecuencias.
Para el sindicato, la caída de una exportación o una mala decisión empresarial forma parte del riesgo asumido por los dueños y no habilita automáticamente a descargar las pérdidas sobre los trabajadores. La empresa, en cambio, busca reducir su estructura y sostiene que no puede conservar una plantilla correspondiente a niveles de actividad que ya no mantiene.
La discusión política que abre Kicillof
La intervención bonaerense marca una diferencia con el criterio del Gobierno nacional frente a los conflictos laborales. Mientras la administración de Javier Milei promueve la desregulación y presenta los despidos como decisiones pertenecientes al ámbito privado, la Provincia utilizó las herramientas laborales disponibles para frenar las desvinculaciones y obligar a negociar.
Kicillof puede exhibir la reincorporación como una respuesta política ante una crisis industrial. Pero también deberá evitar que la conciliación se convierta en una fotografía de veinte días utilizada para anunciar que el conflicto fue resuelto.
El desafío comienza ahora. La Provincia tendrá que exigir balances, verificar las razones económicas invocadas, controlar si existieron transferencias de activos y determinar qué capacidad real posee el grupo para mantener las plantas. También deberá explorar la aparición de nuevos operadores si Granja Tres Arroyos no puede garantizar la continuidad.
La donación de mil cajones de pollo y el adelanto de una suma de dinero ofrecen un alivio inmediato, pero también resumen la dimensión del derrumbe: trabajadores que producen alimentos terminaron necesitando que la empresa les entregue comida mientras discuten salarios e indemnizaciones.
Kicillof frenó los despidos. No salvó todavía los empleos.
La diferencia se resolverá cuando venza la conciliación obligatoria. Para entonces deberá saberse si Granja Tres Arroyos tiene un plan de continuidad o si utilizó la tregua para administrar el cierre. Porque veinte días pueden servir para negociar una salida, pero no alcanzan para esconder una deuda de USD 350 millones ni para reconstruir cuatro plantas paralizadas.
Rodolfo Gudino
