Melina Schweizer
Llorens y Bertuzzi confirmaron la expulsión de cinco querellantes, que ya no podrán pedir pruebas, apelar decisiones ni controlar el expediente. La investigación quedó en manos del fiscal Eduardo Taiano, que después de más de un año no llamó a indagatoria a ninguno de los principales involucrados. El fallo llegó días después de que el Senado ratificara a Bertuzzi en la estratégica Cámara Federal por 44 votos contra 23.
Comodoro Py no cerró formalmente la causa Libra. Hizo algo menos visible y posiblemente más efectivo: expulsó del expediente a quienes tenían interés directo en evitar que terminara archivado.
Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi confirmaron el apartamiento de cinco querellas que representaban a presuntos damnificados por el derrumbe del token promocionado por Javier Milei. La decisión ratificó el fallo dictado en julio por Marcelo Martínez de Giorgi, quien había aceptado un planteo presentado por la defensa de Mauricio Novelli, amigo del Presidente y uno de los empresarios investigados.
La investigación continuará abierta bajo el impulso del fiscal Eduardo Taiano. Sin embargo, los damnificados ya no podrán solicitar medidas de prueba, reclamar indagatorias, apelar decisiones desfavorables ni controlar directamente la evolución del expediente.
No se cayó todavía la causa. Comodoro Py acaba de construir la pendiente.
El acusado pidió expulsar a los damnificados y los jueces aceptaron
La exclusión comenzó con un planteo promovido por Novelli. Su defensa cuestionó que los inversores pudieran intervenir como querellantes porque, según sostuvo, no habían demostrado suficientemente que fueran víctimas de una estafa relacionada con Libra.
Martínez de Giorgi aceptó ese argumento y apartó a cinco representantes. Los afectados apelaron, pero Llorens y Bertuzzi confirmaron la decisión.
La secuencia resulta difícil de ignorar: uno de los investigados pidió reducir la capacidad de intervención de quienes denunciaron haber perdido dinero y la Justicia le concedió exactamente lo solicitado.
Los camaristas sostuvieron que los inversores no identificaron el engaño concreto que los habría llevado a comprar Libra. También afirmaron que participaron voluntariamente de una operación con instrumentos caracterizados por la volatilidad, la falta de regulación y una elevada exposición al riesgo.
El argumento parece sencillo: quien compra una criptomoneda sabe que puede perder.
Pero conocer el riesgo de una inversión no equivale a aceptar una manipulación. Una persona puede comprar un activo volátil y, al mismo tiempo, ser engañada mediante publicidad encubierta, información falsa, ocultamiento de intereses o una maniobra coordinada para inflar el precio y retirar la liquidez.
Si la volatilidad alcanzara para descartar una estafa, los fraudes cometidos en mercados especulativos quedarían prácticamente blindados. La defensa solamente tendría que demostrar que la víctima sabía que podía perder dinero, aunque nunca hubiera aceptado ser utilizada como liquidez de salida por quienes controlaban el token.
Los camaristas avanzaron sobre el fondo antes de terminar la investigación
El fallo no se limita a determinar quién está autorizado para participar del expediente. Llorens y Bertuzzi también pusieron en duda la hipótesis central de la pesquisa.
Según la resolución, aparece “diluida” la posibilidad de que existiera un plan organizado desde las altas esferas gubernamentales junto con operadores del universo cripto. También afirmaron que los querellantes no lograron señalar una falsedad concreta que los hubiera impulsado a comprar.
El problema consiste en que esa hipótesis no fue descartada después de una investigación agotada. Fue debilitada mientras continúan sin aclararse elementos centrales: la ruta completa del dinero, el presunto acuerdo encontrado en el teléfono de Novelli, las comunicaciones mantenidas con Milei y el papel desempeñado por Hayden Davis.
Los jueces parecen exigirles a las víctimas que demuestren la estafa para permitirles intervenir en la causa creada para determinar si esa estafa existió.
La resolución construye además un argumento que podría utilizarse más adelante para archivar el expediente: si los compradores asumieron voluntariamente el riesgo y no existió un engaño identificable, las pérdidas serían una consecuencia del mercado y no de una maniobra delictiva.
Comodoro Py todavía no escribió el epitafio de Libra. Ya eligió las palabras.
La investidura presidencial fue el principal activo del token
El 14 de febrero de 2025, Javier Milei publicó en su cuenta de X un mensaje que presentaba Libra como un proyecto privado destinado a impulsar la economía argentina y financiar pequeñas empresas. La publicación fue difundida prácticamente al mismo tiempo que se lanzó el activo.
El precio se disparó y después se derrumbó. Más de 114.000 billeteras quedaron expuestas a pérdidas, mientras un grupo reducido de operadores retiró ganancias millonarias. Una comisión investigadora de la Cámara de Diputados concluyó que Milei habría prestado una “colaboración imprescindible” para la maniobra y recomendó evaluar si incurrió en mal desempeño. El oficialismo cuestionó el informe, pero no presentó uno alternativo.
La Cámara Federal exige que los querellantes identifiquen una falsedad concreta. Pero el posible engaño no necesariamente está contenido en una sola oración. Puede surgir de la utilización de la figura presidencial para otorgar credibilidad a un activo desconocido, de la presentación del proyecto como una iniciativa productiva y del eventual ocultamiento de relaciones previas con sus promotores.
Milei sostuvo que compartió la información como un ciudadano particular. Sin embargo, un Presidente no puede quitarse la investidura durante algunos minutos para promocionar una inversión y volver a colocársela después del derrumbe.
Su publicación tenía capacidad para producir confianza, modificar precios y atraer compradores. Esa influencia fue el activo más valioso de Libra.
La pregunta judicial no debería limitarse a establecer si los inversores conocían la volatilidad del mercado. Debe determinar si los promotores utilizaron deliberadamente la credibilidad presidencial para generar una demanda que permitiera a otros retirar el dinero.
Cinco millones de dólares y siete llamadas que siguen sin explicación
La investigación incorporó elementos que contradicen la idea de una publicación espontánea realizada sin conocimiento previo.
Peritos recuperaron del teléfono de Novelli un documento eliminado que describía un presunto acuerdo por cinco millones de dólares. El esquema contemplaba tres pagos: un adelanto de USD 1,5 millones, otro desembolso por la presentación pública de Davis como asesor de Milei y dos millones adicionales por un contrato presencial relacionado con blockchain e inteligencia artificial.
No existe hasta ahora prueba concluyente de que el Gobierno haya aceptado ese supuesto acuerdo ni de que Milei recibiera el dinero. Pero algunas acciones previstas en el documento habrían coincidido con acontecimientos posteriores: el Presidente recibió a Davis en la Casa Rosada, difundió una fotografía con él y lo presentó públicamente como asesor.
También se incorporaron registros de siete comunicaciones entre Milei y Novelli durante el 14 de febrero. Una llamada ocurrió 36 minutos antes del lanzamiento de Libra. Volvieron a hablar mientras comenzaba la operación y nuevamente pocos minutos después de que el Presidente publicara su mensaje.
Novelli también mantuvo contactos con Karina Milei y Santiago Caputo durante esas horas. La existencia de las llamadas no demuestra por sí sola que hablaran de Libra, pero vuelve indispensable reconstruir su contenido y confrontar esa secuencia con la versión presidencial de que no tenía vinculación con el proyecto.
A esto se suma la ruta de más de cinco millones de dólares transferidos por Davis hacia una financiera utilizada habitualmente por Novelli. Los movimientos ocurrieron antes del lanzamiento y fueron seguidos por visitas relacionadas con una caja de seguridad.
Ninguno de estos indicios alcanza, de manera aislada, para dictar una condena. Juntos justifican una investigación profunda. Sin embargo, mientras aparecen nuevos documentos y movimientos financieros, la Justicia decide discutir si quienes perdieron dinero tienen derecho a participar.
Taiano queda sin el control de las querellas
Con los damnificados fuera del expediente, la causa queda esencialmente en manos del fiscal Eduardo Taiano y del juez Martínez de Giorgi.
Taiano conserva la facultad de solicitar medidas, analizar las billeteras, reconstruir transferencias y pedir declaraciones. Por esa razón, la exclusión de las querellas no extingue la acción penal pública.
El problema es el antecedente. Después de más de un año de investigación, ninguno de los principales involucrados había sido llamado a indagatoria. La causa acumuló retrasos en el análisis de teléfonos, billeteras y documentación sensible.
Parte de la demora fue atribuida a la falta de herramientas tecnológicas. La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia no contaba con la licencia necesaria para rastrear ciertas transferencias y Taiano terminó derivando el trabajo a la Policía Federal.
El fiscal defendió su actuación y explicó que la investigación requería peritajes complejos. También impulsó medidas sobre dispositivos y movimientos financieros. Pero la lentitud quedó expuesta incluso por la propia Cámara Federal, que en enero de 2026 le había ordenado a Martínez de Giorgi acelerar la causa.
Meses después de pedir velocidad, dos integrantes de esa Cámara eliminaron a quienes podían reclamarla.
Bertuzzi fue confirmado y enseguida firmó el fallo que favorece al Gobierno
La resolución también quedó atravesada por una coincidencia política imposible de separar de su contexto.
El Senado aprobó el pliego de Pablo Bertuzzi para continuar en la Cámara Federal pocos días antes del fallo. La candidatura impulsada por Milei obtuvo 44 votos afirmativos y 23 negativos, gracias al respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, sectores radicales y bloques provinciales.
Pablo Yadarola fue designado para integrar la misma sala con 66 votos, pero no participó en la resolución. Llorens y Bertuzzi resolvieron la apelación antes de su incorporación efectiva al tribunal.
La cercanía temporal no demuestra por sí misma que existiera un acuerdo para garantizar impunidad. Para probar un pacto sería necesario encontrar negociaciones, compromisos o contraprestaciones entre funcionarios y magistrados.
Pero la secuencia objetiva alimenta las sospechas: el Gobierno promovió la continuidad de Bertuzzi en una cámara estratégica y, poco después, el juez firmó una resolución favorable a la defensa de un empresario cercano a Milei en la causa más delicada para el Presidente.
La misma Sala I deberá intervenir en otros expedientes sensibles para el oficialismo, entre ellos investigaciones relacionadas con la Agencia Nacional de Discapacidad. El Gobierno no solamente consiguió aprobar jueces. Consolidó la composición del tribunal encargado de controlar algunas de las causas que pueden comprometerlo.
El archivo ya tiene una arquitectura
El presunto pacto de impunidad no puede presentarse todavía como un delito judicialmente probado. Sí puede analizarse como una secuencia política e institucional.
Primero, la investigación avanzó con extrema lentitud. Después, uno de los investigados consiguió que apartaran a los damnificados. Más tarde, la Cámara confirmó la decisión y comenzó a descartar la existencia del engaño antes de esclarecer la ruta del dinero. En paralelo, el Gobierno obtuvo la ratificación de un camarista que firmó ese fallo.
El expediente continúa abierto, pero su futuro depende de un fiscal cuestionado por las demoras, de un juez que aceptó expulsar a los querellantes y de una Cámara que ya describió las pérdidas como parte del riesgo voluntariamente asumido.
No hace falta ordenar el archivo mañana. Alcanza con dejar pasar el tiempo, rechazar nuevas medidas y sostener que ninguna prueba consiguió demostrar el delito que no se investigó con suficiente profundidad.
La causa Libra todavía respira. Pero Comodoro Py acaba de retirar del expediente a quienes podían avisar que la estaban asfixiando.
Rodolfo Gudino
