Melina Schweizer
El 59% de los alumnos argentinos de tercer grado posee teléfono propio, otro 23% utiliza el de un familiar y solo el 18% no tiene acceso. Las restricciones escolares reducen distracciones, pero la evidencia internacional no demuestra por sí sola mejoras sostenidas en los aprendizajes.
A los ocho años, un niño todavía está consolidando la lectura, aprendiendo a regular sus emociones, desarrollando habilidades sociales y construyendo una relación elemental con el tiempo, el aburrimiento y la frustración. Sin embargo, seis de cada diez estudiantes argentinos de esa edad ya tienen un teléfono celular propio. La cifra surge del informe “Celulares: ¿prohibir o no prohibir?”, elaborado por Andrea Goldin, investigadora del Conicet y la Universidad Torcuato Di Tella, junto con Martín Nistal y Tomás Besada, de Argentinos por la Educación, a partir de los datos del operativo Aprender 2024. El relevamiento muestra que el 59% de los alumnos de tercer grado posee un dispositivo personal, mientras que otro 23% accede al aparato de su madre, padre o algún familiar. En consecuencia, apenas el 18% de los chicos de aproximadamente ocho años permanece fuera del alcance cotidiano de un celular.
El dato no debería reducirse a una discusión doméstica sobre si los niños pasan demasiado tiempo frente a una pantalla. Lo que revela es una transformación de la infancia. El teléfono dejó de ser una herramienta excepcional utilizada bajo supervisión adulta y comenzó a funcionar como puerta de entrada permanente a redes sociales, videojuegos, plataformas audiovisuales, mensajería, publicidad y sistemas de recomendación diseñados para retener la atención. El problema no reside únicamente en cuántas horas se utiliza, sino en la edad a la que el dispositivo empieza a ocupar un lugar central en la organización de la experiencia cotidiana.
Las diferencias territoriales muestran que el fenómeno es masivo, aunque no homogéneo. En Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego, más del 65% de los alumnos de tercer grado tiene celular propio, mientras que en Misiones y Formosa la proporción ronda el 40%. La tenencia también aumenta con el nivel socioeconómico: llega al 63% entre los estudiantes del quintil de mayores ingresos y desciende al 52% en el sector más desfavorecido. Esto no significa que los chicos de menores recursos permanezcan necesariamente desconectados, porque muchos utilizan dispositivos compartidos. La desigualdad no se expresa solamente entre quienes acceden y quienes no, sino también en la calidad de los aparatos, la estabilidad de la conexión, la supervisión familiar, los conocimientos digitales y las posibilidades de convertir la tecnología en una herramienta educativa en lugar de limitarla al consumo.
Frente a esta expansión, el debate público se concentró en una solución aparentemente sencilla: prohibir los celulares dentro de las escuelas. En Argentina no existe todavía una norma nacional unificada y al menos once jurisdicciones avanzaron con leyes, resoluciones o protocolos propios. Algunas aplicaron limitaciones amplias en los niveles inicial y primario; otras permiten los dispositivos exclusivamente cuando existe una finalidad pedagógica y bajo supervisión docente. El mapa regulatorio reproduce el carácter federal del sistema educativo, pero también deja a millones de alumnos sometidos a criterios diferentes según la provincia y la institución a la que asisten.
La tendencia no es exclusivamente argentina. En marzo de 2026, la UNESCO informó que 114 sistemas educativos, equivalentes al 58% de los países relevados, ya habían establecido prohibiciones nacionales sobre los teléfonos en las escuelas. El crecimiento fue acelerado: en junio de 2023 solo el 24% contaba con este tipo de regulación y a comienzos de 2025 la proporción había subido al 40%. La preocupación internacional se apoya en tres problemas principales: la pérdida de atención durante las clases, el ciberacoso y los efectos del entorno digital sobre el bienestar infantil.
Sin embargo, la extensión global de las prohibiciones no significa que exista consenso científico sobre todos sus resultados. Los estudios muestran con mayor claridad que retirar el teléfono reduce su utilización dentro del aula y limita una fuente inmediata de distracción. La evidencia es bastante menos concluyente cuando se intenta medir una mejora automática en lectura, matemática o rendimiento general. Algunos trabajos identificaron avances, especialmente entre estudiantes con mayores dificultades; otros no encontraron cambios relevantes una vez controladas las diferencias sociales, institucionales y pedagógicas. El propio informe argentino advierte que eliminar el dispositivo no garantiza que la atención se dirija hacia el aprendizaje: un alumno puede dejar de mirar la pantalla y continuar desconectado de la clase por otras razones.
Ese punto resulta central porque evita convertir la prohibición en una política tranquilizadora pero insuficiente. Guardar los celulares puede mejorar las condiciones mínimas para enseñar, pero no reemplaza una propuesta pedagógica capaz de producir curiosidad, comprensión y participación. Tampoco resuelve cursos numerosos, dificultades de alfabetización, falta de acompañamiento, agotamiento docente o problemas de convivencia. La pantalla puede intensificar esas debilidades, pero no las creó. Culpar al aparato de toda la crisis educativa corre el riesgo de ocultar los déficits estructurales que existían antes de que los teléfonos inteligentes ingresaran al aula.
La UNESCO mantiene una posición más matizada que una defensa general de la prohibición. El organismo sostiene que la tecnología debe utilizarse en las escuelas únicamente cuando exista una justificación pedagógica clara y cuando contribuya al aprendizaje en lugar de interrumpirlo. También advierte que distribuir dispositivos no mejora por sí mismo los resultados si no intervienen docentes formados y propuestas educativas consistentes. La cuestión, por tanto, no es elegir entre una escuela completamente analógica y otra gobernada por pantallas, sino determinar quién controla la tecnología, con qué finalidad y bajo qué límites.
El acceso temprano obliga además a mirar más allá de la jornada escolar. Un niño puede guardar el teléfono durante cuatro horas y recuperarlo al salir para permanecer conectado el resto del día. Si el dispositivo acompaña las comidas, los desplazamientos, el juego y el momento de dormir, la restricción institucional tendrá un alcance necesariamente limitado. La escuela puede establecer reglas dentro de sus paredes, pero no puede resolver por sí sola una transformación cultural sostenida por hogares, empresas tecnológicas, plataformas de contenidos y modelos de consumo que presentan la conexión permanente como necesidad básica.
La discusión tampoco debería basarse en una nostalgia ingenua por una infancia completamente desconectada. Los teléfonos permiten mantener contacto con las familias, acceder a materiales educativos, producir imágenes, investigar y desarrollar formas de creatividad. Para chicos que viven lejos de centros urbanos o tienen determinadas necesidades de apoyo, pueden representar una herramienta relevante de inclusión. El problema comienza cuando esas posibilidades se confunden con la entrega irrestricta de un dispositivo personal conectado a servicios comerciales que operan mediante publicidad, recolección de datos y mecanismos de recompensa continua.
Las plataformas digitales no fueron diseñadas pensando prioritariamente en el desarrollo infantil. Su negocio depende de aumentar la cantidad de usuarios, prolongar el tiempo de permanencia y convertir la actividad en información comercializable. Un niño frente a la pantalla no aparece ante esas compañías solo como sujeto de derechos, sino también como consumidor presente y futuro. Por eso la responsabilidad no puede colocarse exclusivamente sobre las familias, como si cada hogar tuviera la capacidad técnica y el tiempo necesario para enfrentarse individualmente con empresas que invierten millones en estudiar el comportamiento humano.
El Estado tiene la obligación de establecer criterios comunes de protección, exigir diseños adecuados para la edad, fortalecer la alfabetización digital y garantizar que las escuelas cuenten con herramientas para trabajar el problema sin improvisaciones. Las familias necesitan información clara sobre privacidad, tiempos de uso, redes sociales y mecanismos de control. Las empresas deben abandonar la idea de que una declaración de edad o un consentimiento difícil de comprender alcanza para proteger a la infancia. Y las instituciones educativas deben construir acuerdos que no conviertan al docente en policía de celulares, sino que definan reglas comprensibles, previsibles y acompañadas por toda la comunidad.
La pregunta, entonces, no es simplemente si se deben prohibir los teléfonos en la escuela. La verdadera discusión es por qué la sociedad naturalizó que un niño de ocho años necesite llevar en el bolsillo una infraestructura comercial capaz de disputar permanentemente su atención. La prohibición puede ser una medida necesaria en determinados contextos, pero nunca será suficiente mientras la conexión temprana continúe presentándose como inevitable y cada adulto delegue en otro la responsabilidad de poner límites.
Seis de cada diez chicos de tercer grado ya tienen un celular propio. La cifra no describe solamente un cambio tecnológico: muestra que la infancia argentina está siendo reorganizada alrededor de dispositivos cuya lógica económica, velocidad y capacidad de estimulación exceden las herramientas de autorregulación propias de esa edad. Apagar el teléfono durante la clase puede recuperar algunos minutos de atención. Proteger el derecho a aprender, jugar, aburrirse y construir vínculos sin mediación permanente de una pantalla exige una política mucho más ambiciosa.
