Melina Schweizer
Los jubilados volverán a movilizarse este miércoles 22 de julio frente al Congreso de la Nación, esta vez acompañados por un amplio frente sindical integrado por la Confederación General del Trabajo, las dos CTA, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y la Asociación Trabajadores del Estado. La protesta tendrá como eje la pérdida del poder adquisitivo de los haberes previsionales, el costo de los medicamentos y el deterioro de las condiciones de vida de los adultos mayores bajo el programa de ajuste del gobierno de Javier Milei.
La concentración principal comenzará a las 15 en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña, desde donde las organizaciones marcharán hacia el Congreso. La convocatoria fue presentada bajo la consigna “La seguridad social es un derecho” y busca amplificar el reclamo que los jubilados sostienen desde hace meses, cada miércoles, en medio de operativos policiales, restricciones para circular y episodios de represión.
La adhesión de ATE reforzó una convocatoria que ya reunía a las principales centrales sindicales y a los movimientos de la economía popular. El gremio conducido por Rodolfo Aguiar llamó a sus afiliados a participar de la movilización y planteó que la situación previsional dejó de ser un reclamo sectorial para convertirse en una emergencia social.
La marcha será además el primer paso de un nuevo esquema de protestas acordado por la CGT, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la UTEP. Las organizaciones prevén continuar el plan de lucha el 7 de agosto, durante la tradicional movilización de San Cayetano, y volver a las calles cuando se convoque al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Una jubilación que no alcanza para vivir
El centro de la protesta será la creciente distancia entre los ingresos previsionales y los gastos necesarios para sostener una vida digna. La jubilación mínima bruta fue fijada para julio en $411.989, tras una actualización mensual del 2,15%. Incluso con los refuerzos extraordinarios otorgados por el Gobierno, el ingreso permanece muy lejos del costo real que enfrentan los adultos mayores.
La Defensoría de la Tercera Edad calculó que la Canasta Básica de los Jubilados llegó a $1.824.682. La estimación contempla alimentos, vivienda, medicamentos, servicios, transporte y otros gastos indispensables. El monto supera ampliamente el haber mínimo y expone una brecha superior al millón de pesos entre lo que cobra una parte importante de los jubilados y lo que necesita para cubrir sus necesidades básicas.
La diferencia no es abstracta. Se traduce en jubilados que reducen la compra de alimentos, interrumpen tratamientos, acumulan deudas, dependen de familiares o deben elegir entre pagar los servicios y adquirir medicamentos. Las organizaciones convocantes sostienen que el ajuste fiscal fue descargado de manera desproporcionada sobre uno de los sectores con menor capacidad para generar ingresos adicionales.
Desde ATE, Aguiar afirmó que la mayoría de los jubilados no puede garantizar su subsistencia y acusó al Ejecutivo de aplicar una política que deteriora deliberadamente la seguridad social. “Hoy tienen que elegir entre comprar alimentos o medicamentos, porque ambas cosas no pueden hacer”, advirtió el dirigente.
El gremio también reclamará la restitución de la cobertura integral de medicamentos, una de las demandas centrales de las organizaciones de jubilados. El costo de los tratamientos tiene un peso particular dentro de la canasta de los adultos mayores, ya que no se trata de consumos postergables: para miles de personas, dejar de comprar una medicación implica agravar enfermedades crónicas o interrumpir tratamientos esenciales.
El respaldo sindical cambia la escala de la protesta
La presencia de la CGT, las CTA, la UTEP y ATE modifica la dimensión política de las marchas que los jubilados vienen realizando semanalmente. Hasta ahora, esas concentraciones habían sido sostenidas principalmente por agrupaciones previsionales, organizaciones sociales, partidos políticos y sectores gremiales que participaban de manera individual.
La movilización de este miércoles reunirá formalmente a las mayores centrales obreras del país detrás de un reclamo común. Esa unidad busca mostrar que el ajuste previsional no afecta solamente a quienes ya se jubilaron, sino también al conjunto de los trabajadores que aportan al sistema y dependen de él para su futuro.
La seguridad social no es una ayuda discrecional del Estado ni un gasto extraordinario que pueda reducirse sin consecuencias. Es un derecho financiado durante décadas por los aportes de trabajadores y empleadores. Las centrales sindicales cuestionan que el Gobierno presente los haberes jubilatorios únicamente como una variable fiscal y utilice el equilibrio de las cuentas públicas para justificar ingresos que permanecen por debajo de las necesidades elementales.
El respaldo gremial también expresa una respuesta frente a la falta de canales de negociación con la Casa Rosada. Las centrales aseguran que el Gobierno avanza mediante decretos, decisiones administrativas y reformas que reducen ingresos o derechos sin abrir instancias efectivas de diálogo con trabajadores, jubilados y organizaciones sociales.
Aguiar sostuvo que, una vez terminado el clima social generado por el Mundial, los sindicatos profundizarán su plan de acción. La frase apunta a marcar un cambio de etapa: después de semanas en las que la agenda deportiva desplazó parcialmente el conflicto social, las organizaciones buscarán devolver al centro de la discusión pública el impacto cotidiano del ajuste.
Del Congreso a San Cayetano
La marcha del 22 de julio no fue concebida como una medida aislada. Forma parte de un plan progresivo de movilizaciones que tendrá su siguiente capítulo el 7 de agosto, durante la jornada de San Cayetano, bajo la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.
La CGT, las dos CTA y la UTEP acordaron coordinar sus acciones después de una reunión realizada en la sede cegetista de la calle Azopardo. Allí resolvieron priorizar las movilizaciones callejeras y acompañar reclamos sociales concretos, aunque dentro del sindicalismo también comenzó a mencionarse la posibilidad de avanzar hacia un nuevo paro general si el Ejecutivo mantiene su política económica y continúa rechazando las demandas gremiales.
El esquema incluye además futuras protestas vinculadas con el salario mínimo y los ingresos de los trabajadores. Para las centrales, la caída de las jubilaciones no puede separarse del deterioro general de los salarios registrados, los ingresos informales y las prestaciones sociales. Una parte de los haberes previsionales está vinculada directamente con la evolución de la economía y del empleo, por lo que el estancamiento salarial y la precarización también comprometen la sostenibilidad futura del sistema.
La movilización de este miércoles será, en ese sentido, una demostración de unidad y una prueba para medir la capacidad de convocatoria del sindicalismo. Después de tensiones internas y respuestas fragmentadas frente al Gobierno, las principales organizaciones decidieron confluir detrás de una causa difícil de cuestionar públicamente: el derecho de los jubilados a alimentarse, acceder a medicamentos y vivir sin depender de la asistencia permanente de sus familias.
Una deuda que el ajuste no puede ocultar
El Gobierno defiende su política previsional como parte del ordenamiento fiscal y destaca las actualizaciones mensuales vinculadas con la inflación. Sin embargo, esa explicación omite que los aumentos se aplican sobre haberes previamente deteriorados y que la fórmula no recompone lo perdido antes de su entrada en vigencia.
Actualizar una jubilación insuficiente evita parcialmente que continúe perdiendo valor, pero no corrige la distancia acumulada respecto del costo de vida. Tampoco resuelve el efecto que tienen los medicamentos, los alquileres, los servicios y los alimentos sobre una población cuyos gastos no coinciden con el consumo promedio utilizado en otros indicadores.
Por eso, el reclamo no se limita a un nuevo porcentaje de aumento. Las organizaciones exigen una recomposición real, la continuidad de los medicamentos gratuitos y una política previsional que garantice ingresos compatibles con las necesidades básicas de los adultos mayores.
Este miércoles, los jubilados volverán al Congreso, pero ya no estarán solos. La adhesión de las principales centrales obreras transforma una protesta semanal en el comienzo de una ofensiva sindical más amplia contra el ajuste. La imagen que buscarán instalar frente al Parlamento será contundente: mientras el Gobierno exhibe el equilibrio fiscal como su principal logro, millones de personas que trabajaron y aportaron durante toda su vida no consiguen cubrir ni una cuarta parte de su canasta básica.
