Rodolfo Gudino
El conflicto lleva casi dos meses y continúa abierto pese al aumento dispuesto unilateralmente por el Ejecutivo santacruceño. Agentes activos y retirados mantienen el acampe en Río Gallegos, rechazan el salario inicial de $1,74 millones y reclaman que el Gobierno retome la negociación.
El conflicto salarial entre la Policía de Santa Cruz y el gobierno de Claudio Vidal ingresó en una etapa de mayor tensión. Efectivos activos, retirados y familiares mantienen un acampe frente a la Casa de Gobierno, en Río Gallegos, y algunos de los manifestantes se encadenaron a las rejas del edificio para exigir una recomposición salarial y la reapertura del diálogo.
La protesta comenzó hace casi dos meses y se sostuvo durante el invierno santacruceño, con temperaturas bajo cero, lluvias y nevadas. Los policías aseguran que la pérdida del poder adquisitivo llevó a numerosas familias a una situación límite y que muchos agentes deben realizar trabajos adicionales después de cumplir sus guardias para afrontar el alquiler, los alimentos y las deudas.
“No queremos imposiciones, queremos diálogo. Que el Gobierno vuelva a sentarse con nuestros representantes y escuche el reclamo de toda la familia policial”, expresaron los manifestantes, que cuestionan la decisión del Ejecutivo de cerrar la discusión mediante una resolución salarial posteriormente respaldada por un decreto.
La medida fue adoptada después del fracaso de las negociaciones en el Consejo del Salario, donde las partes celebraron al menos ocho reuniones sin alcanzar un acuerdo. El Gobierno sostiene que presentó quince alternativas y que la última propuesta representó el máximo esfuerzo que las cuentas provinciales podían afrontar. Los autoconvocados, en cambio, consideran que los montos continúan por debajo del costo de vida en una de las provincias más caras del país.
Un aumento decidido sin acuerdo
Ante el rechazo de los representantes policiales, el Ministerio de Seguridad provincial implementó la nueva escala mediante la Resolución 342/2026. El ministro Pedro Prodromos informó después que Vidal firmaría el decreto destinado a refrendar la medida, con la que el Ejecutivo dio por agotada la instancia principal de negociación.
Según la información oficial, el salario inicial de un agente pasó de $1.182.351 a $1.746.634 en julio y alcanzaría los $1.814.279 con la siguiente actualización. El Gobierno sostiene que esa cifra ubica a la Policía de Santa Cruz entre las fuerzas provinciales con mejores ingresos iniciales del país.
Los manifestantes rechazan esa comparación y reclaman que el sueldo básico de ingreso alcance los $2,2 millones. También cuestionan la composición de la oferta, los plazos de aplicación y la utilización de adicionales que, según advierten, no siempre impactan de la misma manera sobre la carrera, la antigüedad y los haberes del personal retirado.
El nuevo régimen eliminó además suplementos no remunerativos y no bonificables creados durante 2022 y 2023. Entre ellos se encontraban los adicionales por función policial operativa, función penitenciaria de alto riesgo, intervención en siniestros, investigaciones, apoyo técnico y alta dedicación operativa. Esos conceptos fueron reemplazados o absorbidos dentro del esquema diseñado por el Ejecutivo.
La decisión administrativa no logró cerrar el conflicto. Aunque algunas dependencias levantaron los autoacuartelamientos y retomaron los patrullajes, los efectivos autoconvocados continuaron con el acampe y las movilizaciones. En Cañadón Seco y Ramón Santos, por ejemplo, el personal volvió a cumplir sus tareas habituales después de los anuncios oficiales, pero la protesta siguió activa en Río Gallegos y otros puntos de la provincia.
Encadenados bajo cero
La protesta frente a la sede gubernamental se endureció el 11 de julio, después de una nueva reunión salarial sin acuerdo. Efectivos retirados fueron los primeros en encadenarse a la reja de la Casa de Gobierno y luego se sumaron policías en actividad vestidos de civil. También instalaron carpas, trasladaron leña para calefaccionarse y bloquearon parcialmente los accesos al edificio.
Los agentes explicaron que la medida buscaba hacer visible una situación económica que, según afirman, ya no puede resolverse con préstamos ni trabajos informales. “Un policía no puede llevar la comida a su casa, pide préstamos para subsistir y se hace una bola de nieve”, sostuvo uno de los participantes del acampe.
Otros efectivos relataron que deben conducir vehículos mediante aplicaciones, hacer changas o sumar jornadas laborales después de cumplir turnos extensos. La protesta no se limita, por lo tanto, a una discusión porcentual, sino que incluye el deterioro de las condiciones de vida, el endeudamiento y el impacto de los adicionales sobre los salarios futuros y las jubilaciones.
Uno de los policías encadenados aseguró que la manifestación no estaba dirigida contra una persona o partido político en particular. “Solamente queremos sueldos dignos”, declaró al medio local TiempoSur.
Intimaciones y amenazas de denuncias
La negociación estuvo acompañada por una creciente confrontación política. El Gobierno provincial intimó a los agentes que sostenían medidas de fuerza y advirtió que podría aplicar sanciones o impulsar denuncias penales contra quienes promovieran la insubordinación dentro de la fuerza.
Prodromos afirmó que el Ejecutivo no permitiría que se quebrantara la ley y sostuvo que, una vez otorgado el aumento, los policías debían retomar plenamente sus funciones. “No vamos a prometer lo que no podemos pagar”, expresó el ministro, quien atribuyó el fracaso de la negociación a la negativa sistemática de los representantes policiales.
Los autoconvocados rechazan esa descripción. Afirman que no se negaron al diálogo, sino que las propuestas fueron consideradas insuficientes y que el Gobierno terminó imponiendo su esquema sin una firma de conformidad. También denuncian que ninguna autoridad se acercó al acampe para conocer directamente la situación de quienes permanecían frente a la sede gubernamental.
“No vino nadie a preguntarnos cómo estamos o si necesitamos algo. Somos parte de la Policía de Santa Cruz y sentimos que nos están faltando el respeto como trabajadores y como personas”, señalaron.
Vidal había reconocido públicamente en junio que el reclamo salarial era “justo” y que la situación económica de muchas familias era acuciante. Sin embargo, defendió los límites financieros de la provincia y sostuvo que necesitaba herramientas para sostener simultáneamente salarios, servicios e inversiones.
Una crisis que supera a la Policía
El conflicto se desarrolla en un escenario de malestar más amplio dentro del empleo público santacruceño. Trabajadores de Vialidad Provincial rechazaron la oferta del Ejecutivo y pasaron a un cuarto intermedio, mientras los judiciales y la Asociación del Personal Legislativo mantienen reclamos por salarios y condiciones laborales.
En la paritaria central, el Gobierno alcanzó un acuerdo con APAP y UPCN para aplicar un incremento acumulado del 17,8% en tres tramos y volver a discutir en octubre. Sin embargo, la aceptación por mayoría no desactivó las protestas en otros sectores del Estado.
La prolongación del conflicto policial expone una contradicción especialmente sensible para Vidal. El gobernador construyó parte de su discurso político alrededor del orden, la autoridad y la recuperación institucional de Santa Cruz, pero enfrenta ahora una protesta sostenida por la propia fuerza encargada de garantizar la seguridad.
El Ejecutivo intenta mostrar que la nueva escala salarial representa un esfuerzo histórico y que el conflicto debería considerarse cerrado. Los policías encadenados frente a la Casa de Gobierno transmiten la imagen contraria: la de una negociación inconclusa, resuelta administrativamente pero no políticamente.
El aumento ya fue puesto en vigencia, pero no obtuvo el consentimiento de los representantes de la fuerza. Mientras Vidal defiende las cifras y amenaza con sanciones, los agentes mantienen las carpas bajo el frío patagónico y repiten una exigencia que el decreto no pudo silenciar: volver a sentarse a negociar.
Melina Schweizer
